Política

Caso Colcabamba: Rospigliosi presentó denuncia ante la JNJ contra juez que dictó prisión preventiva a militares

Con la presentación de este recurso, Fernando Rospigliosi elevó a cuatro el número de magistrados denunciados ante la Junta Nacional de Justicia en su periodo como senador.

Caso Colcabamba: Rospigliosi presenta denuncia ante la JNJ contra juez que dictó prisión preventiva a militares
Caso Colcabamba: Rospigliosi presenta denuncia ante la JNJ contra juez que dictó prisión preventiva a militares

El senador fujimorista Fernando Rospigliosi presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez José Leonel Matos Centeno, magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja - Pampas (Corte Superior de Justicia de Junín), por ordenar prisión preventiva contra ocho militares investigados por homicidio calificado tras un operativo que dejó cinco fallecidos.

La intervención ocurrió el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. A pesar de que el magistrado Matos dispuso inicialmente un año de prisión preventiva contra los 8 militares, el último 7 de agosto la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín dejó sin efecto la medida.

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En el documento presentado por Rospigliosi a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, solicitó que se admita la denuncia contra el juez Matos, ya que, según argumenta en el oficio, los hechos "podrían revelar una vulneración grave de los deberes funcionales del magistrado, particularmente por la emisión de una decisión privativa de libertad posteriormente anulada por graves defectos de motivación, así como por la presunta incorporación de fundamentos que no habrían formado parte del debate oral".

En esa línea, el petitorio del parlamentario exige "admitir la presente denuncia, disponer las actuaciones preliminares que correspondan y, de existir mérito suficiente, iniciar procedimiento disciplinario contra José Leonel Matos Centeno". Asimismo, el legislador también requirió que, "se imponga la sanción que corresponda conforme a la Constitución, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la Ley de la Carrera Judicial, incluida la destitución si se configuran los supuestos legales para ello".

Cuestionamientos y antecedentes de denuncias a magistrados

Con esta acción contra el juez José Matos Centeno, Rospigliosi sumó cuatro magistrados denunciados ante la Junta Nacional de Justicia. El último martes 11 de agosto, el parlamentario anunció una denuncia contra los jueces de la Corte Suprema Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Para los jueces mencionados solicitó la destitución por no aplicar en sus fallos la Ley 32107 —que precisa los alcances del delito de lesa humanidad— y la Ley 32419 sobre amnistía a policías y militares. Además, en su cuenta de X, señaló que espera que "la JNJ cumpla con su deber y sancione ejemplarmente a estos magistrados defensores de terroristas y enemigos de la PNP y FFAA".

Para el caso del juez Matos, Rospigliosi también se pronunció a través de sus redes sociales y catalogó al magistrado de "politizado y prevaricador". Para el legislador, el hecho de que una corte superior haya dejado en libertad a los investigados evidencia que "el juez había cometido prevaricato", por lo que exigió que la JNJ actúe de inmediato bajo la premisa de que se trata de un caso flagrante que amerita "soluciones radicales".

Pronunciamiento de las Cortes Superiores de Justicia

Se recuerda que tras las denuncias y la persecución que sufren los jueces y fiscales, las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento el pasado 11 de agosto.

En el documento, las autoridades judiciales manifestaron que la independencia judicial es una garantía de rango constitucional, la cual prohíbe que cualquier autoridad o actor político interfiera en la función de juzgar.

Asimismo, reiteraron que ningún magistrado puede ser objeto de sanción o persecución "en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal", añadiendo que "toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley".

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