Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado
El informe de Latinobarómetro 2026 ubica al Perú como el país con mayor rechazo al Congreso en América Latina, donde además el 89% de la ciudadanía cuestiona la gestión del gasto público por parte del Estado y lo sitúa, junto a Venezuela, como el más ineficiente de la región con una calificación de 3,6 sobre 10.

Perú lidera el descontento ciudadano hacia el Poder Legislativo en toda la región. Actualmente, el 90% de los peruanos asegura que el Congreso de la República no los representa políticamente, según el Informe 2026 de Latinobarómetro. El reporte ubica al país a la cabeza del rechazo hacia la labor parlamentaria en América Latina.
Esa posición coloca al país por encima de Ecuador, con un 88%; Guatemala, con un 83%; Colombia, con un 82%; Panamá, con un 81%; Chile y Paraguay, ambos con un 80%; y Honduras, con un 79%.
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En el otro extremo, países como El Salvador, con un 49%, y Uruguay, con un 53%, presentan niveles de falta de representación significativamente más bajos.
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Ineficiencia del Estado y deterioro de los servicios públicos
Detrás de este rechazo se encuentra una percepción de ineficiencia y falta de transparencia en el uso del dinero público. En promedio, el 78% de los latinoamericanos desconfía de la buena gestión estatal de sus impuestos, una cifra que supera el 80% en ocho países y que alcanza sus valores más altos en el propio Perú, con un 89%, y en Panamá, con un 86%.
Esta insatisfacción se ve agravada por la baja valoración del desempeño estatal. Sobre este punto, el Perú y Venezuela se ubican como los países con la más baja percepción de eficiencia estatal en Latinoamérica, ambos con una calificación de apenas 3,6 sobre 10, de acuerdo con el estudio de Latinobarómetro.
Para el investigador y analista político de la PUCP, Iván Lanegra, este escenario refleja “un problema de fondo que afecta tanto a la democracia como a cualquier gobierno”.
Informe del Latinobarómetro sobre la eficiencia del Estado.
Asimismo, el 73% de la población considera que el Estado hace poco o nada por ella y sus familias, diez puntos más que en 2011.
Esta insatisfacción coincide con una caída constante en la valoración de los servicios básicos entre 2009 y 2026: la aprobación de la educación pública pasó del 54% al 40%, la de los hospitales públicos del 46% al 28%, la del sistema judicial del 33% al 22% y la de la policía del 35% al 30%.
Pragmatismo electoral y demanda de "mano dura"
El descontento con el gobierno actual hace que la gente cambie constantemente de líderes y elija a candidatos o figuras independientes u outsiders.
Asimismo, un 63% apoya aplicar medidas de "mano dura", una demanda motivada por el alto nivel atribuido al crimen organizado en la región, de un 79%, y por la percepción de inseguridad frente a la delincuencia.












































