Keiko Fujimori responde al PJ sobre denuncias contra jueces: "Cada senador es responsable de su opinión"
La presidenta de la República evitó respaldar la denuncia disciplinaria que el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, presentó contra tres jueces del caso Castro Castro, aunque tampoco lo desautorizó, mientras crecen las voces dentro del propio Poder Judicial que advierten sobre presiones políticas contra la magistratura.
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Keiko Fujimori respondió al pronunciamiento de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia que exigió respeto a la independencia judicial tras la denuncia de Fernando Rospigliosi contra tres jueces del caso Castro Castro. Consultada por la prensa, la mandataria dijo: "Cada senador es responsable de su opinión".
La respuesta de la presidenta llegó horas después de que las Cortes Superiores del país firmaran un comunicado conjunto. Ese documento pidió a los "actores políticos" no usar denuncias disciplinarias para cuestionar fallos judiciales.
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Fujimori no condenó la denuncia de su copartidario ni pidió que la retire. Tampoco defendió abiertamente su contenido. Con esa frase, la mandataria dejó la decisión en manos del propio Rospigliosi y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que ahora deberá evaluar si abre proceso disciplinario contra los tres magistrados denunciados.
La postura contrasta con los compromisos que la propia presidenta asumió en público apenas unos días antes. El 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Fujimori prometió "absoluto respeto" a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. La denuncia de Rospigliosi, presentada una semana después, puso a prueba esa promesa.
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Lo que dijo el Poder Judicial sobre la denuncia de Rospigliosi
El pronunciamiento de las Cortes Superiores, firmado el 11 de agosto, respondió de forma directa a la denuncia que Rospigliosi presentó ese mismo día ante la JNJ. El senador pidió la destitución de los jueces Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Los tres integran la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria y condenaron a cuatro policías a 15 años de prisión por la Masacre de Castro Castro, ocurrida en 1992.
Los magistrados inaplicaron dos normas que Rospigliosi impulsó en el Congreso anterior: la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y la Ley 32419, que otorga amnistía a policías y militares procesados por hechos vinculados a la lucha antisubversiva. El senador sostiene que esa decisión desconoce un fallo del Tribunal Constitucional y constituye una infracción grave.
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Las Cortes Superiores respondieron con un documento firmado por titulares de Piura, Lima Norte, Arequipa, Junín, Cusco, Callao, La Libertad, Lambayeque y Huánuco, entre otras. El texto cita el artículo 139° de la Constitución y exige que cualquier discrepancia con un fallo se resuelva mediante apelaciones, no mediante denuncias disciplinarias. También advierte contra el "amedrentamiento" y la "instrumentalización" de las instituciones públicas contra los jueces.
Este no es un caso aislado que involucra a Rospigliosi. En julio denunció a la fiscal Rosario Quico Palomino por un caso similar. En marzo, junto con Jorge Montoya, denunció al juez Jorge Chávez Tamariz. En agosto de 2025 denunció a Richard Concepción Carhuancho, quien terminó suspendido seis meses por la JNJ en junio de este año. El patrón se repite cada vez que un magistrado falla en contra de las leyes de amnistía que él mismo promovió.
Janet Tello ya había advertido sobre las presiones políticas
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se adelantó a este episodio con declaraciones contundentes el 4 de agosto. Durante la ceremonia por el Día del Juez, en la que también participó Keiko Fujimori, Tello advirtió que destituir a un magistrado solo porque una autoridad discrepa con su criterio eliminaría por completo la independencia judicial. Calificó ese escenario como arbitrario.
Tello fue más allá y señaló que los ataques contra jueces revisten mayor gravedad cuando provienen de actores políticos disconformes con un fallo, en especial cuando esos actores tienen algún interés directo en el resultado del proceso cuestionado. La frase, pronunciada semanas antes de la denuncia de Rospigliosi, describe con precisión el escenario que se repitió el 11 de agosto.
La magistrada también rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial persigue políticamente a militares y policías. Explicó que investigar hechos contrarios a la ley no equivale a perseguir a nadie, sino a buscar la verdad. Ese mismo día, Fujimori prometió respeto absoluto a la separación de poderes, una promesa que la denuncia de su propio senador puso a prueba días después.
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