Política

Jaime Delgado: "Lo de Harvey Colchado es una persecución política horrible”

En una semana movida para Ahora Nación, su grupo parlamentario, el senador Jaime Delgado evalúa el reciente acuerdo entre el gobierno de Keiko Fujimori y la firma Coca-Cola. Habla también de la acusación de la Fiscalía contra su colega Harvey Colchado y de lo que le preocupa del pedido de facultades legislativas que alista el Ejecutivo

Jaime Delgado pide mantener la autonomía de los entes reguladores como Osiptel y Osinergmin.
Jaime Delgado pide mantener la autonomía de los entes reguladores como Osiptel y Osinergmin. | Félix Contreras/La República.

Usted es uno de los impulsores de la ley de octógonos, que tiene la misión de advertir a la población del alto consumo de azúcares, de sal o de grasas en los alimentos. Y uno de los productos que más tiene azúcar y que contribuye a la diabetes son las bebidas gaseosas.

Así es.

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¿Qué sintió usted cuando vio a la presidenta Fujimori firmando este acuerdo con la compañía Coca-Cola, que precisamente fabrica este tipo de bebidas?

Preocupación, malestar, porque obviamente este tipo de simbolismos se tienen que cuidar y calcular muy bien. Me hubiera encantado verla con los productores de granos andinos, con los muchos fabricantes que están esforzándose por aprovechar nuestros recursos para la alimentación saludable. Obviamente, el estar en este tipo de inauguraciones, lanzamientos, convenios, con empresas que simbolizan el azúcar, y que a nivel internacional han causado un tremendo daño por la diabetes a la que han inducido a millones de personas, no es una buena señal. Y esto lamentablemente no solo se ha dado en Perú. Frecuentemente, estas y otras empresas siempre tratan de tener a los presidentes al lado, como dándoles un respaldo político. Y el presidente o la presidenta representa a la nación, representa al Estado y a las políticas públicas. Y tenemos una política pública clara en materia de la protección de la salud de la gente. Y una de las políticas obviamente es enfrentar los problemas del sobrepeso y obesidad, causados precisamente por la diabetes. Entonces, ese tipo de imágenes no ayudan mucho a trasladar a la sociedad el mensaje por la alimentación saludable.

Le hablaba al inicio de la ley de octógonos, de la que usted fue autor. Refrésqueme la memoria. ¿Cuál fue la actitud del fujimorismo frente a esta iniciativa?

Bueno, en realidad la ley, cuando se discutió, que fue el año 2012-2013, fue aprobada con relativa facilidad. En ese periodo, la composición del Congreso entendió claramente la necesidad de su aprobación. El problema no fue tanto por la aprobación de la ley, el problema fue después del 2016.

¿Qué pasó?

Después del 2016, cuando ya cambió el gobierno, ahí se vino una andanada de iniciativas para dejar sin efecto la ley de alimentación saludable. Yo particularmente ya no estaba en el Congreso, y me sentí muy frustrado al ver cómo hubo toda una campaña de un sector fuerte de la industria, oponiéndose a los octógonos.

¿Y la industria conversaba con algunos grupos políticos?

Seguramente. El presidente del Congreso en algún momento fue el señor (Pedro) Olaechea, que fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, imagínese. Fue muy difícil ese periodo. Yo recuerdo que incluso, en una oportunidad, invitado por la vicepresidenta de la Comisión de Defensa y Consumidor, el suscrito y un representante de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), fuimos al Congreso, para expresar nuestro punto de vista sobre por qué no debían modificarse los octógonos. Y fuimos expulsados de la reunión, virtualmente botados, a la mala y con mucha malcriadez, porque no querían escuchar la versión de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud.

Ese fue el Congreso de los 73 legisladores fujimoristas, de su aplanadora parlamentaria.

Sí. Y ahí están todas las evidencias. Tú googleas y allí aparece: Comisión de Defensa del Consumidor expulsa a Jaime Delgado y al representante de la OPS. Eso fue muy duro. Ahora, lo curioso es que en la ley de alimentación saludable que nosotros aprobamos no aparecían los octógonos, aparecía el concepto. El concepto era el etiquetado frontal. Es decir, cuando un producto contenía altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans, debía tener una advertencia que dijera: alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. La ley todavía no podía hablar sobre los octógonos, porque no teníamos idea de ellos. Esas figuras surgieron después, con el reglamento.

Ahora Nación, sumando diputados y senadores, es el grupo más pequeño del Congreso. ¿Siente que esa va a ser una desventaja para el trabajo que tienen por delante?

Bueno, uno trabaja con lo que tiene. Uno no puede cambiar esa realidad. Nos hubiera gustado ser gobierno. Pero bueno, es una bancada sólida, cohesionada. Y es una bancada además integrada por gente que se ha ganado su puesto cada uno. A diferencia de algunos grupos que por el arrastre han entrado con 1.000 o 1.500 votos. Además, estamos cohesionados en una idea básica, central, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa del ciudadano, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la división de poderes.

Siendo un grupo chico, esta semana se las han arreglado para ser bastante notorios. La diputada Indira Huilca ha llamado mucho la atención con su iniciativa para que las sesiones en este nuevo Congreso sean presenciales. ¿Tú estás de acuerdo?

Totalmente. Solo puede haber determinadas excepciones. Tal vez para alguien que esté enfermo, pero las sesiones deben ser presenciales. Yo vengo de un periodo donde el debate era intenso, pero enriquecedor. Y además tú ves las caras. Incluso si alguien pretende votar por una consigna, tú puedes demostrarle con argumentos que lo que se pretende hacer es una arbitrariedad. Pero en la virtualidad no pasa nada de eso.

Usted lo tiene claro, pero el presidente del Congreso, el señor Torres, ha dicho que no es tan necesario, que la virtualidad ayuda mucho, que lo que importa son las cosas concretas que consigue cada congresista.

Yo defiendo la presencialidad. Yo creo que, además, para el público es muy enriquecedora. Yo recuerdo de niño, en la secundaria, en mis primeros años de universidad, ver los debates en el Senado. Cada día era aleccionador. Yo quiero volver a eso.

La bancada de Ahora Nación también ha pedido esta semana al canciller Espá que acuda al Senado para explicar en qué consiste la adhesión del Perú al Escudo de las Américas que promueve el presidente Trump. ¿Qué es exactamente lo que les preocupa?

Lo que nos preocupa es qué es lo que se pretende, cuál es el alcance. Si quieren, si este Escudo de las Américas es un club de amigos, no hay problema. Son amigos que son presidentes, afines, está bien. Pero cuando comprometen al Estado, el Congreso no va a estar de adorno, no es un florero. Es el Congreso el que tiene que aprobar cualquier tratado, si se trata de eso. Porque, además, cuando hay acuerdos de esa naturaleza y estableces bloques regionales, como Mercosur o como el Grupo Andino o la Alianza del Pacífico, ahí tú puedes supervisar, tú puedes intervenir, tú puedes tener un nivel de participación con reglas claras. Y yo siento que este Escudo de las Américas nos genera un problema, un ruido.

¿Por qué?

Porque lo veo muy ideologizado y eso es un problema, ya como estrategia para el país. Porque primero se dice que es en defensa frente a otras potencias que pueden tener injerencia. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De China? ¿De Rusia? O sea, cuando tienes ese sesgo, tu política comercial se puede ver muy afectada.

En su trabajo individual, ¿cuáles son los temas que priorizará?

Yo he prometido ser el senador de los consumidores.

La experiencia que todos conocemos.

Sí, y cuando hablo de consumidores, es un tema ya muy amplio. A mí me preocupa, por ejemplo, en este momento, el pedido de delegación de facultades respecto de la fusión de organismos que se está planteando. Y hace rato ya viene sonando el tema de la necesidad, la conveniencia de fusionar Osiptel, Osinergmin, todos los organismos reguladores. Y eso va contra los principios y la propia opinión de la OCDE. ¿Por qué? Porque se sacrificaría especialidad y autonomía. Siempre ha existido el riesgo y la pretensión del Ejecutivo de intervenir, de tener injerencia sobre los organismos reguladores. Y la riqueza de los organismos reguladores es su autonomía. Una autonomía que te permite regular en función a evidencia, en función clara de los estudios. Y el fusionarlos en uno solo, para tener una dependencia directa de PCM, además con un manejo presupuestal que no está garantizado, porque los organismos reguladores viven del aporte a la regulación, es preocupante. Y, ojo, el aporte a la regulación lo pagan las empresas, pero no de su bolsillo, no de sus utilidades. Lo pagan con el aporte nuestro. Esa es la garantía de la autonomía.

En el discurso, lo que se va a decir es que se quiere reducir burocracia para que el Estado gaste menos.

Pero lo cierto es que el Estado no gasta un centavo, cero. Los organismos reguladores no gastan nada. Eso lo financiamos los usuarios con nuestros recibos

Un tema que también tiene que ver con su bancada es esta denuncia que se ha presentado contra el diputado Harvey Colchado.

Esa es una persecución política horrible. Lo que pasa es que Colchado tiene una historia de lucha contra la corrupción de altos funcionarios, y obviamente hay gente que se la quiere cobrar. Nosotros nos hemos pronunciado en el sentido de que no se puede iniciar un gobierno e iniciar también una persecución política de esta naturaleza. Pero, bueno, el proceso continuará y su propio abogado (César) Nakasaki ha manifestado que el tema no tiene ni pies ni cabeza.

¿Y usted siente que esto es parte de una campaña más grande? Porque, coincidentemente se está cuestionando a los fiscales Vela, Pérez, incluso a Gustavo Gorriti.

Sí, es algo mucho más grande y esto viene arrastrándose de mucho tiempo atrás. Por eso, desde el Senado, a nosotros nos interesa restablecer una independencia de los poderes, una despolitización, una independencia política de las instituciones tipo Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo.

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