Frente a ola de crímenes y asesinatos, 59% considera que próximo gobierno debe priorizar la inseguridad

La inseguridad se consolida como la principal preocupación de los peruanos de cara al inicio del nuevo gobierno. Según la más reciente encuesta del IEP, el 59% de los encuestados a nivel nacional considera que este debe ser el tema que priorice la gestión de Keiko Fujimori, que asume el poder el 28 de julio. La cifra no es un dato aislado: llega después de un primer semestre marcado por más de 950 homicidios a nivel nacional y por un fuerte cuestionamiento a las estadísticas oficiales de reducción del delito.

El estudio, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, le preguntó a los entrevistados cuáles son los principales temas que debe atender el próximo Ejecutivo, en una pregunta de respuesta múltiple. La inseguridad se impuso con amplia ventaja sobre el resto de problemas. En segundo lugar quedó la educación, con 30%. Le siguieron la salud (28%), la corrupción (27%), la economía (27%) y el empleo (18%). Solo un 4% mencionó otros temas y apenas 1% no supo qué responder.

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El respaldo a esta demanda tiene un origen geográfico claro. En Lima Metropolitana, el 71% de los consultados coloca a la inseguridad como prioridad, el porcentaje más alto de todas las macrozonas del país. La cifra también es mayor entre personas de 30 a 49 años, en los niveles socioeconómicos A/B y C, y entre quienes se identifican con la derecha. En el norte, centro, sur y oriente del país, la preocupación baja a un rango de entre 47% y 55%, aunque se mantiene como el problema más mencionado en todas las regiones.

El malestar ciudadano tiene respaldo estadístico. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) citadas por La República, el Perú registró 959 homicidios hasta el 15 de junio de este año, y el 9 de junio fue el segundo día más violento del 2026, con 12 asesinatos en 24 horas. Ese es el telón de fondo sobre el que se sostiene el reclamo del 59% que exige priorizar la seguridad desde el primer día de gestión.

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La demanda ciudadana no es nueva, pero se agudiza

La presión social por resultados en materia de seguridad no nació con esta encuesta. Un estudio previo del IEP, elaborado para el Instituto Bartolomé de las Casas entre febrero y marzo de este año, ya mostraba que el 41% de los peruanos consideraba a la inseguridad como el principal problema que le afecta directamente y que espera ver resuelto por las autoridades. Esa cifra superaba con holgura a la economía (20%), la corrupción (11%) y la política (9%).

La comparación entre ambos sondeos revela un patrón: cuando se pregunta por el problema que "afecta" al ciudadano, la inseguridad ronda el 40%; cuando se pregunta qué debe "priorizar" el gobierno entrante, el porcentaje sube a 59%. La diferencia sugiere que buena parte de la población, más allá de sentirse insegura, exige que el nuevo gabinete actúe con urgencia desde el primer día de gestión.

El IEP realizó la encuesta mediante llamadas telefónicas a celulares, con una muestra distribuida en 24 departamentos, 149 provincias y 417 distritos. El estudio forma parte de una serie de mediciones mensuales que el instituto viene aplicando desde 2018, lo que permite comparar la evolución de la percepción ciudadana mes a mes durante los últimos años.

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Las cifras oficiales de homicidios bajo la lupa

Mientras la ciudadanía exige resultados, las estadísticas oficiales sobre homicidios generan controversia. El analista de datos Juan Carbajal cuestionó la cifra que la Policía Nacional maneja sobre una reducción de 25% en homicidios. Según su análisis de los registros de la PNP-DIVCOP, organizados por objeto empleado en el delito, el descenso se explicaría por un cambio en la forma de clasificar los casos y no por una mejora real en la seguridad.

De acuerdo con los datos que compartió Carbajal, la categoría "Otros" se mantuvo en un promedio cercano a los 20 casos mensuales tanto en el primer semestre de 2024 (125 casos en total) como en el mismo periodo de 2026 (120 casos). Sin embargo, entre abril y junio de 2025 esa categoría se disparó a 143, 152 y 121 casos por mes, respectivamente, y elevó el total del semestre a 1.680 homicidios, frente a los 1.233 registrados en 2024 y los 1.267 de 2026.

El propio analista precisa que los registros de 2026 aún están en proceso de actualización. Pero destaca un dato que, según él, refleja mejor la realidad: los homicidios cometidos con arma de fuego, la modalidad predominante en el sicariato, apenas bajaron 3%, de 1.030 casos en el primer semestre de 2025 a 997 en el mismo periodo de 2026. Para Carbajal, esa cifra —y no la reducción del 25% que difunde la PNP— es la que mejor retrata el nivel real de violencia que enfrenta el país.

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Juan Carbajal advierte que la lucha contra la inseguridad requiere datos confiables y medidas focalizadas

El analista de datos Juan Carbajal consideró que el resultado de la encuesta del IEP es consistente con la evolución de la criminalidad en los últimos años. En diálogo con La República, sostuvo que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía debido al incremento de la violencia y a la expansión de delitos como la extorsión. "La principal problemática que se ha venido incrementando a lo largo de estos últimos años, desde 2023, 2024, 2025 e incluso este año", afirmó.

Carbajal señaló que el cambio no solo se refleja en el número de delitos, sino también en la forma en que estos se cometen. Explicó que hoy existe una mayor prevalencia del uso de armas de fuego en los homicidios y que las extorsiones afectan a sectores que antes no eran blanco frecuente de estas organizaciones. "Transportistas, bodegueros o personas muy corrientes que tienen su negocio están siendo afectados con el tema de la extorsión, cosa que antes no se veía en la magnitud como lo es ahora", indicó.

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El especialista también cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, en especial las relacionadas con las denuncias por extorsión. Según dijo, desde hace varios meses observa discrepancias entre los registros de la Policía Nacional y los del Ministerio Público, lo que, a su juicio, impide conocer con precisión la dimensión del problema. "No es que se estén reduciendo las extorsiones; más bien será que se están reduciendo las denuncias en las comisarías por extorsión, pero eso no implica que la extorsión esté bien, porque hay mucha gente que no denuncia y sigue pagando cupos", sostuvo.

Para Carbajal, estas diferencias tienen consecuencias directas en las políticas públicas. Explicó que, si las autoridades diseñan estrategias de seguridad sobre la base de información incompleta o inconsistente, difícilmente obtendrán los resultados esperados. "Si se toman decisiones con datos que no están acordes a la realidad, las medidas no van a surgir efecto", advirtió.

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Frente al inicio del próximo gobierno, el analista planteó que una de las primeras tareas debería ser revisar la calidad de la información que produce el Estado sobre inseguridad. En ese sentido, propuso auditar los registros policiales y crear un sistema que concentre toda la información sobre criminalidad. "Tiene que haber un solo organismo que centralice toda la información con respecto al tema de inseguridad. Para nosotros como ciudadanos esta información también tiene que estar disponible", remarcó.

Finalmente, Carbajal sostuvo que la evaluación de la política de seguridad no debería limitarse a cifras nacionales agregadas, sino considerar el comportamiento del delito en las zonas con mayor incidencia. Asimismo, afirmó que los homicidios y las extorsiones deben convertirse en los principales indicadores para medir los avances del próximo gobierno. "Lo importante es ver resultados tangibles, resultados que podamos realmente evidenciarlos en el día a día", concluyó.