Caso Manchay: Ley del Congreso favorece a policías investigados por muerte de adolescente en comisaría

La Segunda Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso transferir la investigación preliminar sobre el presunto homicidio del menor E.J.C.B. (17) a la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (DIVINHOM).

En la resolución oficial, el despacho ordenó “disponer que la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIVINHOM) continúe con el desarrollo de la presente investigación preliminar”.

Esta medida anula las decisiones fiscales previas que ordenaban que los interrogatorios a los testigos y la reconstrucción de los hechos ocurrieran directamente en los despachos del Ministerio Público.

A partir de este cambio, la unidad especializada de la PNP cuenta con un plazo de 45 días calendario para tomar las declaraciones de los implicados, una lista que incluye a los suboficiales de la comisaría de Manchay Christian Chávez Venegas, Cristian Cáceres Gutiérrez y Diego Gálvez Quispe.

La disposición de la Fiscalía responde a la aplicación de la Ley N.° 32130, una norma que aprobó el Congreso y que modificó el Código Procesal Penal.

Este cambio devuelve a la institución policial la facultad de conducir la investigación sobre el caso, lo que reduce el rol fiscal a un simple acompañamiento jurídico y les resta autonomía a los fiscales para dirigir las investigaciones desde sus propias sedes.

Una reforma que colisiona con los tratados internacionales

En diálogo con La República, Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, señaló que el traslado de la investigación preliminar a manos de la Policía Nacional, por mandato de la Ley N.° 32130, debilita la búsqueda de la verdad.

Rivera advierte que la Policía Nacional ya había emitido pronunciamientos públicos institucionales sin evidencias, donde aseguraban que la causa de muerte fue un suicidio. Por ello, considera improbable que la División de Homicidios logre un accionar independiente cuando sus propios jefes y el comandante general ya fijaron una postura que no concuerda con lo que indica el certificado médico, el cual señala que la víctima registraba múltiples moretones y ‘lesiones traumáticas’.

“Es una situación improbable que la policía, la División de Homicidios me refiero, tenga un accionar independiente cuando el comandante general de la policía ha dado una versión de los hechos, y cuando la propia policía a nivel institucional ha emitido un pronunciamiento público que dice que el muchacho se suicidó", advierte Rivera.

El especialista detalla que la reforma del Parlamento choca de forma directa con el Protocolo de Minnesota, un tratado internacional de las Naciones Unidas que establece los estándares mínimos para investigar muertes bajo custodia del Estado.

"El Protocolo de Minnesota señala que bajo ninguna circunstancia un crimen cometido por policías debe terminar siendo investigado por sus compañeros de armas. Aquí, por lo tanto, estamos ante un caso en el que la fiscal, sabiendo perfectamente que la investigación ya está siendo malograda por la policía, no solamente toma esa decisión, sino que lo hace en contra de normas de derecho internacional", sostiene el abogado.

Rivera alerta, además, que esto no es un hecho aislado, sino que se está convirtiendo en el estándar de impunidad. El año pasado ocurrió un escenario idéntico con el homicidio del rapero ‘Truko’ y de su amigo Daniel Ríos, quien resultó herido de bala. En aquella ocasión, la Fiscalía también derivó las pesquisas a la interna policial. Hasta la fecha, los agentes no registran avances.

El abogado atribuye esta postura fiscal al temor y al acoso político actual, ya que los magistrados evitan realizar un control de convencionalidad por miedo a recibir denuncias ante la Junta Nacional de Justicia.

"La entrega de investigaciones de crímenes graves o homicidios o intentos de homicidios a la policía a pesar de que son casos de violaciones a derechos humanos, y el resultado es que la policía no va a hacer absolutamente nada. Ese va a ser el estándar", concluye Rivera.

"Se ha legislado para legalizar la impunidad"

Por su parte, la secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, rechazó la decisión fiscal y advirtió sobre el conflicto de intereses que envuelve al caso.

Pariona calificó de inaceptable que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos delegue las funciones a la misma entidad cuyos agentes están bajo sospecha, vulnerando el deber de protección hacia un menor de edad. Asimismo, alertó sobre una presunta intención de forzar el marco legal vigente para asegurar que las denuncias contra personal castrense pasen a ser archivadas.

"Aquí se ha legislado para legalizar la impunidad, no solamente de hechos del pasado, sino también de hechos muy recientes, como la del caso de Manchay. Delegar estas diligencias a la propia institución cuyos miembros policiales están involucrados puede afectar sobremanera esta imparcialidad y debilita la confianza de las víctimas", denunció Pariona.

La representante de la CNDDHH coincidió en que la entrega de la investigación preliminar a la institución policial interfiere con las directrices del Protocolo de Minnesota, el cual exige independencia absoluta cuando ocurren decesos bajo custodia del Estado.

Además, sostuvo que los indicios médicos aportados por el legista y los testimonios de los padres apuntan a una posible violación de derechos humanos, por lo que la neutralidad queda anulada desde el inicio si la PNP actúa como juez y parte.

"No debería ser la misma entidad la que se autoinvestigue. La Fiscalía de Derechos Humanos termina derivando el caso a la dependencia policial cuando es la que debería asumir, la que tiene la especialidad y todo el marco normativo nacional e internacional. Aquí ya no hay una posición imparcial ni neutral. Aquí hay una posición para favorecer a quienes han incurrido presuntamente en un delito".

Pariona también sostuvo que el retroceso fiscal responde a la crisis de persecución a jueces y fiscales. Explicó que el hostigamiento político y el riesgo de censura generan temor entre los magistrados, quienes prefieren evitar la aplicación del control de convencionalidad por miedo a comprometer sus carreras judiciales. Por ende, este tipo de medidas dejan desprotegidas a las familias, quienes también se vuelven víctimas de la cuestionable justicia peruana.

"Lo que están enfrentando los familiares es una múltiple victimización, porque primero le asesinan a su hijo, pero también están siendo víctimas de todo este marco legal para la impunidad y de un abuso de poder. Quienes tienen el poder hoy son ellos mismos que van a autoinvestigar", concluyó la activista.

El retorno a la exclusividad fiscal

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que está en desacuerdo con la norma del Congreso que deriva la investigación preliminar a la PNP, ya que reduce las garantías de neutralidad en las pesquisas.

"Yo soy partidario de que las investigaciones las lleve a cabo la fiscalía y no la policía. Con esta nueva ley ese control se ha mediatizado. Digamos que con toda legitimidad uno puede dudar de la imparcialidad", indicó Pedraza para La República.

El exministro detalló que el escenario ideal exige que el Ministerio Público mantenga el control legal y la fiscalización directa de las pesquisas, una garantía de neutralidad que hoy se encuentra debilitada por la reforma. Por ello, sostiene que en el futuro se debe corregir el rumbo normativo y devolverle al despacho fiscal la facultad del control de la investigación.

"Yo espero que más adelante no se introduzcan más excepciones, sino más bien se vuelva al esquema anterior de que las investigaciones las debía de llevar a cabo la fiscalía, y en todo caso, dependiendo de la complejidad, una investigación podía hacerse en ámbito de fiscalía o en ámbito de la policía, pero a decisión de la fiscalía. Creo que eso es lo más sano, lo más razonable", recalca el exministro.

El exministro también advirtió que la reforma obligó a trasladar miles de carpetas de investigación preliminar desde el Ministerio Público hacia las dependencias policiales. Sin embargo, este traspaso ocurrió sin aumentar el número de efectivos, sin dotar de presupuesto para computadoras, escritorios o logística adicional, lo que genera un retraso en los plazos de todos los casos a nivel nacional.

"Lo que ha pasado en los últimos meses es un atoro total, la Policía no puede manejar ni avanzar adecuadamente esas investigaciones por un tema de volumen. La Policía la tuvo que recibir sin que haya sido favorecida con incremento de personal o de equipos, y eso causa un retraso en las investigaciones preliminares", advierte el exministro.

Caso Manchay

El caso de Manchay inició a mediados de junio, cuando personal de serenazgo retuvo a un adolescente de 17 años y lo entregó a la policía. Los efectivos de la comisaría de Manchay lo retuvieron en los calabozos de la dependencia, en el distrito de Pachacámac. Horas después, el menor fue hallado muerto dentro de la celda.

La versión policial indicó de inmediato que se trató de un suicidio y detalló que el muchacho se colgó en los servicios higiénicos con un hilo extraído de su propia capucha. Sin embargo, la necropsia de Medicina Legal contradice esta postura oficial. El examen médico determinó que el cuerpo de la víctima presentaba diversos moretones (equimosis) en distintas partes antes de su fallecimiento, lo que desató las sospechas de la familia sobre presuntos maltratos físicos y extorsión dentro de la carceleta.

Las actas fiscales a las que La República tuvo acceso revelaron la cronología previa al deceso. Durante el domingo 14 de junio, la fiscal Micaela Guzmán Machado coordinó de forma virtual las diligencias por presunto hurto agravado y violación de domicilio.

A las 19:50 horas, el suboficial Diego Gálvez Quispe informó que el suboficial Camarena se haría cargo de la declaración del menor. Los padres de la víctima acudieron a la comisaría y recibieron un tiempo prudencial por parte del personal para dialogar con su hijo en la llamada "sala de meditación".

El desenlace fatal ocurrió a las 22:14 horas, cuando el padre del menor alertó al encargado del calabozo que no veía a su hijo desde las rejas. El policía ingresó al baño y encontró al adolescente colgado. Aunque el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el teniente Agustín Vilcamich trasladaron al joven a la posta médica Portada 1 de Manchay con supuestos signos de vida, la doctora de turno diagnosticó que el menor llegó sin signos vitales.

Actualmente, debido a la ley del Parlamento, la misma institución policial que lo custodió tiene el control para esclarecer si fue un homicidio o un suicidio.