Ruth Luque sobre nueva ley que prescribe crímenes de lesa humanidad: “Es parte de la impunidad que promueve el fujimorismo”

La congresista Ruth Luque rechazó la aprobación del dictamen que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal en la Comisión de Constitución. Consideró que se trata de parte de la agenda de impunidad que promueve el fujimorismo.

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En su opinión, la propuesta toma como pretexto el conveniente pedido del Tribunal Constitucional del Pacto para desarrollar la figura de lesa humanidad, pero restringe los supuestos de su aplicación, a diferencia del Estatuto de Roma.

"En realidad, su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte", escribió en sus redes sociales.

Durante el debate en la sesión, Luque también mostró su negativa a la propuesta y aseguró que las sentencias de organizaciones terroristas sí consideran sus actos como graves violaciones a los derechos humanos.

Ruth Luque sostiene que dictamen debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Asimismo, alertó que el dictamen se ha revisado con una inusual celeridad y que debió ser revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Entiendo que hay una agenda pro impunidad por parte del autor de esta iniciativa, pues no es la primera. (…) Para mí esto configura impunidad. Es una iniciativa que se ha presentado el 30 de marzo de 2026, ha sido derivada únicamente a esta Comisión y, al tratarse de una reforma del Código Legal, debió ser derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos."

Esto se debe a que la mayoría de parlamentarios argumentó que el delito de lesa humanidad no está contemplado en el Código Penal y que únicamente se ha aplicado a militares y policías, mas no a terroristas. Además, se acogieron a una supuesta persecución política.

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Debate en el Congreso

La congresista Adriana Tudela alegó que cuando un delito no prescribe durante varios años se trata de persecución.

"Este delito siempre se ha aplicado con una motivación política detrás. Es importante que identifiquemos quién es el sujeto activo del delito. En Perú se acusa únicamente a autores estatales de delitos de lesa humanidad. A miembros de organizaciones terroristas nunca se les aplica la figura", dijo.

Consideró que, si ello no se modifica, sería un instrumento para "mantener juicios abiertos hasta el infinito sin ningún tipo de seguridad jurídica para las personas".

Estos argumentos fueron similares a los de los parlamentarios Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Gladys Echaíz.

"En primer lugar, este proyecto de ley responde a una explicita recomendación del TC cuando declararon constitucional la Ley 30107 y dijeron que solo podía aplicarse a partir del año 2002. Ellos señalaron que se venía aplicando de manera irregular. Todos los delitos de lesa humanidad son para militares y policías", refirió Rospigliosi, asegurando que esa figura nunca se aplicó a quienes "dañaron al país" y que se trata de un "delito que no existe en el Código Penal".

Dictamen fue aprobado por mayoría

Con 16 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular), aprobó modificar el Código Penal para incorporar una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad.

Según el texto aprobado, incurre en delito de lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y siendo consciente de ello, cometa actos como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura.

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Asimismo, la propuesta establece penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua, siempre que se cumplan condiciones como la existencia de un ataque de carácter generalizado o sistemático, que las víctimas sean civiles y que el autor actúe con conocimiento de ese contexto.

El dictamen añade que, si un hecho no reúne estos elementos, deberá ser procesado como un delito común, con las sanciones correspondientes previstas en el Código Penal.