Piero Corvetto reaparece en audiencia judicial por caso Gálaga: "Tendré la oportunidad de probar mi inocencia"
En declaraciones ante las autoridades judiciales, el exjefe de la ONPE aseguró que el pasaporte hallado en su hogar estaba vencido, desestimando alegaciones de intento de fuga.
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Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y actualmente investigado en el caso Galaga —en el que se denuncian presuntos direccionamientos arbitrarios en procesos de contratación vinculados a la jornada electoral del pasado 12 de abril—, reapareció en una audiencia judicial, luego de que la Fiscalía solicitara 18 meses de impedimento de salida del país en su contra.
'Siempre he tenido un elevado compromiso con el servicio público y con los valores de honestidad y transparencia que caracterizan a la ONPE. (...) Estoy convencido de que, una vez concluido este periodo de 18 meses de impedimento de salida del país, tendré la oportunidad de probar mi inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal de mi parte', señaló.
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Corvetto también se refirió al pasaporte hallado en su vivienda tras el allanamiento realizado como parte de las investigaciones en su contra. El exjefe de la ONPE sostuvo que este documento no constituye un indicio de intención de fuga, ya que estaba vencido desde hacía tiempo.
'Debo contarles que en los primeros meses de este año acudí a Migraciones para renovar mi pasaporte. (...) El pasaporte que estaba en mi casa, este tercer pasaporte, tenía una vigencia de cinco años y ya no se encontraba vigente', indicó.
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Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Piero Corvetto
El Poder Judicial dispuso que Piero Corvetto no pueda salir del país durante 18 meses. Esta medida se enmarca en las indagaciones por el escándalo relacionado con la tardanza en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril.
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La resolución fue emitida por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, quien acogió los planteamientos del Ministerio Público. Los fiscales especializados en delitos de corrupción —Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moisés Quispe— advirtieron sobre un eventual riesgo de fuga por parte de Corvetto, lo que podría entorpecer el desarrollo de las investigaciones. En la audiencia, además, expusieron indicios de un presunto favorecimiento en la adjudicación del servicio de transporte del material electoral a la empresa Galaga SAC.
Durante su intervención, el fiscal Abia cuestionó decisiones adoptadas en la gestión de Corvetto, como la designación de José Samamé Blas en la Gerencia de Gestión Electoral, y señaló su falta de experiencia en logística de gran escala. Asimismo, indicó que, pese a existir lineamientos previos para las contrataciones, se introdujeron cambios que permitieron la participación directa de áreas solicitantes en la evaluación y adjudicación, lo que —según sostuvo— evidenciaría un posible direccionamiento. También subrayó que la permanencia de Corvetto en el país resulta clave para avanzar en las diligencias.
