Caso Betssy Chávez: Gobierno reitera que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México
Canciller confirma conversaciones informales con varios países en su visita a Washington; reuniones forman parte de la propuesta planteada por el ejecutivo para modificar la convención sobre asilo político. No obstante, se descarta de plano el ingreso a la residencia del embajador de México.
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El 3 de noviembre pasado la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, ha provocado un fuerte debate político y diplomático. Ahora, un recurso de habeas corpus presentado por el ciudadano Rubén Serpa Valdez complica la situación para el Poder Ejecutivo y varias carteras del Estado.
Este recurso obliga a la Cancillería, el Ministerio del Interior y la procuraduría de la PCM a presentar sus argumentos ante el Poder Judicial en un plazo de tres días. La acción surge después de que el presidente José Jerí dejara entrever que podría considerarse una intervención en la sede diplomática para asegurar la ejecución de una orden judicial.
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Ante estas dudas, La República consultó al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sobre si el Gobierno había cambiado su postura o si mantenía la idea de impulsar la modificación de la Convención de Caracas.
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“Tuve conversaciones informales en Washington con distintos representantes de varios países ante la Organización de Estados Americanos, porque nuestra misión ante la OEA está trabajando una propuesta específica, para que los consejos permanentes de la OEA aprueben la consulta sobre la aplicación de la Convención de Caracas…espero que en un lapso no prolongado podamos presentar al consejo permanente y tener la aprobación para ir al comité jurídico”, sostuvo el canciller.
Gobierno descarta ingreso a embajada
Han transcurrido más de tres meses desde que el Estado planteó una reforma al asilo diplomático contenida en la Convención de Caracas y que debería presentarse ante la OEA.
Mientras se desarrollan esas reuniones “informales”, el habeas corpus plantea, además de la entrega del salvoconducto, que se prohíba cualquier intento de intervenir la residencia mexicana y se permita incluso formular denuncias penales contra funcionarios —incluidos ministros— que desobedezcan una eventual orden judicial protegiendo la sede diplomática.
Frente a estas demandas, De Zela Martínez reafirma la posición del gobierno del presidente José Jerí de no actuar por la fuerza en la Embajada de México. "El Gobierno del Perú no va a ingresar por la fuerza a la Embajada de México en nuestro país, ni siquiera se está considerando", afirmó el canciller.
Por ahora, el proceso continúa en manos de la Segunda Sala Constitucional del Décimo Juzgado de Lima, que admitió el habeas corpus. Si la resolución favorece a Chávez, podría permitirle salir legalmente del país; de lo contrario, su estadía en la sede mexicana se extendería.
