Franja Electoral 2026: Fiscalía iniciará investigación por presunto mal usopor parte de los partidos políticos
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que abrirá una pesquisa preliminar por el presunto uso irregular de recursos de la franja electoral asignados a los partidos políticos. La indagación estará a cargo del subsistema anticorrupción.
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La Fiscalía de la Nación iniciará una investigación preliminar por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral, mecanismo estatal que financia espacios de difusión para los partidos políticos en campaña hacia las elecciones 2026. La medida se adopta tras denuncias sobre el destino de estos recursos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que la carpeta será remitida al sistema especializado en delitos de corrupción. El objetivo es determinar si el dinero público cumplió su finalidad legal o si existió un uso distinto al autorizado por la norma electoral.
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La franja electoral permite que las organizaciones políticas accedan a publicidad en radio y televisión sin contratar directamente los espacios. El financiamiento proviene del presupuesto público y la ONPE administra la distribución. Por ello, cualquier irregularidad no solo compromete a las agrupaciones, también afecta la transparencia del proceso rumbo a las elecciones generales 2026.
El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre contratos de difusión que habrían concentrado montos elevados en determinados medios de comunicación por parte de los partidos País para Todos, Primero La Gente y Alianza para el Progreso.
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Investigación alcanzaría a todos los partidos políticos que recibieron la franja electoral
La Fiscalía precisó que la indagación no se limitará a un solo partido. Revisará la ejecución del presupuesto asignado a todas las organizaciones que accedieron a la franja electoral. La finalidad es verificar si el dinero se destinó exclusivamente a propaganda electoral autorizada.
De confirmarse irregularidades, podrían configurarse delitos contra la administración pública, como peculado u otros vinculados al uso indebido de recursos estatales. La responsabilidad podría alcanzar a representantes legales o encargados de finanzas de los partidos políticos, según lo que determinen las diligencias.
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