Masacre de Cayara: Jueces rechazan aplicar ley de prescripción de delitos de lesa humanidad
Magistrados declaran infundado pedidos de oficiales del Ejército que participaron en la matanza de Cayara en 1988, de archivar los procesos en su contra. Congresistas Fernando Rospligliosi ni José Cueto asistieron a audiencias para intimidarlos.
La República en GoogleLos magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria declararon infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército por la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) el 14 de mayo de 1988, solicitando que se les aplique la ley que limita el delito de lesa humanidad a partir de julio del 2002, pese a que ello iría contra los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.
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Los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata resolvieron de esa manera ante los intentos de intimidación de los congresistas fujimoristas Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, ni José Cueto, de Honor y Democracia, que asistieron a las últimas audiencias con la clara intención de presionarlos, pues en sus redes sociales y en declaraciones públicas han conminado a los jueces a aplicar la ley N°32419 y archivar el proceso.
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Congresista José Cueto ingresó a la audiencia del caso Cayara
Con esta decisión, los magistrados desestimaron el pedido de las defensas de los oficiales del Ejército en retiro Alejandro Avendaño Dávila (jefe de patrulla), Gino Espejo Lamas y otros seis acusados, de acogerse a la norma que exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
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Ellos ejecutaron el "Plan Persecución", ordenado por el entonces jefe político militar de Ayacucho, general Juan Valdivia Dueñas, en respuesta a un atentado terrorista cometido el 13 de mayo en Erusco en el que perdieron la vida cuatro miembros del Ejército y quedaron heridos 15. En el marco de este operativo, las patrullas detuvieron, torturaron y ejecutaron a pobladores que encontraron en comunidades cercanas.
Familiares de víctimas evalúan apelación
Si bien la Sala declaró infundada la exigencia de la defensa de los militares acusados de aplicar la ley contra lesa humanidad, señaló que admite el argumento del Tribunal Constitucional (TC) de que estos delitos corren a partir de julio del 2002, sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.
Los familiares de las víctimas evalúan la posibilidad de apelar la decisión pues consideran que las graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no prescriben ni ahora ni nunca.
Su abogada, Gloria Cano, señaló que al parecer, en la decisión de los jueces habría influido de alguna manera la presión de los legisladores al aceptar la postura del TC sobre el delito de lesa humanidad, aunque en este caso hayan resuelto continuar el proceso.
Rospigliosi va contra jueces
Ni bien se conoció la decisión de los magistrados de declarar infundado el pedido para archivar el proceso, el congresista Fernando Rosplgliosi arremetió contra ellos, acusándolos de "politizados y prevaricadores" en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional y advirtiendo que no solo deben reformar el sistema judicial, sino que deben "barrerlo".
"Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!", escribió.
En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que "barrer" contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.
"El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026", sostuvo en X
Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. "Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi", precisó en su cuenta.
