Tomás Gálvez archiva investigación contra Dina Boluarte por presunta omisión de funciones en incendios forestales de 2024
La Fiscalía concluyó que no existió un deber funcional incumplido por la expresidenta Dina Boluarte ni por sus exministros durante la emergencia por incendios forestales que afectó varias regiones del país.
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El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida contra Dina Boluarte por la presunta omisión de funciones durante los incendios forestales registrados en 2024 y dejaron más de 20 personas fallecidas. Según la resolución fiscal, no se hallaron elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a la entonces mandataria ni a los exintegrantes de su Consejo de Ministros.
La indagación estuvo a cargo del Ministerio Público y buscaba determinar si la respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia fue tardía o negligente. La carpeta fiscal incluía el análisis de las decisiones adoptadas durante los meses más críticos de los incendios, cuando se reportaron víctimas mortales, personas heridas y daños ambientales en distintas zonas del país.
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De acuerdo con la Fiscalía, las acciones del Ejecutivo se enmarcaron en el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En ese contexto, se precisó que la activación de medidas excepcionales dependía de informes técnicos previos elaborados por los sectores competentes.
La decisión fiscal también alcanza a exministros investigados por el mismo caso. Con ello, el Ministerio Público descartó la existencia de dolo o de una conducta omisiva atribuible a la expresidenta, cerrando una investigación que había generado cuestionamientos por el manejo político y administrativo de la crisis ambiental.
Incendios forestales de 2024: la emergencia que puso a Dina Boluarte bajo investigación fiscal
La investigación contra Dina Boluarte se originó tras los incendios forestales registrados entre agosto y septiembre de 2024, que afectaron regiones como Amazonas, San Martín, Cusco, Ucayali y Huánuco. La emergencia dejó víctimas mortales, personas heridas y miles de hectáreas dañadas. Diversos sectores cuestionaron la reacción del Ejecutivo y la demora en la declaratoria de emergencia en varias zonas impactadas.
Ante esos hechos, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta omisión de funciones contra la expresidenta y exministros de Estado. El objetivo fue determinar si existió responsabilidad penal por no adoptar medidas oportunas frente a la magnitud de los incendios forestales, en un contexto de reiteradas alertas de autoridades regionales y locales.
El caso se centró en evaluar si el Gobierno incumplió obligaciones legales durante la gestión de la crisis. Para el Ministerio Público, el análisis debía circunscribirse al marco normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que establece procedimientos técnicos previos antes de activar acciones extraordinarias desde el Ejecutivo.
