Cárceles: ¿Cuarteles del crimen o solo un engaño del Gobierno de José Jerí?

Las preguntas rondan desde hace meses sin que nadie del Ejecutivo las responda con claridad y evidencias: ¿Los penales son hoy centros de planificación de los delitos graves que golpean el país? ¿Los internos son responsables de la crisis de inseguridad que afecta a la población? Para el Gobierno que encabeza José Jerí Oré la respuesta es un conveniente sí.

Sin embargo, para tres exjefes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la narrativa del Gobierno no se sustenta en evidencias. De hecho, el renunciante presidente de la institución, Iván Paredes Yataco, fue designado por el Gobierno anterior, en julio de 2025, y en ningún momento, hasta el mes de octubre en que asumió José Jerí, dijo algo parecido a la versión que hoy propala el Ejecutivo.

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¿De qué se trata entonces? Para Rosa Mavila, expresidenta del INPE, la narrativa de que los penales son tierra de nadie, es una “falsedad”. “Si todo se produjera desde la cárcel, no habría asesinatos casi cotidianos de transportistas, no habría ningún control en los penales y vemos que no es así. Las cárceles en el Perú no están dirigidas de adentro hacia afuera, como ocurre en otros países”.

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Y agrega que “no es fácil la comunicación de adentro hacia afuera. Es una falsa narrativa, aunque sí es evidente que hay mucha corrupción en los penales (…) Yo creo que la planificación (de los delitos) se hace afuera, por bandas locales que se han integrado a sectores de la migración criminal y que se han adecuado a sus modalidades”.

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Mavila no descarta que hayan “faites” y “taytas” manejando bandas que operan en las calles, pero “no son tantos” y cree que los responsables de las extorsiones y asesinatos que aterran a los peruanos, son otros.

Ni el 1% de casos se planea en penales

Por su parte, Pedro Llaque, antecesor de Iván Paredes, sostiene que “quizá el 1% de la criminalidad que vemos en las calles, se planifique en los penales del país”. Con ello descarta la narrativa del Gobierno.

“Y eso está documentado, caso por caso, porque, claro, yo no puedo imputar hechos a instituciones, a personas, aun cuando se trate de internos si no tengo alguna evidencia. Las cifras en concreto están ahí”, señala.

Llaque no quiere ser crítico de la actual gestión del INPE porque, según señala, prefiere esperar a ver resultados y porque las actuales acciones de control en las cárceles son un tema político. Tampoco quiere especular sobre las razones por las que de pronto, con la llegada del Gobierno de José Jerí, los penales se convirtieron en laboratorios de la criminalidad.

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No obstante, sí lamenta que habiendo dinero presupuestado y expedientes listos no se haya invertido en la construcción de nuevos pabellones en las diversas cárceles y no se haya iniciado el nuevo penal de Ica.

“El Ministerio de Justicia tenía el dinero para reiniciar el megapenal de Ica y no lo han reiniciado teniendo el expediente técnico terminado en marzo del año pasado. ¿Qué pasó? Mira, sería prudente que las (actuales) autoridades expliquen qué pasó. Es una pena que el Ministerio de Justicia haya tenido que devolver más de 250 millones (al Tesoro) en diciembre”, anota.

Bandas se recomponen

A su turno, Wilfredo Pedraza, quien lideró el INPE en dos periodos, está convencido de que “alguien le vende ideas erradas al presidente Jerí” para que éste sostenga que primero se debe controlar los penales para luego erradicar la criminalidad de las calles.

“Un conocimiento básico de las cárceles y de cómo opera la delincuencia en el país nos lleva a sostener que cuando un cabecilla cae, alguien de afuera, de su organización, asume la conducción y la banda sigue operando”, explica el también exministro del Interior.

“Claro, algunos mantendrán el liderazgo desde un penal y quizá continúen dando órdenes), pero la realidad muestra que las personas privadas de libertad, por las propias limitaciones que tienen, no podrían poner en jaque a un país ni ser tan activos como es la delincuencia que opera en las calles actualmente”, señala.

Un medio de distracción

Y sino no es cierta la narrativa, ¿por qué se insiste en los allanamientos de celdas, requisas y traslados de internos? Mavila sostiene que toda la movilización que muestra el Gobierno en los penales solo sirve de distracción.

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“La lucha contra el crimen está mal orientada. Falta trabajar en las calles, en prevención, con inteligencia. El porcentaje de criminalidad organizada se ha venido incrementando en las calles porque no hay una respuesta eficaz del Estado desde diversos ámbitos, por ejemplo, desde el plano de la inteligencia”.

“No hay un seguimiento vía agentes encubiertos, no hay un presupuesto para ello. Tampoco se busca personas capaces, con experiencia en la lucha contra el crimen”, enfatiza.

En esa línea, Wilfredo Pedraza sostiene que solo se busca distraer con medidas efectistas. “Es una distracción, sin duda, en especial la participación del presidente en los operativos de requisa, ¿Qué hace el presidente levantando un colchón, revisando una celda? Es solo, digamos, un gesto político, sin la menor duda. Además, él no es especialista en seguridad”.

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Agrega que se trata de gestos políticos que no van al tema de fondo, que es la modernización de las cárceles, el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en el ingreso de las personas y la vigilancia interna. “Entonces, la verdad, nada nuevo se está haciendo”.

¿Y los bloqueadores?

Ahora bien. un tema que las actuales autoridades del INPE y del Gobierno evitan mencionar durante sus operativos en los penales y ruedas de prensa, es el servicio de bloqueo de celulares y señal wifi en las cárceles, que está en manos de una empresa privada.

Ni el presidente José Jerí en sus apariciones ni el ministro Walter Martínez, señalan si los equipos de bloqueo instalados en 27 penales, funcionan y evitan la comunicación de los internos con el exterior. Tampoco se sabe si hay un mal uso de este sistema. Solo se limitan a señalar que en las requisas se hallan celulares, chips y antenas hechizas para captar señal wifi.

Versión del Minjusdh

Y ante nuestra insistencia, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informaron que “en cumplimiento del Contrato Innominado de Prestación de Servicio de Seguridad Tecnológica (CIPS) el bloqueo funciona todo el día; y la supervisión está a cargo del Minjusdh”.

Y agregan que el manejo de esos equipos los realiza la empresa PRISONTEC. También señalan que “el CIPS tiene un plazo de 25 años, es decir, “hasta octubre del 2039” .

En cuanto a la pregunta de si los penales son los centros de planificación de los delitos graves que afectan el país, el Minjusdh asegura que “solo el 12% de la población penitenciaria (1.300 internos aproximadamente de los 104.000) son considerados como de alta peligrosidad. Dentro de este porcentaje, si alguno de ellos realizara acciones que vulneren las normas, inmediatamente se activan los protocolos para iniciar los traslados a penales de máxima seguridad como Cochamarca, Challapalca”.

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Esto coincide con lo que señalan los exjefes del INPE Rosa Mavila, Pedro Llaque y Wilfredo Pedraza, quienes sostienen que los internos no podrían ser los grandes planificadores de los delitos que asolan el país; salvo que los bloqueadores no funcionen o funcionen por horas. O que todo sea propaganda del Gobierno.

Una operación sin resultados en el Penal Ancón I

La madrugada del sábado 24 de enero se registró un hecho singular en el penal Ancón I. A ese lugar llegó el presidente Jerí, guiado por la Policía, para sorprender a un interno acusado de hacer llamadas desde su celda. Al llegar no lo ubicaron en los pabellones y horas después se supo que habia sido traladado a Challapalca 3 semanas antes.

Al día siguiente, el domingo, las operaciones del Gobierno en los penales continuaron. El propio José Jerí participó en las requisas realizadas en las cárceles de Huacho y Huaral.

Entre octubre y diciembre de 2025 se realizaron 1.820 requisas en los penales del país. Y entre julio y diciembre se incautaron 950 teléfonos celulares.