Congresista Wilson Soto propone límite para solicitar prolongación de prisión preventiva
Proyecto plantea que el Ministerio Público pida ampliación de la prisión preventiva con al menos 10 días hábiles de anticipación, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.
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Wilson Soto Palacios, congresista y miembro de Acción Popular, presentó el proyecto de ley 13809/2025-CR, el cual plantea modificar el artículo 274 del Código Procesal Penal para fijar un plazo específico en el que el Ministerio Público deba solicitar la ampliación de una medida cautelar de prisión preventiva.
Así, esta propuesta surge ante una práctica recurrente en el sistema judicial: la presentación de pedidos de prolongación de prisión preventiva a pocas horas de vencer el plazo original. Según el parlamentario, esta situación limita el ejercicio del derecho a la defensa, afecta el debido proceso y rompe el principio de igualdad de armas entre las partes.
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Dicho proyecto establece que el fiscal tendrá la obligación de presentar el requerimiento de prolongación con al menos diez días hábiles de anticipación. Esta exigencia aplicará tanto en procesos comunes como en aquellos calificados como complejos o vinculados a criminalidad organizada, con el fin de garantizar que la defensa técnica cuente con un tiempo razonable para evaluar el pedido fiscal y formular una respuesta adecuada.
“El proceso penal no puede sacrificar derechos fundamentales en nombre de la celeridad. La justicia debe ser rápida, pero también justa y respetuosa del debido proceso”, sostiene el congresista en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, al advertir sobre los riesgos de audiencias apresuradas que terminan por afectar garantías constitucionales.
En tanto, la iniciativa recoge los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, que ha advertido que la presentación extemporánea de solicitudes para prolongar la prisión preventiva puede dar lugar a detenciones arbitrarias y afectar la tutela jurisdiccional efectiva. Soto Palacios subrayó que el proyecto no genera costos para el Estado, contribuye a disminuir nulidades y litigios constitucionales, y obliga a una mejor planificación del Ministerio Público, lo que refuerza el funcionamiento del sistema de justicia.
