Incertidumbre en Talara: tensiones sociales, cuestionamientos legales y efectos negativos tras reestructuración en Petroperú

El panorama en la provincia de Talara, en Piura, está marcado por el debate y la incertidumbre. Luego de que el Ejecutivo emitiera el Decreto de Urgencia N°010-2025, que deja en manos de ProInversión el destino de Petroperú, distintas autoridades locales, gremios empresariales, sociedad civil y el ciudadano de a pie han alzado su voz de protesta. Para la mayoría de ellos, esta medida no sería más que el primer paso para privatizar la empresa, algo a lo que se han negado rotundamente desde hace varias décadas.

Historia marcada por el error

El alcalde provincial de Talara, Sigifredo Zárate Vite, ha sido una de las figuras que se ha pronunciado con mayor vehemencia en contra de la medida. Él sostuvo que los cambios actuales le hacen rememorar las medidas implementadas en la empresa estatal durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, las cuales, años después, muestran resultados de una mala decisión.

“Se descuartizaron los lotes petroleros y se hicieron pequeños para venderlos más rápido, generando la expectativa en la población, de que esto traería beneficios, que aumentaría la producción, la tecnología, los puestos de trabajo. Ahora, 30 años después, vemos que nos han entregado unas plantas petroleras llenas de chatarra. Treinta años de recojo nada más”, apuntó la autoridad edil.

En esa línea, el burgomaestre explicó que durante este periodo se habría producido un empobrecimiento de la población y que prevé que este panorama se vuelva a repetir con las nuevas reformas que se planean implementar.

“Sabemos que las empresas que compran un activo del estado vienen con su propio service, eso va a generar desocupación en Talara y un impacto en las empresas locales. Sumado a esto ya se anunciaron despidos masivos”, comentó la autoridad, quien acotó que en el pasado esto supuso “vidas truncas” y la migración de población local hacia otras ciudades ante la imposibilidad de obtener mejores condiciones de vida.

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Oposición conjunta

Por otro lado, Zárate señaló que viene coordinando una reunión con alcaldes distritales y otras figuras importantes de la provincia para presentar un pronunciamiento conjunto. Este será enviado al Ejecutivo en oposición a las nuevas reformas impulsadas por el actual gobierno, a las que define como un primer “desmembramiento” que daría paso a una privatización de la empresa.

Tras ello, cuestionó que una gestión tan breve intente sacar adelante una medida que repercutirá de forma significativa en la vida de cientos de personas. “No me parece que a un gobierno que le quedan cuatro meses tome una decisión tan importante como es el tema energético del país”, sentenció.

En esa línea, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales, la Economía, los Derechos e Intereses de Talara y el País, Alejandro Vílchez, consideró que los cambios responden a intereses particulares de los grupos de poder económico. “El presidente (José Jerí Oré) tomó la decisión bajó las órdenes de los grupos de poder, es solo un títere”, precisó. Posteriormente, cuestionó la legalidad de la medida.

Según Vílchez, la Ley 30130, promulgada en 2013 y que declaró de interés nacional la modernización de la Refinería de Talara, ya establecía un marco para la reestructuración administrativa, económica y financiera de Petroperú, sin necesidad de nuevas normas de urgencia.

El agremiado precisó que no se opone a una reestructuración de la empresa, siempre y cuando se dé dentro del marco legal vigente; sin embargo, rechazó tajantemente cualquier proceso que culmine en la privatización de Petroperú.

"Desde cualquier punto de vista, las autoridades que están llevando a cabo este proceso serán sancionadas porque están cometiendo una barbaridad. Nosotros no nos oponemos a la reestructuración porque, sí, es necesario, pero no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista con ninguna modalidad de privatización o concesión", expresó.

Continuarán medias de lucha

Ante este contexto, Alejandro Vilchez afirmó que continuarán las medidas de lucha, entre ellas, plantones, marchas de sacrificio, una vigilia programada para el 14 de enero y un paro en coordinación con organizaciones sindicales y la sociedad civil. Sumado a ello, anunció la presentación de documentación a la presidencia de la República y ProInversión en la que señalen la presunta ilegalidad de la normativa que concluiría con acciones legales. 

En Talara, el debate continúa, mientras la preocupación por las repercusiones negativas se incrementa. De acuerdo a Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, el primer efecto inmediato sería el despido de al menos 1.500 trabajadores, debido al recorte de costos.

Asimismo, se incrementarían los precios del combustible y el costo de vida. Según la Comisión de Defensa del Consumidor se registraría una afectación de aproximadamente US$1.056 millones anuales.

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”Intervención necesaria”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Talara, Julio Ubillús, respaldó la medida emprendida por el gobierno de Jerí. El empresario considera que no se trataría de una “privatización”, sino de una combinación necesaria. “Será una empresa mixta. Se necesita de capital privado y limitar la injerencia política”, aseguró.

Al respecto, el ingeniero sostuvo que la empresa estatal y el sector económico y laboral de Talara ya se encuentran en crisis, por lo que se necesita de una intervención en el menor tiempo posible.

Décadas de crisis

El representante del sector empresarial local detalló que Petroperú tiene una deuda millonaria desde hace cinco meses con cerca de 200 empresas, de las cuales más de 150 son negocios locales. “Más de 12.000 familias que viven del sector petrolero hoy en día son afectadas por esta falta de solvencia económica”, explicó Ubillus.

Sobre ello, detalló que son muchas las empresas que no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores, como la gratificación, debido a la falta de pagos. “Para sobrevivir muchas empresas han hecho facturing, pero ahora ninguna financiera quiere hacerlo con las deudas de Petroperú. Se ha roto la cadena de pagos”, aseveró.

Ante este panorama, el ingeniero criticó que en el decreto de urgencia no se haya contemplado el saldo de las deudas con empresas operadoras, locales y nacionales. “El empresario talareño ya no soporta más esto”, finalizó.

Futuro incierto

El 8 de enero, la ingeniera Rita Lorena López Saavedra asumió la gerencia general de Petroperú en medio de cuestionamientos sobre su capacidad. En tanto, el pueblo talareño continúa a la espera de una solución a años de lucha.