Violencia criminal golpea a distritos residenciales

La noche del jueves 6 de diciembre, un hombre fue asesinado de varios balazos en un violento ataque que conmocionó a los vecinos de Miraflores. El crimen ocurrió a pocos metros del concurrido centro comercial Larcomar, en medio de grandes hoteles y locales comerciales. La víctima fue identificada como Dennise Sánchez Ramírez, de nacionalidad extranjera. El autor de los disparos huyó a bordo de una motocicleta.

El homicidio se cometió a dos metros del acantilado, en un lugar no transitado por peatones. De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del municipio, a pocos metros del hecho había un patrullero del escuadrón ‘Cobra’, pero sus tripulantes no reaccionaron.
Aquel no fue el único hecho criminal en este distrito. Hace poco un vehículo fue atacado con un artefacto explosivo cerca al óvalo Gutiérrez, en la puerta de un restaurante de comida nikkei. El uso de este tipo de elementos causó terror entre los vecinos, pero el municipio de Miraflores descartó que se trate de un caso de extorsión y atribuyó el hecho a una pelea entre dos personas.

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Mientras que en San Isidro, dos hermanos fueron detenidos por la Policía tras ser acusados de extorsionar a colectiveros en la avenida Javier Prado. Habrían cobrado cupos a más de 20 transportistas informales.

Los agentes de la comisaría de San Isidro hicieron un seguimiento por varios días antes de concretar su detención.

Lo anterior demuestra que el accionar criminal ya no se limita a las zonas periféricas de Lima, sino que se ha trasladado a distritos considerados seguros como San Isidro, Miraflores, La Molina. ¿Por qué razón?, pues porque el Gobierno no implementa medidas eficaces que enfrenten la criminalidad organizada.

Y esto ocurre a pesar que dichos distritos cuentan con cámaras de videovigilancia, serenos y vehículos modernos.

Según cifras de la PNP, a nivel de Lima Metropolitana este año se registraron 912 denuncias por homicidio y 10.562 denuncias por extorsión en distritos como Miraflores, San Borja, San Isidro, Magdalena, Jesús María. Y la tendencia es a seguir creciendo.

Al respecto, el analista de datos Juan Carbajal destaca que Miraflores alcanzó un pico de 149 denuncias registradas por extorsión en el 2023; bajó en el 2024 a 53 casos, y en el 2025 ha vuelto a subir con 74 denuncias. San Borja presenta la misma situación, también alcanzó un pico en el 2023; descendió a casi la mitad en el 2024 y ha vuelto a subir en el 2025.

“Y el mismo panorama se observa en Pueblo Libre, en San Isidro, Magdalena y Lince, los cuales van por el mismo camino de superar al año 2024”, explica. Mientras que en La Molina la situación es más crítica, pues en lo que va del 2025 el número de denuncias por extorsión es de 141, siendo la cifra más alta en los últimos seis años.

¿Por qué la situación de inseguridad se mantiene? Si bien esto ya venía desde el gobierno de Dina Boluarte, el presidente José Jerí parece no tener planes ni ideas de cómo enfrentar la inseguridad real que hay en las calles.

En esa línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, señala que la extorsión, particularmente, está presente en todos los distritos, solo que acentuado en los distritos de la periferia, porque hay menos seguridad.

“Pero no están ajenos a esa realidad Miraflores, San Isidro, San Borja. Lo cierto es que (estos delitos) no tienen la intensidad de otros distritos, como San Juan de Lurigancho, pero hoy se visibilizan un poco más, porque a pesar de haber márgenes razonables de seguridad con el serenazgo y con la Policía, esa presencia no es suficiente para generar distritos seguros. Yo diría que el principal factor es la escasa presencia policial”, anota.

Y remarca que hasta ahora la inteligencia no está siendo suficiente de parte del Gobierno. “Es decir, no se han asignado recursos humanos, ni logísticos, ni tecnológicos, para que la inteligencia sea mucho más intensa y pueda combatir el sicariato, la extorsión. Yo tenía entusiasmo por la anunciada creación de la dirección policial contra las extorsiones, a cargo del coronel Víctor Revoredo, siendo él una persona calificada, pero sin logística, sin recursos, sin dinero, no podrá hacer nada”. Wilfredo Pedraza duda que esa dirección esté brindando resultados importantes hasta ahora, porque no estaría siendo implementada debidamente.

“Entonces, el primer tema es que no se está priorizando la inteligencia, sino solo actos simbólicos que no tienen ningún impacto. Y lo segundo es la presencia policial en las calles. Creo que es un tema que ha ido disminuyendo en los últimos años, y eso hace que el delincuente pueda actuar en las calles casi con impunidad. Se da cuenta que no hay control policial en una zona, y por tanto actúa en esa zona. Es una regla de tres muy simple”, sostiene.

En tanto, el exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha, señala que faltan policías para la prevención: para patrullaje a pie y motorizado; vehículos, motos, y también recursos para la investigación criminal.

Según cifras que dio la expresidenta Dina Boluarte durante su gestión, faltarían 70 mil policías para cubrir la prevención.

Pérez Rocha advierte que el estado de emergencia no se cumple, pues los policías no están trabajando de manera conjunta con las Fuerzas Armadas. “El estado de emergencia es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que dice el decreto supremo, vale decir, el concepto de patrullaje, tener presencia militar o policial, incluso con vehículos, en las zonas críticas”.

Explicó que se están registrando más delitos en zonas que antes eran seguras porque hay ausencia de la autoridad. “El delincuente sabe que no pasa nada porque no hay policías. Esa es la verdad. Pero como ya en Comas, por ejemplo, no pasa nada, se están yendo a lo más grande, a distritos como San Isidro, Miraflores, porque justamente hay mucha falta de autoridad”.

Y criticó que esta falta de autoridad venga desde el Gobierno, ya que no muestra un plan de seguridad ciudadana a la fecha, “el último estuvo vigente hasta el 2023. Y uno nuevo tiene que hacerlo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), pero al no haber uno aprobado, los distritos están a la deriva”.

Además, señaló que el presidente Jerí debe encabezar ese plan de seguridad ciudadana y criticó que el mandatario reciba informes del FBI y de la DEA para realizar dicho plan.

“Eso está fuera de foco”. Asimismo, criticó que la PNP no reciba inversión para la modernización de sus equipos y de las comisarias.

En tanto, Sergio Tapia, gerente de Comunicaciones de la municipalidad de Miraflores, remarca que ese distrito recibe la visita de un millón de personas de otros distritos de Lima y se necesita más efectivos policiales para brindar seguridad. “Miraflores necesita más efectivos policiales para garantizar justamente lo que todos queremos, seguridad ciudadana. La municipalidad contrata policías de franco, más de treinta policías diarios, brinda motos, autos, cámaras, módulos de seguridad. Es decir, todo nuestro despliegue, pero falta un mayor compromiso de parte de la Policía para venir al distrito y estar presente”.

Explicó que al haber menos policías, también hay menos patrullaje. “Teniendo en cuenta que los policías y ninguna persona trabaja veinticuatro horas continuas, los turnos y la cantidad de policías siempre serán insuficientes”.

LA CLAVE

El Gobierno oficializó la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial temporal encargado de elaborar la propuesta de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este plan será presentado a inicios de 2026, anunció ayer el ministro de Justicia, Walter Martínez.