Caso Anguía: Fiscalia pide al Poder Judicial ampliar 36 meses la investigación contra esposa de Pedro Castillo
Lilia Paredes, quien se encuentra asilada en México desde diciembre del 2022, es investigada por presuntamente integrar un organización criminal. La medida también alcanza a sus hermanos Yenifer, Walter y David y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina.
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La Fiscalía, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, solicitó al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo de investigación preparatoria que se sigue contra la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, por presuntamente integrar una organización criminal.
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La solicitud del Ministerio Público también alcanza a los hermanos de la ex primera dama, Yenifer, Walter y David, así como al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina y otros implicados en el marco de las investigaciones por el caso Anguía.
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La Fiscalía sustentó su pedido en que dicha prórroga servirá para realizar las diligencias que se encuentren pendientes y que permitan el correcto esclarecimiento de los hechos que son materia de indagación.
En ese sentido, la jueza Lorena Sandoval Huertas programó para el martes 25 de noviembre a las 9:00 de la mañana una audiencia virtual para evaluar la decisión. En dicha sesión deberán participar las partes procesales del caso y luego se les comunicará la decisión que tome la magistrada.
Actualmente, la esposa del exmandatario se encuentra asilada en México desde diciembre del 2022, luego del intento de golpe de Estado del exjefe de Estado.
El caso
Según la tesis fiscal, la ex primera dama y los demás implicados habrían integrado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, esta supuesta organización delictiva habría favorecido a empresas fachada a través de licitaciones fraudulentas, a las que se les otorgaba la buena pro por enormes sumas de dinero, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.
Estas presuntas operaciones se habrían ejecutado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima.
