Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

La concesionaria Rutas de Lima S.A.C. informó este martes que su Junta General de Accionistas aprobó, el 29 de setiembre, la disolución y liquidación de la empresa, al considerar que ha sido víctima de actos de hostigamiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de diversas entidades estatales.

Mediante un comunicado, la concesionaria precisó que esta medida responde a la suspensión del cobro de 26 casetas de peaje de su concesión lo que según mencionan los "ha privado a de recibir más del 60% de sus ingresos, cuestión que ha deteriorado severamente la situación financiera de la compañía". Pese a ello, Rutas de Lima aseguró que ha seguido ejecutando el 100% de las actividades a su cargo, incluyendo la operación y el mantenimiento de las vías.

"Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, el 29 de setiembre de 2025, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima S.A.C. (RDL) se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación de la empresa conforme a las disposiciones de la Ley General de Sociedades del Perú (LGS)", se lee en el comunicado.

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Asimismo, la empresa también garantizó que, a pesar de su nueva condición jurídica, continuará brindando el servicio en las rutas bajo concesión y velando por la seguridad de los usuarios y cumpliendo con los compromisos que tienen con proveedores y trabajadores.

Además, Rutas de Lima advirtió que reservarán el derecho de ir a instancias nacionales o internacionales para que sus derechos sean protegidos ante lo que consideran una "destrucción de la inversión por parte del Estado peruano".

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Rutas de Lima: 26 casetas no cobran tarifa por suspensión de peajes de Chillón y Conchán

La concesionaria Rutas de Lima que se encuentra a cargo de los peajes ubicados en la Panamericana Norte y Sur, señaló como injusta una sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, que suspende el cobro de tarifas en las casetas de Conchán porque afecta el libre tránsito.

Según RDL, son 26 las casetas que no operan por "decisiones abusivas", por lo que argumentan que se les priva de hasta un 50% de ingresos, a pesar de que cumplieron con el mantenimiento a todas las vías.

En enero de 2024, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón, ubicada en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Esta decisión respondió a la solicitud de la Asociación Casa Huerta El Paraíso, que argumentó la vulneración del derecho al libre tránsito de los residentes locales. Posteriormente, en marzo del mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus colectivo contra Rutas de Lima.

El TC ordenó la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra hasta que se adopten medidas que cesen la vulneración del derecho al libre tránsito o hasta que la justicia penal determine si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito.

Además, el TC señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene la obligación de construir una vía alterna al peaje de Chillón para garantizar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.

Sin embargo, hasta la fecha, esta vía alterna no ha sido construida. Rutas de Lima ha manifestado que ha intentado coordinar con la MML para ejecutar estas acciones e incluso ha ofrecido compartir estudios técnicos que respaldan la viabilidad de una ruta alterna con opinión favorable del Colegio de Ingenieros del Perú, pero no ha recibido respuesta.

Por otro lado, el peaje en Conchán vulneraba el derecho al libre tránsito de los vecinos debido a la falta de vías alternas eficientes. Como resultado, el Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Conchán hasta que se adopten medidas que cesen la vulneración del derecho al libre tránsito o hasta que la justicia penal emita un pronunciamiento firme sobre la legalidad del contrato de concesión.