Pedro Castillo: jueces evaluarán sumar el delito de “conspiración para rebelión” en el caso golpe de Estado
La Sala Penal Especial evalúa sumar un cuarto delito al proceso contra Pedro Castillo por el 7 de diciembre de 2022, vía desvinculación procesal.
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que evaluará incorporar el delito de conspiración para rebelión en el juicio por el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022 contra Pedro Castillo. La jueza Norma Carbajal precisó que esta opción no reemplaza la acusación fiscal vigente (rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública) por la que el Ministerio Público solicita 34 años de prisión.
La medida, adoptada por mayoría de los jueces José Neyra y Norma Carbajal (con voto en contra de Iván Guerrero), se ampara en el artículo 374 del Código Procesal Penal (desvinculación procesal) y abre un nuevo marco de debate jurídico. Tras la decisión, el fiscal Edward Casaverde pidió un plazo de hasta cinco días para pronunciarse, al señalar que la titular del despacho es la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema abrió la puerta a incorporar el delito de conspiración para rebelión en el juicio por el caso “golpe de Estado” del 7 de diciembre de 2022. La mayoría del colegiado aplicó la figura de desvinculación procesal para advertir a las partes que, con base en lo ya debatido en audiencia, podrían recalificar jurídicamente los hechos sin reemplazar la acusación vigente por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
“Esta nueva calificación que se propone no sustituye a la propuesta por el Ministerio Público, sino que posibilita que se incorpore una nueva”, sostuvo la jueza Norma Carbajal durante la última audiencia.
Además, sostuvo que durante la actuación de pruebas y alegatos surgieron referencias que “contingentemente” encajarían en conspiración para rebelión; por ello, el tema será discutido en los próximos días. La Fiscalía —ahora representada por Edward Casaverde— pidió hasta cinco días para pronunciarse, al señalar que la titular del despacho es la fiscal suprema Zoraida Ávalos. En el trasfondo, el propio Ministerio Público había barajado la conspiración en investigación, pero la omitió cuando formalizó la acusación en enero de 2024 (entonces a cargo de la fiscal Galinka Meza, quien renunció en abril). Penalistas consultados por el medio precisan que la conspiración tiene un estándar probatorio menor y penas de hasta 10 años, frente a los hasta 20 de la rebelión, aunque el tribunal decidirá al final si opta por uno, por ambos en forma alternativa o por ninguno.
