Pedro Castillo cuestiona fallo del TC a favor de Dina Boluarte: "Cuando estaba en mi gobierno se me sacó muchas imputaciones"
Durante la audiencia de juicio oral, el expresidente Pedro Castillo criticó la decisión del Tribunal Constitucional que protege a la presidenta Dina Boluarte frente a investigaciones fiscales, y comparó su trato con el que recibió mientras estaba en el poder.
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Pedro Castillo cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que durante su gestión se tomaron medidas diferentes respecto a sus propios procesos. Durante la audiencia de juicio oral en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión en su contra, el exmandatario señaló que durante su gobierno fue objeto de un manejo que, a su juicio, resultó más permisivo para Boluarte en cuanto a temas de procesos judiciales.
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Castillo también mencionó algunos de los casos que enfrentó durante su gestión, subrayando que, a diferencia de la presidenta actual, su administración no recibió un resguardo similar frente a las imputaciones.
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"El día de hoy el Tribunal Constitucional, a través de una demanda competencial de parte de la señora que acude a Palacio, dice que tiene la razón la señora que está al frente. Cunado estaba en mi gobierno, estando en ejercicio, se me sacó muchas imputaciones, siendo presidente de la República, el caso de Sarratea, el puente Tarata, el caso de Los Niños", comentó.
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Luz Pacheco defiende fallo del TC y justifica trato diferencial hacia Boluarte y Castillo
La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió la reciente decisión que suspende las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, asegurando que el fallo se refiere al cargo que ocupa y no a la persona en sí. En declaraciones a Canal N, Pacheco explicó que "nunca hablamos de la presidenta, sino de quien preside", y calificó la situación de Pedro Castillo como "muy especial" debido a su intento de golpe de Estado.
Pacheco también reconoció que los criterios del TC podrían variar en el futuro si cambia el colegiado, pero afirmó sentirse tranquila porque "no está de acuerdo con la impunidad". Por otro lado, la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, expresó su rechazo a la decisión, calificándola de "burla a la eficiencia de la investigación penal", ya que considera que el tiempo borra las huellas de los delitos.
En julio de 2024, la presidenta Boluarte presentó una demanda competencial para frenar las investigaciones en su contra, incluyendo casos como 'Rolexgate', el presunto encubrimiento al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, las muertes en protestas a finales de 2022 e inicios de 2023, y el caso de las cirugías por presunto abandono de cargo y omisión de funciones. El TC resolvió la demanda presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, declarándola fundada y disponiendo que las investigaciones queden suspendidas hasta la conclusión del mandato presidencial, es decir, después del 28 de julio de 2026.
Corte Suprema evaluará pedido de Pedro Castillo para anular prisión preventiva este 21 de agosto
La Corte Suprema evaluará este jueves 21 de agosto el pedido presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo para anular la prisión preventiva que pesa en su contra. La audiencia de cesación de prisión preventiva está convocada para las 3 de la tarde de manera virtual, y la presencia de las partes procesales es obligatoria.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud presentada por la defensa el 1 de agosto, argumentando que no se cumplen con los requisitos establecidos en la ley para mantener la medida restrictiva. Según la defensa, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que no existen suficientes elementos de convicción para sostener la prisión preventiva.
Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde su detención el 7 de diciembre de 2022, tras anunciar la disolución inconstitucional del Congreso. La medida restrictiva vence en diciembre de este año, cumpliendo tres años de reclusión. Mientras tanto, el exmandatario forma parte del juicio oral por el presunto delito de rebelión. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión, tres años y medio de inhabilitación de la función pública y una reparación civil superior a los S/64 millones.






















