Pedro Castillo protesta en juicio por golpe de Estado: "Este Congreso nunca se cerró y el día de hoy sostiene a un Gobierno asesino"
Durante el desarrollo del juicio oral, el expresidente Castillo respaldó a mineros informales y amenazó al Congreso por promover su inhabilitación
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El expresidente Pedro Castillo volvió a pronunciarse durante el juicio oral en su contra por el intento fallido de golpe de Estado en diciembre del 2022. En el inicio de la audiencia del Poder Judicial desde el penal de Barbadillo, el exmandatario rechazó los cargos que le imputa la Fiscalía, así como haber cerrado el Congreso y responsabilizó al Parlamento de "sostener un Gobierno asesino", en referencia a la mandataria Dina Boluarte.
Asimismo, Castillo Terrones mostró su respaldo a los mineros informales que protestan a las afueras del Legislativo y amenazó al Parlamento por promover su inhabilitación para que no pueda postular a las Elecciones 2026. Como se recuerda, Castillo concretó una alianza con el partido político Juntos por el Perú (JPP) y Antauro Humala.
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"Buenos días, la Fiscalía siempre insiste en que yo cerré el Congreso de la República, aduciendo de que usaba, utilicé o reforcé a través de la Policía, con personajes que estaban de descanso, incluso con peluqueros, con cocineros, incluso con la policía canina. Ya jamás, me hubiese atrevido a sacrificar estos animalitos para cerrar este espacio, hubiera usado un gato", comenzó con su protesta el expresidente.
Sin embargo, tras ser interrumpido por la jueza Norma Carbajal, Castillo insistió: "Este Congreso nunca se cerró y el día de hoy sostiene a un Gobierno asesino que a los señores que salen a protestar por un derecho, primero los asesina y luego instala un mesa".
"Culmino diciendo que los pequeños mineros en el Perú no son delincuentes, los grandes sí. Este Congreso que quiere inhabilitarme. No me cabe duda que cuando lo hagan van a tener las puertas abiertas y el pueblo con los brazos abiertos", enfatizó.
Es preciso resaltar que el exjefe de Estado es investigado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual el Ministerio Público ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad en su contra, así como una reparación civil mayor a los S/64 millones.
