Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen a favor de la impunidad para policías y militares

El Congreso de la República busca asegurar la impunidad de policías y militares. La Comisión de Constitución, presidida por el fujijmorista Fernando Rospigliosi, aprobó con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, el dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno La medida ha sido impulsada por el congresista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo.

De Fuerza Popular votaron a favor Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón y Rosangella Barbarán. De Avanza País, José Williams y Alejandro Cavero. Renovación Popular sumó con Alejandro Muñante y Noelia Herrera. También votaron a favor Juan Lizarzaburu y José Elías de APP, Jorge Morante y Alfredo Azurín de Somos Perú, y Gladys Echaíz de Honor y Democracia. Luis Aragón de Acción Popular también se alineó con esta postura. En contra por Perú Libre, votaron Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani. De JP - Voces del Pueblo, Víctor Cutipa; de la Bancada Socialista, Alex Flores; y por el Bloque Democrático Popular, Ruth Luque. También se opuso Heidy Juárez de Podemos Perú. Optaron por la abstención Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional), mostrando distancia frente a la medida.

Por su parte, el congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, cuestionó duramente el dictamen y recordó casos emblemáticos de crímenes cometidos por agentes del Estado: “Caso Accomarca, Putis, las fosas comunes en Ayacucho que no se exhumaron, y los responsables siguen impunes. ¿Y se pretenderá dar amnistía?”, expresó. Además, enfatizó que su bancada rechaza el terrorismo de Estado, reafirmando la necesidad de justicia para las víctimas del conflicto armado interno.

En esa misma línea, la parlamentaria Ruth Luque comparó la situación actual con el periodo del expresidente Alberto Fujimori. Señaló que, durante su gobierno, se impulsaron leyes de impunidad que protegían a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Según Luque, hoy se repite una lógica similar al presentarse un falso dilema en el debate público. “En el fondo —advirtió— están desconociendo el derecho que tienen las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”.

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Ley de impunidad en contra de lo dispuesto en la CIDH

El dictamen ha generado fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas. La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Una de las voces críticas a esta iniciativa es de la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional (TC) sostuvieron la improcedencia de este tipo de propuestas en casos de crímenes de lesa humanidad.

"Hace mucho la CIDH y el TC han rechazado el uso de amnistías para graves violaciones de derechos humanos, así que este proyecto no sólo es inconstitucional sino burdo. Los jueces deben aplicar control de convencionalidad sin temor y acá paso algunas sentencias", explicó Mantilla.

La expresidenta de la CIDH rememoró casos importantes como Barrios Altos en Perú y Almonacid Arellano en Chile.

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¿Qué propone el proyecto?

El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú.

Los defensores del dictamen alegan que se trata de una deuda pendiente con quienes defendieron al país, y aseguran que solo busca brindar seguridad jurídica frente a lo que califican como “persecución judicial”. No obstante, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideran que este tipo de leyes debilita el Estado de derecho y bloquea el acceso a la verdad y justicia.

A pesar del avance en comisión, el dictamen aún debe ser votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, significaría un cambio radical en la política de justicia transicional del país y podría provocar demandas ante tribunales internacionales.