Empresario admite que intentó sobornar a jueza en millonario caso

El empresario Aniceto Argüelles Loayza, uno de los más importantes contratistas del servicio de recojo de desperdicios de varios distritos limeños, aceptó haber intentado beneficiar económicamente a la jueza civil Roxana Becerra Urbina.

Argüelles pretendía que la magistrada Becerra resolviera a favor del expresidente de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima), Abel Mosquera Ortíz, acusado de vender fraudulentamente un terreno de 10 mil hectáreas a su empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales.

Como ha informado La República, los representantes de Quipán denunciaron a Aniceto Argüelles, dueño de la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales, por haber organizado con el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, la adquisición de un predio sin consentimiento de los comuneros y por un monto subvaluado de S/600 mil, cuando el valor real supera los S/5 millones.

La defensa de Aniceto Argüelles en reiteradas oportunidades ha manifestado que el empresario compró el predio “de buena fe”, es decir, supuestamente desconociendo que Abel Mosquera había fraguado documentos para la venta del terreno de Quipán.

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Por este caso, Abel Mosquera, y la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, ya fueron condenados por la compra-venta fraudulenta del predio de Quipán, donde Aniceto Argüelles ha instalado un rellano sanitario para residuos sólidos denominado “Kurumi”

Ahora se ha sumado una nueva decisión judicial contra Aniceto Argüelles Loayza, quien ha aceptado haber pretendido influir sobre la jueza Roxana Becerra Urbina, quien procesó al cómplice del empresario, el expresidente de Quipán que le vendió el terreno, Abel Mosquera.

En efecto, Aniceto Argüelles afrontaba una acusación por presuntamente haber ofrecido dádivas a la jueza Becerra, mediante la compra de terrenos a miembros de su familia a precio sobrevalorado.

Ante la inminencia de un fallo condenatorio, el dueño de Industrias Argüelles, solicitó acogerse a la terminación anticipada. Esto es, aceptó la imputación de los delitos y la consecuente condena que le correspondía.

El juez superior de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Walter Cajahuanca Cadillo, quien revisó su caso, accedió a la petición de Aniceto Argüelles y lo condenó a 4 años y 2 meses de prisión suspendida y al pago de dos reparaciones a favor del Estado, una de S/25 mil soles y la otra de S/20 mil, según la resolución judicial a la que tuvo acceso La República.

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Facturando millones

Industrias Argüelles y Servicios Generales es una de las más importantes contratistas en la capital para el servicio de disposición de residuos sólidos, como puede apreciarse en el recuadro adjunto. En 2016, Aniceto Argüelles, el propietario, adquirió un terreno de 10 mil hectáreas a la comunidad campesina de Quipán, en colusión con el expresidente Abel Mosquera.

En dicho predio Argüelles edificó el relleno sanitario Kurumi, lo que le permitió ampliar su oferta de servicios y obtener millonarios contratos, varios de los cuales tienen una duración hasta 2027 (ver recuadro).

Cuando asumió funciones el nuevo presidente de la comunidad, Santiago Guardamino Gonzáles, este descubrió que Abel Mosquera fraguó documentos para adjudicarse falsamente la representación de Quipán y así consumar la venta con Aniceto Argüelles.

Guardamino denunció el fraude y lo atribuyó a Aniceto Argüelles y Abel Mosquera, por lo que recibió varias amenazas de muerte. El primero de abril de 2024, Santiago Guardamino fue asesinado por sicarios cerca a su vivienda, en Carabayllo.

Pero los procesos judiciales contra Aniceto Argüelles y Abel Mosquera prosiguieron.

En este contexto es que el propietario de Industrias Argüelles es denunciado por supuestamente haber intentado entregar dádivas a la jueza Roxana Becerra, quien procesaba a su cómplice Abel Mosquera.

Al final, Aniceto Argüelles aceptó los hechos.

Dice el fallo del juez superior Walter Cajahuanca Cadillo: “Se atribuye a Aniceto Argüelles Loayza (en su calidad de instigador), el haber determinado (dispuesto) a Odón Muñoz Villanueva, a fin de ofrecer a la jueza Roxana Becerra Urbina una promesa de la compra de terrenos de su propiedad y familia, y entrega de dádivas de carácter económico (al realizar el pago de dichos inmuebles de un monto mayor al que figura en las Escrituras Públicas celebradas por encomendación suya)”.

El juez Cajahuanca precisa que lo que buscaba era que la jueza Roxana Becerra exculpara al expresidente de Quipán, Abel Mosquera: “(Esto) con la finalidad de que dicha magistrada emita sentencia favorable a sus intereses en el proceso (…) que se siguió en contra de (su cómplice) Abel Mosquera Ortíz (el expresidente de Quipán, que hizo la venta fraudulenta del terreno de 10 mil hectáreas a favor de Aniceto Argüelles)”.

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Empresario aceptó el delito

El abogado de la jueza Roxana Becerra, Hubert Galdós Arcelles, confirmó que la pretensión del empresario Argüelles era que la magistrada fallara en favor de Abel Mosquera.

“Quien estaba realmente interesado por un resultado de una sentencia era el señor Argüelles. El señor Argüelles lo que quería era que se absolviera al expresidente de la comunidad de Quipán”, explicó el abogado Galdós.

Si Argüelles lograba la absolución de su cómplice Abel Mosquera, entonces de esta forma evitaba la nulidad de la compra del terreno de Quipán. Si se salvaba de condena Mosquera, también se beneficiaba porque se quedaría con el predio.

“Si se condenaba a Abel Mosquera por falsificar las actas que lo autorizaban a vender el terreno de Quipán a favor de la empresa del señor Argüelles, entonces se presentaba una causal de nulidad de la venta”, añadió el abogado de la jueza Becerra.

Sin embargo, la magistrada Roxana Becerra terminó por condenar a Abel Mosquera a 4 años de prisión por el delito contra la fe pública (falsificación de documentos) y al pago de una reparación de S/500 mil.

Dos semanas de este fallo, el intermediario de Argüelles, Odón Muñoz, le compró los terrenos a los padres de la jueza. Pero ni la magistrada, ni sus progenitores, sabían que detrás de la transacción estaba Argüelles.

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Las veces que La República preguntó a la defensa de Aniceto Argüelles sobre la implicancia del empresario en la adquisición del terreno de Quipán al expresidente de la comunidad, Abel Mosquera, la respuesta fue la misma: que desconocía que Mosquera usó documentos falsos.

Empero, hace pocos días este diario informó que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, confirmó la sentencia a la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, por el delito contra la fe pública. Le aplicaron 4 años de prisión suspendida.

Según la resolución, Karen Pasco ayudó a Abel Mosquera a organizar la compra-venta fraudulenta de las 10 mil hectáreas del terreno de Quipán. El fallo desmiente a Argüelles, quien afirma que no sabía nada.

Ahora se suma la decisión del mismo Argüelles de aceptar que cometió el delito de cohecho activo específico (oferta, entrega o promesa de un donativo o beneficio a un magistrado, con el propósito de influir en la decisión de un caso de su competencia).

Preguntado sobre esta última resolución, el abogado de Aniceto Argüelles, Miguel Meza Morán, declaró que no sabía del caso. “No hemos encontrado en nuestro archivo interno nada relacionado a este tema, por lo que no podemos informar”.

La República entregó al abogado Meza copia del fallo que acepta la terminación anticipada solicitada por Aniceto Argüelles, ya que afirmaba que no lo conocía. Su respuesta fue: “Al advertir el presunto interés personal para satisfacer necesidades propias o de terceros, es que en adelante no contestaremos”. Argüelles prefirió no responder.