Congreso mantendrá archivada la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolexgate
Respuesta. Presidenta de la Subcomisión, María Acuña, rechazó el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de reconsiderar la decisión que desestimó esta denuncia constitucional. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que apoyará la solicitud.
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La acusación constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolexgate continuará archivada. El Congreso se rehusará a revisar esa decisión y de esa manera rechaza el pedido de la Fiscalía de la Nación de reconsiderar dicho veredicto.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), adelantó que no cederá ante la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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“No hay una norma constitucional que considere la nulidad que está pidiendo. Además que es un caso que ya se archivó, el Congreso lo archivó con los votos de todas las bancadas, así que es un tema ya cerrado”, manifestó Acuña a la prensa.
Espinoza argumentó que el Congreso debía reconsiderar ese archivo debido a que esta institución no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto para desestimar la acusación constitucional que el año pasado presentó el fiscal supremo Juan Carlos Villena contra la mandataria por presunto cohecho pasivo impropio.
La sugerencia de la Fiscalía de la Nación es que el análisis de esa acusación debería suspenderse hasta que la mandataria Dina Boluarte acabe su mandato. Eso implicaría que sea un nuevo Congreso el que culmine este proceso de antejuicio político.
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María Acuña rechazó pedido para continuar caso contra Dina Boluarte
“La verdad no sé cuál es el propósito de la Fiscalía de estar en estas intromisiones de lo que hacen los congresistas. Nosotros somos un estado independiente y esperamos que la fiscal también nos respete. Nosotros no nos metemos con la Fiscalía o el Poder Judicial”, respondió la congresista Acuña.
Lo cierto es que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también hay denuncias constitucionales contra fiscales supremos.
El fujimorista Fernando Rospigliosi impulsa un juicio político contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos - que integran los fiscales Espinoza y Villena - a fin de inhabilitarlos de la función pública por no aplicar la ley que faculta a la Policía a dirigir las indagaciones preliminares de presuntos delitos.
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Además, el informe que archiva el caso Rolexgate, que fue elaborado por la congresista fujimorista Nilza Chacón, sugiere que el Congreso evalúe qué infracciones constitucionales habría cometido la Fiscalía de la Nación al interponer una denuncia constitucional contra una mandataria en funciones.
Evaluar infracciones a la Carta Magna implica también analizar la posibilidad de una acusación constitucional contra el fiscal que investigó a Boluarte.
Perú Libre se opone al archivo del caso Rolexgate
Aunque la presidenta de la SAC adelantó su postura frente al pedido de la fiscal Espinoza, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, manifestó que ese tema debe discutirse en la subcomisión y adelantó que está a favor de revisar el archivamiento.
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“Este caso presentado por el Ministerio Público, vamos a apoyarlo, vamos a respaldarlo cuando se ponga en cuestión esta petición. La presidenta va a tener que tramitarla y ese es el espacio para manifestar la postura”, dijo en Canal N.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos consideró que la subcomisión debería suspender el trámite de las denuncias constitucionales contra Boluarte para que sean discutidas luego que acabe el periodo presidencial.
“El punto es que el Congreso está archivando esas denuncias. Y al hacerlo, obligaría a que la Fiscalía vuelva a presentarlas nuevamente cuando se instale un nuevo Congreso. Pues si no lo hace, simplemente es como si no hubiese pasado nada”, explicó a La República.
La exministra de Justicia, Ana Neyra, advierte que, incluso abordando estos casos después del periodo de Boluarte, hay riesgo de que no prosperen en el nuevo Congreso.
“Y post su mandato, seguro seguirán archivando, ya no por ese tema formal, sino por otros pseudo argumentos. Alegarán que hay motivos políticos o que no hay indicios de responsabilidad”, lamentó Neyra.
