Delia Espinoza, Juan Villena y exmiembros de la JNJ seguirán siendo investigados por el Congreso
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite diversas denuncias constitucionales presentadas contra altas autoridades judiciales.
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El Congreso continúa hostigando a quienes se le oponen. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió denuncias constitucionales contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela y los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia: Henry Ávila, Antonio De La Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala y Luz Tello.
Se trata de una serie de funcionarios públicos y operadores de justicia que serán investigados por el Parlamento a raíz de denuncias interpuestas por los propios congresistas.
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Denuncias constitucionales fueron presentadas por congresistas
Tal es el caso del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, quien fue denunciado por la legisladora Patricia Chirinos por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, al supuestamente haber intervenido irregularmente en una diligencia de exhibición de documentos realizada el 9 de julio de 2018 en la sede de IDL Reporteros, relacionada con la investigación por los denominados «CNM Audios».
De la misma forma, se aprobó el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 480, interpuesta por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi en contra del exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
A Villena Campana se le imputa haber emitido la Resolución 024-2024-MP-FN, mediante la cual otorgó a la fiscal Delia Espinoza competencias ampliadas para investigar delitos de corrupción, criminalidad organizada y conexa en casos de altos funcionarios aforados. También se le acusa de no ejercer acción penal ni activar mecanismos de control ante la actuación de la fiscal Espinoza, pese a que esta habría vulnerado la inviolabilidad del voto congresal (artículo 93), lo que configuraría una omisión grave de funciones.
En tanto, a Espinoza se le imputa haber actuado en exceso de sus funciones al emitir la Disposición Fiscal 24, en la cual solicitó al Congreso la relación de votaciones parlamentarias y dispuso la incorporación como investigados a 14 congresistas por hechos vinculados a su labor legislativa. Esto habría violado el principio de inviolabilidad del voto parlamentario.
Exmiembros de la JNJ también se ven afectados
Respecto a los exmiembros de la JNJ, se admitió la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Federico Loyola Florián en contra de los Henry Ávila, Antonio De La Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala y Luz Tello, por la presunta comisión del delito abuso de autorida.
El denunciante alega haber sido víctima de trato arbitrario por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes iniciaron en su contra un procedimiento de revisión especial de su nombramiento como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, pese a que -según sostiene- otro magistrado en las mismas condiciones no fue sometido a dicha revisión.
