Congreso: Perú Libre se queda solo y su proyecto para perseguir fiscales y jueces se estanca

Luego de que la congresista Kelly Portalatino presentara el predictamen para crear el delito de “persecución judicial”, la Comisión de Justicia decidió enviarlo a un cuarto intermedio, frenando así su avance hacia una eventual aprobación en el Pleno del Congreso. La polémica generada en el seno de la comisión fue suficiente para que su presidente, Isaac Mita, retroceda con el fin de “analizar más” la iniciativa legislativa.

Fue una batalla perdida para el cerronismo: solo los congresistas de Perú Libre respaldaron la iniciativa en la sesión.

El proyecto propone la creación de un nuevo tipo penal que sancionaría con entre cinco y ocho años de prisión cualquier posible “manipulación” de la justicia. Según el texto presentado por Portalatino: “El juez, el fiscal o cualquier autoridad política o administrativa que instrumentalice la justicia valiéndose de medios de prueba, de influencia política o ideológica, o de medios de comunicación que tergiversen los hechos reales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”.

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Congresistas se opusieron al proyecto de Perú Libre

La bancada del partido liderado por Vladimir Cerrón vio cómo su proyecto se estancaba ante las críticas de parlamentarios de distintas bancadas. Una de las más firmes opositoras fue Susel Paredes, de la Bancada Democrática Popular, quien consideró que la iniciativa representa un peligro para la independencia de poderes.

“Esto expone a los jueces a ser penalizados. (…) ¿Los vamos a tener amenazados si no sentencian de una manera u otra? (…) Por supuesto que en las cárceles del Perú hay personas inocentes. (…) Pero si sometemos a jueces y fiscales a la posibilidad de ser encarcelados por sus decisiones, estaríamos rompiendo la independencia del ejercicio jurisdiccional. (…) El tipo penal propuesto es ambiguo cuando dice que se instrumentaliza la justicia. ¿Cómo vamos a saber qué comentario en la radio, televisión o periódico puede determinar una decisión judicial? Es imposible saberlo”, argumentó.

La oposición no vino solo desde la centroizquierda. Congresistas de la derecha más conservadora también rechazaron la propuesta de Portalatino, como Martha Moyano (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

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Moyano señaló que ya existen instituciones encargadas de fiscalizar a fiscales y jueces: “No vamos a apoyar un proyecto como este. (…) No debemos usar esto como un instrumento para desprestigiar a una institución ni a quienes ejercen su función conforme a la ley. Además, tenemos a la Junta Nacional de Justicia. Ellos evalúan el desempeño de jueces y fiscales, sancionan cuando corresponde, y abren investigaciones. (…) No entiendo por qué estamos legislando sobre esta materia cuando ya existen otras instancias que pueden destituir a malos magistrados”.

En una línea similar, Muñante indicó que el Código Penal ya contempla sanciones para irregularidades cometidas por jueces o fiscales: “Esto ya está regulado. El artículo 418 trata sobre el prevaricato; el 420, sobre la prohibición de conocer un proceso que ya fue patrocinado; y el 421, sobre el patrocinio indebido. Hay varios artículos que sancionan cuando un magistrado se aparta de sus funciones para instrumentalizar la justicia de manera política o ideológica. (…) Hay buenos jueces y fiscales que podrían ser atacados o perseguidos por una disposición como esta”, señaló el legislador.

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Perú Libre: manotazos de ahogado para salvar el proyecto

Quienes sí respaldaron la propuesta fueron los compañeros de bancada de Portalatino. Waldemar Cerrón, uno de los líderes de Perú Libre, defendió el proyecto como una forma de mejorar el sistema judicial.

“(…) Tres o cuatro jueces y fiscales toman decisiones que afectan a millones de peruanos. Los procesos judiciales duran 5, 10 o hasta 15 años. Hay un desprestigio moral y una mala imagen del sistema judicial, producto del accionar de malos jueces y fiscales. Esta crítica no está dirigida a quienes cumplen correctamente su función. La propuesta está enfocada en aquellos magistrados que han actuado mal”, afirmó.

“Estoy de acuerdo en que existe persecución judicial, pero creo que el proyecto puede mejorarse. (…) Podríamos trabajar una fórmula basada en lo que ya tenemos, para precisar y llevarlo a la práctica. (…) Escuchamos en los medios todo tipo de denuncias contra funcionarios. (…) ¿Acaso jueces y fiscales son infalibles? Tenemos que poner candados para evitar justamente lo que hemos visto en los últimos tiempos”, agregó.

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La comisión de Mita deberá pulir el proyecto de Portalatino, a fin de obtener los votos necesarios que permitan que esta propuesta llegue a debatirse en el Pleno.

Perú Libre y sus intentos por modificar el sistema de justicia

No es la primera vez que Perú Libre impulsa reformas legislativas para someter el sistema judicial. Uno de sus proyectos más controvertidos, presentado por el congresista José María Balcázar, plantea que los jueces no puedan aplicar el control difuso de manera autónoma, sino que deban esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de una norma. Esta modificación al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limitaría la capacidad de los magistrados para dejar de aplicar leyes contrarias a la Constitución, debilitando así la función que actualmente les otorga la Carta Magna. Diversos juristas advierten que esto podría generar una forma encubierta de inconstitucionalidad, al establecer jerarquías entre normas que, por naturaleza legal, son equivalentes.

Paralelamente, el mismo Balcázar ha presentado otro proyecto que busca restringir las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), transfiriendo al futuro Senado —que se instaurará tras las elecciones de 2026— la facultad de nombrar fiscales y jueces supremos. Esta propuesta permitiría que solo 40 de los 60 senadores puedan decidir quiénes investigan y procesan a altos funcionarios del Estado, incluidos los propios parlamentarios. La iniciativa también contempla cambios en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), proponiendo que su presidente sea elegido por el pleno del organismo —y no por la Corte Suprema, como ocurre actualmente— y que sus integrantes no sean jueces ni fiscales en ejercicio, sino jubilados o retirados. Además, amplía los criterios para elegir a los representantes del ámbito académico.

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Estas reformas, impulsadas por congresistas de Perú Libre y respaldadas por figuras del fujimorismo y el cerronismo, buscan modificar tanto la estructura como los procedimientos de las principales instituciones encargadas de garantizar la legalidad y transparencia del sistema democrático. Representan un intento de concentrar el control político sobre la justicia y los órganos electorales, justo en la antesala de las elecciones de 2026.

Delia Espinoza: la otra señalada en la Comisión de Justicia

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue una de las grandes ausentes en la sesión de la Comisión de Justicia. Como se recuerda, la titular del Ministerio Público ya se había ausentado anteriormente de otra sesión de la misma comisión, alegando problemas de agenda. Por ello, su visita fue reprogramada para esta nueva sesión. Sin embargo, Espinoza —quien fue citada para declarar sobre las acciones del Ministerio Público en relación con la matanza de 13 trabajadores mineros en la región La Libertad— volvió a ausentarse.

Su inasistencia generó críticas por parte de varios congresistas, quienes han venido señalándola de forma reiterada. Uno de ellos fue Alejandro Muñante, quien expresó: “Un día te manda a su coordinadora y al siguiente día dice que no va. Eso evidencia una falta de consideración y respeto”, declaró el congresista de Renovación Popular.