Desde Pataz a La Rinconada, el lado oscuro del oro: muerte, corrupción y poder político

Por José Víctor Salcedo Ccama

—¡Hijo de p…! ¡Agáchate más! ¡Al cuello, al cuello! —ordena uno de los criminales, mientras otro apunta y ejecuta a los trabajadores de R&R, uno detrás del otro. ¡Al cuello, dale! Al otro, al cerebro no… al cuello, dale al toque. Al otro… al de allá, al que continúa. Te falta uno más…baboso ¿Oe, y ese de allá? —continúa el que da las órdenes.

—Por favor… —suplica alguno de los hombres que están sudorosos y desnudos, con los ojos vendados, las manos pegadas al cuerpo y arrodillados. El video dura apenas setenta y tres segundos, pero encierra un dolor infinito. Muestra la ejecución de trece trabajadores en una mina de socavón de Pataz, en sierra de La Libertad, el 26 de abril. Lo grabó uno de los asesinos. Circuló por WhatsApp. No se ve solo un crimen, sino una violencia que va más allá de matar.

El escenario fue Pataz, una provincia de 88,000 habitantes, donde los primeros brillos de oro aparecieron en 1980. Así comenzó a escribirse una historia que medio siglo después se ha manchado con sangre y muerte. Cuentan que los mineros informales aparecieron en los noventa y los ilegales, en el 2000. Miles de personas llegaron a Pataz. Cavaron la tierra y abrieron socavones en todas las direcciones buscando oro.

Con el tiempo, surgieron los primeros conflictos por controlar territorios ricos en mineral. La tensión escaló poco a poco y empezaron los balazos. Cinco bandas, equipadas con armas de guerra, se enfrentan por el control del oro: la Jauría, los Pulpos, los Ochenta, los Malditos de Río Seco y la banda del Gato Coté. Unos roban a los otros; los otros se vengan a balazos. Y viceversa.

En el pueblo comentan, como en los cuentos de Poe, de cuerpos descomponiéndose en los socavones, mineros que desaparecieron y a quienes ya nadie busca. La minera Poderosa registra 39 asesinados de mineros formales y en proceso de formalización con quienes hacía negocios. Los pobladores cuentan que allí se mata cualquier día y en cualquier momento. Tal vez por eso, en estos días, de Pataz se habla con gramática de partes policiales y notas necrológicas. Aunque, pensándolo bien, el lenguaje dominante es el plomo.

El colapso del Estado

Dice Harvey Colchado, coronel (r) de inteligencia, que Pataz es la prueba del colapso del Estado. No habla por hablar: denuncia la presencia de organizaciones criminales que extraen oro, controlan rutas, compran armas, explotan a personas. Mafias con poder económico y control territorial.

Al predominio de la violencia, según Colchado, han contribuido las leyes impulsadas por el Congreso. Entre estas las que recortan las escuchas telefónicas a cuatro meses, la que mutila la colaboración eficaz, la que favorece la impunidad. Se puede sumar también la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que encubre a los mineros ilegales.

Nada de esto parece interesarle al gobierno. Gustavo Adrianzén, ex presidente del Consejo de Ministros, negó que los trabajadores de R&R, con vínculos con Poderosa, hubieran sido secuestrados en Pataz y la Policía no hizo mucho por encontrarlos. Tras el hallazgo de los cadáveres, el gobierno reaccionó con lo de siempre: toque de queda, militarización, y le sumó la suspensión de actividades mineras. Ni una palabra sobre el Reinfo, ni sobre la reforma policial, ni sobre el abandono del plan de interdicción.

Colchado dice que a las mafias no se les combate con comunicados ni estados de emergencia, sino, para empezar, derogando las leyes pro crimen, recuperando la inteligencia, desarticulando redes de lavado, trata y tráfico de armas. Pero el Congreso y el Ejecutivo están en otra cosa. Persiguen a sus enemigos políticos. A los que protestan. A las organizaciones de derechos humanos. A los periodistas. No mencionan a los mineros ilegales ni enfrentan a las otras mafias.

706 denuncias de múltiples crímenes y un fiscal

La muerte y el miedo llegaron a La Rinconada, en Puno, antes que a Pataz. Un cuerpo y luego otro empezaron a aparecer tirados en las calles, en los socavones, en las discotecas. Un día de este año, a las cuatro de la madrugada, un hombre armado entró en una discoteca. Buscaba a otros hombres y los encontró. Discutió con ellos, sacó su arma y disparó. Mató a tres: Eduardo Percy Callao Mamani (41), Luis Fernando Yupanqui Mamani (28) y Halder Michael Paredes Mamani (27). Huyó.

La Policía dijo que pudo tratarse de un ajuste de cuentas: Halder tenía antecedentes por tráfico de drogas. Otro día aparecieron dos cuerpos tirados en un descampado de desechos mineros. Habrían sido asesinados dentro de una mina y arrojados como desechos. El año pasado vecinos del sector Llactapata encontraron otros cuatro cadáveres. Asesinados presuntamente en una bocamina y arrojados, esa vez, en un área urbana. Otro posible ajuste de cuentas, según la Policía.

Podríamos seguir contando muertos, pero el escenario también importa. Llegar a La Rinconada es difícil. La mayoría de sus habitantes busca oro en los socavones. Es, tal vez, el primer lugar donde la minería ilegal se impuso. Se encuentra a 5.100 metros de altura, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno. Sobrevivir al frío, al viento, a los accidentes y a la violencia es una hazaña.

Llegan seducidos por el oro. Sin contrato. Con la promesa de encontrar fortuna. En realidad, trabajan 28 días gratis para el contratista y solo dos para sí mismos. Si en esos dos días no hallan oro, se van con las manos vacías. Un mes perdido. Si tienen suerte y encuentran una onza, ganan 3.500 soles —ese es el precio actual. A esta forma de trabajo se le llama “cachorreo”, según la Organización Internacional del Trabajo. Naciones Unidas la define como una práctica análoga a la esclavitud.

Oscar Jiménez Chura, fiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de Puno, señala que situación actual en La Rinconada es resultado de la ausencia del Estado. Los gobiernos de turno, según él, no generan empleo, y la gente se ve obligada a migrar en busca de trabajo. La violencia, en tanto, estalla por disputas por territorios. Grupos, como los Primos, dominan las minas subterráneas con el uso de armas de fuego.

Desde 2011 hasta 2024, la Fiscalía ha abierto 706 expedientes relacionados con minería ilegal. Denuncias por extracción de oro, contaminación de ríos, tráfico de maquinaria, obstrucción a la fiscalización y peligros para la vida. Sin embargo, de esos casos, solo 16 terminaron en sentencia. El problema radica en la falta de personal y recursos. En los dos despachos fiscales de Medio Ambiente en Puno, solo hay un fiscal, un adjunto y un administrativo. Según Jiménez Chura, se necesitarían también un biólogo, un químico, un geólogo y un economista en valorización de datos para lograr resultados oportunos.

US$ 6.840 millones anuales genera la minería informal o ilegal

Los mineros ilegales no son una cosa rara o desconocida. Raro es el trato complaciente que reciben, como si fueran algo lejano o ajeno. En realidad, están más cerca y presente de lo que las autoridades quieren admitir. Diego Macera ha documentado en el estudio “Economías ilegales, el caso de la minería” que estos ganan 6.840 millones de dólares anuales. Esa cantidad es la décima parte del presupuesto público del país, tres veces más que la inversión pública en La Libertad, casi cinco veces más que en Puno. Ahora, cada año, exportan casi 80 toneladas de oro ilegal —una cifra que se ha multiplicado por siete desde 2005.

Según la encuesta de Ipsos de 2024, los peruanos creen que, después del Congreso, son quienes más poder tienen. Su influencia ha alcanzado niveles impensables. Para el abogado y especialista en temas ambientales, César Ipenza, este grupo tiene una bancada multipartidaria en el Congreso. Solo así se entiende que, el año pasado, 87 congresistas votaran por ampliar el Reinfo, pese a su comprobado fracaso: 2.090 mineros formalizados en una década, de casi 90.000 inscritos.

Como dice Ipenza, los mineros ilegales han infiltrado los poderes del Estado. Basta, explica, con revisar quiénes tramitaron las leyes redactadas por ellos o sus asesores; qué partidos respaldaron el Reinfo con la excusa de que se trata de gente pobre que necesita trabajar; qué funcionarios tienen discursos favorables al sector, como el director general de Formalización Minera, Máximo Gallo; qué asesores de mineros han trabajado en el Ministerio de Energía y Minas. Que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, asesoró a los mineros de Madre de Dios. Y que el Tribunal Constitucional no haya declarado inconstitucional la penúltima ampliación del fracaso proceso de formalización.

El fiscal Oscar Jiménez Chura señala que los mineros ilegales aprovechan los vacíos del Reinfo para seguir cometiendo delitos. Esta norma, con sus vacíos legales, fue promovida por los gobiernos de turno y el Congreso, ha dejado a las autoridades con las manos atadas. No tienen otra opción que exceptuar a los mineros de su responsabilidad penal. “El minero ilegal estuvo ayer frente a nosotros, pero gracias al Reinfo es considerado informal y no lo podemos denunciar por minería ilegal. Solo podemos acusarlo por delitos conexos. Es una burla para el Estado”.

Para Zaraí Toledo Orozco, politóloga que investigó las economías ilegales, el gobierno toma decisiones y anuncia medidas sin conocer el problema. “Es evidente que el mayor problema que tenemos es que el Estado está tratando de regular un fenómeno que no conoce: no conoce las características geográficas, no sabe distinguir actores, a un minero artesanal de un grupo criminal”, dijo a La Encerrona.

Dice que la mayoría de las políticas se enfoca en quien extrae el mineral, la persona que más se expone y menos gana. Pero el negocio no termina allí, pues el mineral duplica o triplica su costo cuando llega a las plantas de procesamiento y sale al mercado nacional o mundial. Una política que realmente ataque a las economías ilegales, precisa Toledo, tiene que apuntar a las cabezas: a quienes se benefician de ellas y las financian. Para eso, dice Toledo, es necesario un servicio de inteligencia que permita reconocer a los actores y sus nexos con grupos criminales, políticos y jueces.

Hablamos, según Ipenza, de zonas liberadas. En Pataz, como en La Rinconada, el Estado es débil, o sus autoridades son corruptas y cómplices de las mafias. Son los nuevos VRAEM, como los llamó César Hildebrandt. Territorios donde da lo mismo matar o no.

Necromáquina de destruir frente a la indolencia del Estado

La grabación de las ejecuciones en Pataz no solo muestra un crimen. Es una forma de violencia que va más allá del acto de matar. La investigadora mexicana Rossana Reguillo, especialista en violencia urbana, utiliza el término necromáquina para referirse a ese tipo de violencia extrema, desplegada por el narco en México y otras regiones de América Latina.

En ese nivel ya no basta con matar. Se busca destrozar el cuerpo de manera sistemática y espectacular. Cortar en pedazos, quemar, desaparecer, torturar. No se trata solo de sadismo, sino de un mensaje político. Es como decir: no solo te mato, te niego la condición de cadáver. O: no solo te mato, antes te torturo. No es una eliminación, es una advertencia.

“Es un mensaje para todos: si se resisten, les va a suceder lo mismo”, dice Ipenza. Es el inicio —continúa— de una escalada de violencia como la que vive Ecuador con más crudeza y sadismo. Un escenario donde las mafias sienten que tienen el poder, el respaldo de la política, que son impunes y pueden comprar autoridades. No olvidemos, insiste, que en el pasado ya se encontraron fosas de incineración vinculadas a la minería ilegal en La Pampa, Madre de Dios.

Para Reguillo, la necromáquina no es solo violencia física. Es un dispositivo de poder; combina discursos, estructuras económicas y formas de gobernar a través del miedo. Ese miedo del que se habla en Pataz o en La Rinconada. El que se veía en los ojos del alcalde Aldo Carlos Mariño, cuando casi lloró en vivo en Latina mientras decía:

—Me duele lo que pasa en mi pueblo… Esto jode, esto duele. Basta ya, señores indolentes del gobierno.