Periodistas y organizaciones rechazan ley antiONG que censuran la libertad de prensa: "Es producto de una coalición política"

Alzan su voz. Más de 270 periodistas, editores, medios de comunicación independientes y líderes de organizaciones de 24 países emitieron un comunicado "Perú: el periodismo bajo censura", en el que rechazan la ley que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) promulgada por la presidenta Dina Boluarte el último 14 de abril.

Se trata de la Ley N° 32301, que fortalece a la APCI y le da el poder de fiscalizar el financiamiento y el uso de los recursos de las ONG. Asimismo, atenta directamente contra las personas sin recursos que no pueden acceder a tener defensa legal para afrontar una denuncia contra el Estado por transgredir sus derechos.

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De igual manera, quita el apoyo a los medios de comunicación independientes que realizan investigaciones — como el caso Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y las muertes en las protestas contra el Gobierno de Boluarte — utilizando los fondos de la cooperación internacional. La situación se agrava debido a que será la presidenta quien designará al director de la APCI.

"La norma establece disposiciones que son un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene a la Constitución Política, sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema. En principio, exigir la inscripción obligatoria en la APCI", se lee en el comunicado que fue impulsado por Convoca, IDL-Reporteros, Ojo Público, Epicentro TV y Salud con Lupa, medios que han destapado números casos de corrupción, graves violaciones a los derechos humanos y crímenes ambientales en el Perú y América Latina. Todos son miembros de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN).

En esa misma línea, los más de 270 periodistas señalan que la ley "constituye una herramienta de control político" al entregarle al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar y bloquear los proyectos que financian la labor periodística. De igual manera, la norma prohíbe que los fondos de la cooperación sean utilizados para iniciar acciones legales contra el Estado.

"Esa misma prohibición dejará sin protección legal a periodistas sujetos a acoso judicial. (…) Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público", indicaron.

Ley que atenta la libertad de expresión es "producto de una coalición política"

El comunicado en forma de protesta continúa. Los periodistas señalan que esta ley que, primero, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno, constituye una "coalición política que ha tomado el control de casi todos los aparatos del Estado, pese a tener los niveles más bajos de aprobación y más altos de rechazo".

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Asimismo, los comunicadores enfatizaron que, tanto congresistas como presidenta, han sido expuestos por el periodismo en numerosos y graves casos de corrupción. "Para permanecer en el poder, necesitan liquidar la libertad de prensa silenciando al periodismo", culminaron.

El comunicado también es suscrito por más de 20 organizaciones internacionales como la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), el Pulitzer Center, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Red Centroamericana de Periodistas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Knight Center for Journalism in the Americas, entre otras.