Gobierno de Dina Boluarte oficializa ley que somete a las ONG con fiscalización de la APCI
La jefa de Estado promulgó ley que modifica funciones de la APCI y somete a las ONG a mayor control estatal, pese a críticas por posibles restricciones a su financiamiento y autonomía en el Perú.
La República en GoogleA través de una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que somete al control estatal a las organizaciones no gubernamentales (ONG). La norma ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, ya que establece como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente atenten contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno.
“Esta ley velará por el supremo interés de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”, expresó la jefa de Estado. No obstante, para muchos esta norma representaría un intento de silenciar a las organizaciones que han sido críticas con el Gobierno y que denuncian violaciones de derechos humanos.
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Exdirectores de APCI alertaron sobre peligros de la ley
El hecho de que se imponga un control tan rígido sobre su financiamiento y sus actividades podría plantear serias amenazas a la autonomía de estas entidades, manifestaron algunos expertos. Por su parte, distintos exdirectores ejecutivos de la APCI se pronunciaron sobre la ley y la calificaron como inconstitucional y carente de rigor técnico.
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“A partir de ahora, las entidades que reciban recursos de la cooperación internacional deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo gestionado por la APCI. No se trata de control, sino de claridad; no es fiscalización arbitraria, sino de rendición de cuentas”, señaló Boluarte.
Pero los exdirectores de la APCI advirtieron con anterioridad que la norma podría terminar restringiendo actividades clave, como las informativas, en contextos electorales. Cuestionaron además que la ley se aprobara sin consulta a especialistas y alertaron de una la sobrecarga burocrática impuesta a la agencia. También señalaron que esta medida podría dañar la reputación del Perú ante la comunidad internacional.
¿De qué trata la modificación a la Ley APCI?
Uno de los puntos más críticos de la modificación a la Ley N.º 27692 es que la APCI tendrá el poder de vetar actividades financiadas con fondos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI). Según el nuevo marco normativo, todas las acciones de las ONG deberán contar con la aprobación previa del organismo estatal, bajo riesgo de sanciones que incluyen multas millonarias o la cancelación de su registro.
Expertos en derechos humanos han alertado que esta medida podría ser utilizada de manera arbitraria para censurar iniciativas que incomoden al gobierno de turno. Además, se cuestiona si la APCI tiene la capacidad logística para analizar el trabajo de todas las organizaciones que dependen de la CTI, lo que podría generar demoras perjudiciales para las comunidades beneficiarias.
