Expediente madre del caso Cuellos Blancos del Puerto entra a control de acusación

Cerca a cumplirse seis años de la difusión, en julio de 2018, de los primeros audios de la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el juez Jorge Chávez Tamariz iniciará el control de la acusación que presentó el fiscal Erasmo Benavides Corbetta en el primer expediente del caso, contra 46 operadores, funcionarios de la Corte del Callao y empresarios-litigantes que se beneficiaron de las actividades del grupo.

Este proceso contempla 113 hechos investigados que involucran los delitos de organización criminal, cohecho en múltiples modalidades, peculado, tráfico de influencias, negociación incompatible y corrupción. Además, de siete pedidos de archivo parcial o definitivo de las investigaciones.

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Chávez Tamariz ha declarado que se trata de un caso complejo por el número de acusados y los hechos altamente relevantes que se deben evaluar y que comprende diferentes niveles del sistema de justicia en el país.

Las recargadas labores del séptimo juzgado de investigación

La programación del control de acusación no se pudo realizar antes, según fuentes judiciales, pues el séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional también ve otros casos emblemáticos y mediáticos: al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Edwin Oviedo Picchotito, el ex premier César Villanueva Arévalo y los arbitrajes de Odebrecht.

Además, tiene los casos a los Dinámicos del Centro, al actual congresista José Luna Gálvez, al presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, a Susana Villarán por los peajes, al ex acalde Carlos Burgos y Alfredo Benavides, los Hijos del Tren de Aragua y los Gallegos del Tren de Aragua.

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Los Cuellos Blancos  “Los Cuellos Blancos del Puerto” es descrita por la fiscalía como una organización que nació en la Corte Superior del Callao, bajo el presunto liderazgo del entonces juez superior César Hinostroza Pariachi, que se “estructuró en redes sectoriales que contaban con dos dimensiones, relativas a la cualidad de sus integrantes".

“La primera dimensión era integrada por funcionarios y servidores públicos de organismos del sistema de administración de justicia y, la segunda, era integrada por particulares como empresarios, abogados y otras personas que buscaban satisfacer intereses irregulares a expensas del sistema de justicia: en la Corte Superior del Callao y el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia).

Una red con muchas cabezas

De acuerdo con las investigaciones esta red no tenía un mando centralizado, sino que se trata de una estructura ramificada en múltiples células sectoriales, que cooperan mutuamente para el logro de sus objetivos, con múltiples jefes, algunos de los cuales podría no ser conscientes de su liderazgo, pero si servir a sus fines.

Por lo mismo, no hay un proceso que centralice toda la investigación. La fiscalía investiga el caso en tres niveles. La fiscalía provincial para abogados, funcionarios y empresarios, una fiscalía superior, para los jueces involucrados, y la fiscalía suprema, para los magistrados superiores, supremos e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

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En el expediente que empezará a evaluar el juez Chávez Tamariz se verán las actividades  desarrolladas en la Corte Superior del Callao,  bajo la presunta conducción de César Hinostroza Pariachi y Walter Ríos Montalvo, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, a través del empresario Mario Américo Mendoza Diaz.

Los audios son las principales pruebas de la acusación

Las pruebas que sustentan la acusación son los audios de las interceptaciones telefónicas en tiempo real que se realizaron entre enero y mayo de 2018, el registro histórico de llamadas y geolocalización, los expedientes judiciales y la declaración de colaboradores eficaces, especialmente de Walter Ríos, quien cumple una condena de 12 años de prisión, y otros testigos.

Así las cosas el principal acusado es el empresario textil Mario Mendoza, considerado el “Octavo Consejero” del desaparecido CNM. La fiscalía pide para él una pena total de 14 años y siete meses de prisión por su intervención en 18 presuntos hechos delictivos.

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Mario Mendoza operó en la Corte del Callao, para la solución de procesos judiciales propios y ajenos, y en el CNM (actual Junta Nacional de Justicia), para el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales titulares. A Mendoza se le atribuye ser uno de los hombres claves de la organización que actuaba como nexo y financista.

En los hechos que involucran al CNM, la fiscalía también acusa a los ex asesores Pablo Morales y Miguel Torres, para quienes se pide penas de 17 años, 8 meses y 15 días, cada uno, por supuestamente colaborar en las actividades y logro de los objetivos de Mendoza.

Las actividades de la red en la Corte del Callao

El segundo grupo de acusados lo constituyen los ex funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Callao, que actuaron bajo la conducción de Walter Ríos. Aquí sobresale el caso de Gianfranco Paredes Sánchez  y Jhon Misha, ex asistente y chófer de Walter Ríos, respectivamente. El fiscal Erasmo Benavides pide para ellos una pena total de  34 años, 4 meses y 16 días, en el caso de Paredes por su intervención en 31 hechos y Misha, en 28 presuntos actos delictivos.

Al inicio de la investigación, Gianfranco Paredes, bajo la clave  0108-2018, aparecía como el colaborador estrella de las ex fiscales del caso Rocío Sánchez y Sandra Castro. En mayo de 2022, la fiscal Magaly Quiroz denegó su colaboración eficaz al considerar que la información que entregó no era relevante y habría buscado entorpecer la averiguación de la verdad. La pena que se pide para ellos roza la máxima que permite nuestra legislación penal: 35 años.

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Igualmente, son acusados el ex gerente de administración de la Corte del Callao, Carlos Parra Pinedo, para quien se pide 33 años de prisión, por intervenir en los contratos de trabajo de allegados a la organización.

Para los empresarios y litigantes que se vieron favorecidos en sus procesos judiciales se  pide penas de 4 años 7 meses  de prisión.  El control de acusación podría llevar más de un año, a fin de que el caso quede listo para pasar a la etapa del juicio público que definirá los hechos y la situación jurídica de cada uno de los procesados. 

Audiencia será presencial y con asistencia obligatoria

La fiscalía, la procuraduría, los acusados y sus abogados deben presentarse el 31 de marzo, a las 9:00 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en la cuadra 7 de prolongación de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

En caso de algún impedimento, los procesados deberán informar y justificar la imposibilidad de su asistencia presencial, pero deberán participar de manera virtual. Los abogados se exponen a multas si no asisten y los procesados a que se ordene su captura.
Los abogados pueden oponerse al requerimiento fiscal, observar defectos formales, deducir excepciones y ofrecer pruebas.