Ministros viajan a EE. UU. para reunión con la CIDH sobre informe de las protestas contra Gobierno de Dina Boluarte
El ministro Elmer Schialer y Eduardo Arana viajarán a Washington D.C. para reunirse con la CIDH y presentar avances sobre las recomendaciones que recibieron tras las protestas en Perú.
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Dina Boluarte autorizó el 7 de febrero el viaje a Estados Unidos de los ministros Elmer Schialer y Eduardo Arana, titulares de las carteras de Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. Ambos se reunirán en Washington D.C. con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde abordarán los avances e implementación de las recomendaciones del informe titulado "Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales".
A través de la Resolución Suprema 020-2025-PCM, publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se informó que el ministro Schialer permanecerá en Estados Unidos del 9 al 12 de febrero, en comisión de servicios. Durante su ausencia, se encargará el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Deslilú León.
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Asimismo, mediante Resolución Suprema 021-2025-PCM, Eduardo Arana también viajará a la capital estadounidense del 9 al 11 de febrero, para exponer ante la CIDH los avances del Perú sobre las recomendaciones de dicha comisión, quienes a través de un informe concluyeron que el Estado cometió violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023. En su ausencia, el despacho del Ministerio de Justicia será asumido por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.
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Ambos viajes cuentan con la firma de la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y los respectivos ministros. El canciller peruano también sostendrá diversas reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con el fin de fortalecer la relación bilateral entre ambos países, sobre todo tras las decisiones tomadas por el líder norteamericano Donald Trump. Mientras que el ministro de Justicia también participará en una reunión de coordinación con la Representación Permanente de Perú ante la OEA.
Los costos de viaje de ambos ministros
Dentro de las resoluciones también se informan el costo de los viajes de ambos ministros. El viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, a Estados Unidos tendrá un costo total de $4.937,51 o S/18.357,66. Este monto incluye $3,617.51 para los pasajes aéreos y $1,320.00 para los viáticos correspondientes a los días de su estadía. Los gastos serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, tendrá un costo total de $2,731.05 o S/10.154,04. Este total incluye $2,071.05 por los pasajes aéreos y $660.00 en concepto de viáticos para los días de su estancia en Washington D. C. Al igual que en el caso de Schialer, los gastos serán asumidos por el presupuesto de la cartera que lidera, el Ministerio de Justicia.
CIDH emitió recomendaciones al Estado peruano por violaciones a los DD. HH. en protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó dos visitas a Perú, una en diciembre de 2022 y otra en enero de 2023, para evaluar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
Durante este período, se registraron 477 manifestaciones, y la CIDH advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, señalando que no hubo una respuesta uniforme en todo el país. En varias regiones, como Apurímac, Ayacucho y Puno, se denunciaron violaciones de derechos humanos, particularmente por el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza.
El su informe final, la CIDH recalcó que la mayoría de las víctimas mortales y heridas fueron consecuencia del accionar letal de la Policía y las Fuerzas Armadas. En Ayacucho, en particular, se denunciaron "graves violaciones de derechos humanos" que, según la comisión, deben ser investigadas con un enfoque étnico-racial.
Bajo esa línea, la comisión también concluyó que "existe una fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país donde predomina la población indígena y campesina". Esto, además de las confrontaciones entre los poderes públicos y la crisis de institucionalidad democrática, agudizaron "la polarización y desconfianza de la ciudadanía en las instituciones"
