Dina Boluarte comparece más en la fiscalía que ante los medios de comunicación
La presidenta se muestra reacia a los interrogatorios por lo que ha pedido reprogramación de diligencias, se acoge al derecho al silencio, desarticula los equipos policiales y presenta demandas para evitar que la investiguen.
La presidenta Dina Boluarte ha pasado hasta 190 días sin declarar a los medios de comunicación durante el año 2024. Esto es más de seis meses sin rendir cuentas a la opinión pública, más allá de sus discursos en eventos institucionales, en los que habla pero no responde preguntas.
Sin embargo, en este mismo año ha tenido que comparecer obligatoriamente hasta en siete oportunidades ante el despacho de la fiscalía de la Nación, en las ocho investigaciones fiscales que afronta por presuntos actos de corrupción y violación de derechos humanos en el ejercicio de la función pública.
Esto supone que al menos una vez al mes tuvo que pasar por la fiscalía, durante los 12 meses del 2024. La situación es tan complicada que comenzará el año 2025, respondiendo un nuevo interrogatorio de la fiscalía.
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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela la ha citado a declarar para el próximo jueves, 2 de enero de 2025. El primer día laboral del 2025 tendrá a la presidenta de la República en la sede del Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el centro de Lima, para un nuevo interrogatorio.
Dina Boluarte ha sido llamada a declarar en la investigación que inició el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, del despacho de la fiscalía de la Nación, por el caso "El Cofre" por presunto delito de encubrimiento personal al prófugo líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Una presidenta en conflicto con la rendición de cuentas
La presidenta Dina Boluarte prefiere comunicarse con pronunciamientos que no incluyan preguntas incómodas
Esta situación contrasta con la imagen que la presidenta quiere proyectar ante la ciudadanía. "Trabajamos con las manos limpias y sin mirar las encuestas, no estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, estamos trabajando para poder disminuir la pobreza y la pobreza extrema de nuestra querida patria", afirmó Dina Boluarte, en su discurso durante la ceremonia de graduación de alféreces de la Policía Nacional del Perú (PNP) el 18 de diciembre de 2024.
Sus constantes citaciones al Ministerio Público dicen lo contrario. Luego, con los fiscales y la prensa se muestra igualmente esquiva. El 23 de octubre, tras 105 días desde la última conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte mostró una actitud considerada prepotente hacia los medios de comunicación, limitando las preguntas a una por periodista y criticando la forma en que algunas de ellas fueron planteadas.
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"Tu pregunta es un tanto política, pero la vamos a responder", señaló ante la pregunta de un periodistas sobre las investigaciones de la fiscalía en su contra, a la vez que acusaba al Ministerio Público de haberse convertido en «mesa de partes de alguna prensa» por abrir investigaciones luego de denuncias periodísticas.
Ante las citaciones de la fiscalía, en algunas oportunidades la presidenta ha pedido reprogramación de la diligencia, aduciendo temas de la agenda de la presidencia, en otras, se acogió al derecho al silencio para no autoincriminarse y en otras, si bien pide que la llamen a declarar, luego responde de manera parcial.
El artículo 117 de la Constitución para frenar investigaciones
El Congreso deberá dar trámite a las denuncias constitucionales contra la presindeta
En el desarrollo de esta estrategia, el 25 de julio de 2024, presentó una demanda competencia ante el Tribunal Constitucional contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para que se interprete el artículo 117° de la Constitución que establece las causas por las que un presidente puede ser procesado, mientras ejerce el cargo.
Hasta el año 2022, la Fiscalía de la Nación siempre interpretó el artículo 117 en el sentido de que un presidente en funciones no podía ser investigado. Así lo definieron en su oportunidad los fiscales de la Nación como Adelaida Bolívar, Gladys Echaíz, Antonio Peláez y Pablo Sánchez (primera gestión) y Zoraida Ávalos.
El 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, siempre en el sentido que un presidente en funciones no podía ser investigado, introdujo una ligera interpretación en la norma que posteriormente lo cambió todo. Ávalos consideró que si se podía emitir una resolución de inicio de investigación, en el caso del ex presidente Martín Vizcarra, pero suspendiendo cualquier diligencia respecto del presidente, lo que permitía reunir pruebas hasta que deje el cargo.
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El 2022, con el caso del expresidente Pedro Castillo, la fiscalía deja definitivamente de lado el artículo 117 de la Constitución. El entonces fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez inicia investigación al presidente Castillo por los casos Puente Tarata, lo cita a declarar y desarrolla otras diligencias. Los fiscales de la Nación posteriores, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza siguen esta nueva interpretación.
Los casos del expresidente Pedro Castillo cambiaron la interpretación del artículo 117 de la Constitución
Una interpretación que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de Pedro Castillo y Dina Boluarte. A pesar de lo cual, la actual presidente de la República ha decidido recurrir al TC para evitar que la investiguen.
Adicionalmente, la presidenta tiene en trámite una demanda de Amparo contra el Ministerio Público por las investigaciones de las muertes violentas en las protestas del 2022-2023. En la demanda de Amparo también se cuestiona la nueva interpretación del artículo 117 de la Constitución. La demanda competencia y la Acción de Amparo siguen en trámite.
Sus citas con la fiscalía
El primer abogado de la presidenta, Mateo Castañeda se encuentra detenido por el caso Los Waykis en la sombra
El 28 marzo de 2024, la presidenta Dina Boluarte se vio obligada a acudir a la fiscalía a declarar y mostrar los lujosos relojes y pulseras que venía usando en sus presentaciones públicas, en el llamado caso Rolex. Antes, pidió reprogramar las diligencias, inicialmente previstas para el 26 y 27 de marzo, bajo el argumento de una agenda muy ocupada.
Eso generó que el 27 de marzo, la fiscalía y la policía allanaran su casa en busca de las joyas. Luego, frente a los fiscales decidió ampararse en el derecho al silencio. Los fiscales querían interrogarla sobre su relación con el gobernador regional Wilfredo Oscorima y las circunstancias en que este le entregó los relojes Rolex y otras joyas de lujo.
Por lo cual, el 05 de abril de 2024 tuviera que regresar a la fiscalía, acompañada de su entonces abogado Mateo Castañeda. Esta vez sí habló. Afirmó que las pulseras Bangle y los Rolex no le pertenecían, que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, su hermano, su "wayki" se las prestó, pues ella solo utiliza bisutería fina.
Las investigaciones a Nicanor Boluarte complican a la presidenta
Antes que terminara el cuarto mes del año, el 24 abril de 2024, la presidenta tuvo que regresar a la cuadra 5 de la avenida Abancay. La fiscalía quería preguntarle sobre los cuatro contratos que había obtenido en el programa de apoyo alimentario Qali Warma, su amigo Víctor Torres Merino por 47.000 soles cuando Boluarte se desempeñaba como titular del Midis.
El 15 de mayo de 2024 volvió al despacho del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena para una nueva declaración sobre el caso Rolex. La presidenta volvío a acogerse al derecho al silencio, acusando a la fiscalía de filtrar sus declaraciones a la prensa.
De nuevo, el 28 de mayo de 2024, Dina Boluarte regresa a declarar ante el fiscal Villena sobre la desactivación del Grupo Policial liderado por el coronel PNP Harvey Colchado que apoyaba las indagaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) en casos que involucran a la presidenta, a su hermano Nicanor Boluarte, a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y al exmandatario Pedro Castillo.
De nuevo, el 26 de agosto de 2024 regresa ante a la sede principal del Ministerio Público para declarar sobre presuntos actos de corrupción en los contratos del programa alimentario Qali Warma a favor de su amigo Víctor Torres.
La fuga de Vladimir Cerrón complica a la presidente, pero el partido Perú Libre la apoya en el Congreso
El 15 de octubre de 2024 volvió a acudir a una citación de la fiscalía para aclarar sobre una reunión que había tenido con Patricia Benavides Vargas, cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación. De acuerdo con Jaime Villanueva, la presidenta Dina Boluarte y Benavides habría pactado el archivo de la investigación por delito de genocidio a cambio de confirmar al general Raúl Alfaro como jefe de la policía.
Esta situación podría repetirse o agravarse el 2025. Como hemos dicho ya tiene una primera cita pactada para el 2 de enero. Además, el Congreso deberá dar trámite a las dos denuncias constitucionales promovida por la fiscalía de la Nación. Una por homicidio y lesiones graves durante las protestas sociales 2022-2023 y otra por posible cohecho en el caso de los Rolex.
La fiscalía también deberá definir las investigaciones, lo que provocaría nuevas denuncias constitucionales. Lo que muestra que la estrategia legal de la presidenta no está dando resultados.
