Pedro Castillo: Fiscalía pide al Poder Judicial extender plazo de prisión preventiva para exmandatario

La Fiscalía solicita al Poder Judicial del Perú que amplíe el plazo de prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo de 14 a 18 meses. Esta solicitud surge tras las acusaciones en su contra por un presunto intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario, según la fiscalía, intentó disolver el Congreso y mantenerse en el poder de manera inconstitucional, lo que fue catalogado como un intento de golpe de Estado.

La petición surge después de que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos manifestara su disconformidad con la decisión inicial del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien estableció la duración de la prisión preventiva en 14 meses el pasado 7 de junio.

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Paralelamente, la defensa del exmandatario también ha presentado un recurso de apelación. Solicitan la anulación de la decisión judicial alegando que se introdujeron hechos no postulados originalmente por la Fiscalía Suprema asignada al caso. El abogado de Castillo ha pedido que se declare infundado el requerimiento fiscal y que se revoque la resolución apelada.

Al estar próximo a expirar la medida restrictiva contra Castillo el 6 de agosto de 2025, el juez Checkley ha decidido conceder ambos recursos de apelación y remitirlos a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia superior, en caso de admitir los recursos a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar los argumentos presentados por todas las partes involucradas, incluido el expresidente.

Como se recuerda, Pedro Castillo actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. La acusación fiscal contra él y otros implicados está en la etapa de control, un paso previo a la fase de juicio oral.

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¿Quién es Alejandro Sánchez y cuál es su vínculo con Pedro Castillo?

Alejandro Sánchez es conocido por haber sido un financista importante de Castillo, especialmente durante la campaña presidencial. Además, se le asocia con la "casa de Sarratea", un inmueble en Breña, donde Castillo mantenía reuniones extraoficiales al inicio de su gobierno. Este lugar se menciona en diversas investigaciones como un punto de encuentro para actividades no oficiales relacionadas con el gobierno de Castillo.

En la actualidad el empresario enfrenta acusaciones graves por parte de la fiscalía peruana, que incluyen presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, en el marco de lo que se ha denominado el "Caso Gabinete en la Sombra". Este caso implica una presunta red criminal que habría operado desde el gobierno con el objetivo de manipular contrataciones y licitaciones estatales a favor de intereses particulares. Según las investigaciones, Sánchez, junto con otros financistas y coordinadores, habría tenido un papel central en la planificación y ejecución de estas operaciones ilícitas.

Después de enfrentar órdenes de captura en Perú, Sánchez huyó del país y fue posteriormente capturado en Estados Unidos al intentar ingresar de manera irregular por la frontera con México. Tras su detención, fue expulsado de EE. UU. y enfrenta un proceso de extradición para ser procesado en Perú bajo las acusaciones mencionadas.