Poder Judicial otorga permiso a congresista Roberto Sánchez para que viaje a EE.UU.

El Poder Judicial autorizó al congresista y exministro Roberto Sánchez Palomino a viajar a Estados Unidos para un evento organizado por la embajada de ese país, en la que se le brindará un recorrido por los puertos norteamericanos. Esta autorización de salida del país se debe a que él se encuentra en calidad de investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, por el caso del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“(Se resuelve) autorizar el viaje de Roberto Sánchez Palomino con DNI 16002918, en su calidad de congresista de la República desde la ciudad de Lima a los Estados Unidos de Norteamérica, por los días comprendidos del 11 al 19 de mayo de 2024, debiendo dar cuenta a este Juzgado Supremo de las actividades realizadas al retorno al país, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de informarse al representante del Ministerio Público para los fines correspondientes”, se lee en el documento.

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El Poder Judicial autorizó al congresista y exministro Roberto Sánchez Palomino a viajar a Estados Unidos para un evento organizado por la embajada de ese país, en la que se le brindará un recorrido por los puertos norteamericanos. Esta autorización de salida del país se debe a que él se encuentra en calidad de investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, por el caso del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

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“(Se resuelve) autorizar el viaje de Roberto Sánchez Palomino con DNI 16002918, en su calidad de congresista de la República desde la ciudad de Lima a los Estados Unidos de Norteamérica, por los días comprendidos del 11 al 19 de mayo de 2024, debiendo dar cuenta a este Juzgado Supremo de las actividades realizadas al retorno al país, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de informarse al representante del Ministerio Público para los fines correspondientes”, se lee en el documento.

Fiscalía pide 25 años de prisión para Roberto Sánchez

Por su parte, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión contra los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior), así como contra los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

En tanto, para el expresidente Pedro Castillo se solicita 34 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Esto por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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En tanto, para los expremier Betssy Chávez y Aníbal Torres se pide 25 y 15 años de pena privativa de la libertad, respectivamente.

Proceso por golpe de Estado avanza rápido

A pesar de que tiene varias carpetas fiscales abiertas por presuntos actos de corrupción, el caso —a nivel del Poder Judicial— que más ha avanzado es el vinculado al frustrado intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva de 36 meses en el penal de Barbadillo. Este jueves 9 de mayo se dará inicio a la etapa de control de acusación, un paso más cerca a una eventual condena. Fuentes consultadas por este medio estiman que condena en primera instancia podría darse a fines del 2025.

En esta nueva etapa, luego de que el fiscal efectuara la acusación formal correspondiente contra el imputado ante el juez, el Ministerio Público procede a exponer los cargos o delitos que se le incriminan al acusado y se presentan los medios probatorios. No es un enjuiciamiento en sí mismo, sino una etapa previa de admisibilidad en la que el magistrado determina si existen suficientes pruebas para llevar a cabo el juicio oral.

Ya transcurrió casi año y medio desde que se cometió el delito el 7 de diciembre de 2022, el caso ya está pasando a la etapa de control de acusación, por lo que el expresidente Pedro Castillo podría recibir una condena en primera instancia a fines de 2025.

En tanto, el plazo de prisión preventiva de 36 meses, el máximo contemplado por ley, aplicado al exmandatario podría vencer poco después de la primera sentencia y antes de que se confirme en una segunda.