Pedro Castillo: proceso por golpe de Estado avanza y podría ser sentenciado en el 2025
El 9 de mayo se dará inicio a la etapa de control de acusación. Tras culminar esta etapa, se iniciaría el juicio oral, el cual podría culminar con una condena en un proceso que avanzó muy rápido en comparación con los casos seguidos contra otros expresidentes.
A pesar de que tiene varias carpetas fiscales abiertas por presuntos actos de corrupción, el caso —a nivel del Poder Judicial— que más ha avanzado es el vinculado al frustrado intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, actualmente bajo prisión preventiva de 36 meses en el penal de Barbadillo. Este jueves 9 de mayo se dará inicio a la etapa de control de acusación, un paso más cerca a una eventual condena. Fuentes consultadas por este medio estiman que condena en primera instancia podría darse a fines del 2025.
En esta nueva etapa, luego de que el fiscal efectuara la acusación formal correspondiente contra el imputado ante el juez, el Ministerio Público procede a exponer los cargos o delitos que se le incriminan al acusado y se presentan los medios probatorios. No es un enjuiciamiento en sí mismo, sino una etapa previa de admisibilidad en la que el magistrado determina si existen suficientes pruebas para llevar a cabo el juicio oral.
De acuerdo al experto en derecho penal Andy Carrión, ya transcurrió casi año y medio desde que se cometió el delito el 7 de diciembre de 2022, el caso ya está pasando a la etapa de control de acusación, por lo que el expresidente Pedro Castillo podría recibir una condena en primera instancia a fines de 2025: “Yo creo que tomaría un año o año medio hasta obtener eventualmente una sentencia en una primera instancia, quizá dos para obtener en una segunda instancia para que esta sentencia sea firme”, dijo en diálogo con La República.
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En tanto, el plazo de prisión preventiva de 36 meses, el máximo contemplado por ley, aplicado al exmandatario podría vencer poco después de la primera sentencia y antes de que se confirme en una segunda.
Al respecto, Andy Carrión explica que, pese a que haya una demora y venza el plazo de la prisión preventiva de Pedro Castillo antes de la decisión en segunda instancia, el exjefe de Estado igual se mantendría en prisión porque “las sentencias en primera instancia son de obligatorio cumplimiento de manera inmediata. Si en primera instancia lo condenan, esta tendrá que ejecutarse al instante y esperaría la segunda instancia ya en prisión”.
Caso de Pedro Castillo avanza rápidamente
La etapa de control de acusación estará a cargo del juez Juan Carlos Checkley, a nivel de la Corte Suprema, el cual iniciará el próximo 9 de mayo. En tanto, la Fiscalía de la Nación solicitó 34 años de cárcel para Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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Carrión comenta que “el motivo de que haya avanzado tan rápido (este caso) es por la modalidad de la comisión del delito porque fue cometido en flagrancia. Todos los peruanos fuimos testigos de la comisión de este delito, hay testigos presenciales que estuvieron con el expresidente Castillo, hay cruces de información, hay evidencia que en flagrancia es más rápidamente recabada a diferencia de otros delitos”.
En síntesis, la flagrancia del delito y la rapidez con la que se recabaron las pruebas ayudaron a acelerar la investigación: “Es por eso que siendo el último de los delitos que se le imputa, haya sido paradójicamente el primero que haya avanzado. Es precisamente en relación a la flagrancia y a la rapidez de cómo se recabaron las evidencias”.
Casos de otros expresidentes que se encuentran judicializados
Uno de los juicios que tiene más avanzando el expresidente Alejandro Toledo es el que se le sigue por las investigaciones del caso Lava Jato. Este se encuentra a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional y se estima que su etapa de juicio oral podría empezar en octubre de este año. Si se desarrolla en los tiempos previstos, este podría concluir este año.
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Toledo Manrique está acusado de los delitos de colusión y lavado de activos, por solicitar y recibir un soborno de hasta 35 millones de dólares para adjudicar los contratos de la interoceánica Sur, tramo 2 y 3 a la empresa brasileña Odebrecht. La Fiscalía ha pedido una pena de 35 años.
De los otros procesos del caso Lava Jato, el juicio al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia se complicó en octubre, cuando el juzgado colegiado tuvo que prescindir de las declaraciones de los directivos de Odebrecht: Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas Alves, Raymundo Trindade y Jorge Barata. El juicio continúa y una sentencia podría emitirse durante la segunda mitad del año. Aunque, sin las testimoniales de los brasileños, el desenlace del proceso es incierto.
En tanto, el juicio contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los delitos de lavado de activos y organización criminal en el Caso Cócteles iniciará el 1 de julio del presente año. En este también se encuentra involucrado la cúpula de Fuerza Popular por los aportes de campaña electoral que habrían tenido un origen ilícito. Se estima que el proceso será largo y engorroso con un desenlace que recién se estaría dando más allá de las elecciones generales de 2026.
