Renovación Popular plantea amnistía para militares y policías procesados por violación de derechos humanos
Jorge Montoya busca beneficiar a las personas acusadas de cometer crímenes entre 1980 y 2000 en el marco de la "lucha contra el terrorismo".
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El congresista Jorge Montoya, representante de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca otorgar amnistía a miembros de las fuerzas del orden y funcionarios del Estado denunciados por delitos cometidos durante la época de violencia política, entre los años 1980 y 2000, y que aún no han recibido una sentencia.
El referido proyecto de ley, con numeral 7549, se denomina 'Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000'.
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La propuesta indica que, "habiendo transcurrido 24 años, estos hechos no pudieron ser investigados, procesados ni sancionados conforme a la legislación aplicable en ese momento".
Tal situación requiere de regulación porque "quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones o procesos interminables carentes de racionalidad y justicia", fundamenta el proyecto.
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¿A quiénes busca beneficiar el proyecto de ley?
El proyecto de ley establece la amnistía "de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años de edad que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución, con pena privativa de la libertad o suspendida por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, entre los años 1980 y 2000, aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado".
Estos son los fundamentos del proyecto
La propuesta legislativa indica que la amnistía se aplicaría a aquellos que, después de más de 24 años, siguen siendo investigados por posibles violaciones a los derechos humanos. Esto refleja una aparente ineficacia del sistema judicial para probar las acusaciones contra los individuos que actuaron en defensa del orden constitucional y la democracia, según el proyecto.
Al respecto, la iniciativa legislativa indica: "Debemos recordar que el 100% de los hoy procesados por lamentables hechos violatorios de los derechos fundamentales de peruanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo no intervinieron de manera espontánea o por interés propio, sino en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus respectivas actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno que detentaban en aquel entonces".
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La propuesta añade que en "el sistema judicial actual no se contempla un plazo de 24 años para la investigación y sanción de delitos. Por lo tanto, no resulta razonable ni aceptable mantener indefinidamente investigaciones y procesos judiciales, con las correspondientes restricciones a la libertad, sin alcanzar un resultado definitivo y acorde con los principios de justicia".
Asimismo, destacó "la necesidad de implementar medidas legislativas que aborden la situación de injusticia en la que se encuentran miles de policías, militares y otros funcionarios estatales, que en cumplimiento de sus deberes enfrentaron el terrorismo y sus secuelas de violencia, muerte y pobreza. Estas circunstancias son desconocidas por muchas de las generaciones actuales".
