Alcalde de Miraflores pide ‘donativo’ a empresas para que sigan construyendo
Caro capricho. Son más de 100 los proyectos suspendidos o paralizados y miles de trabajadores los afectados por medidas adoptadas por el burgomaestre Carlos Canales. Su vocero afirma que se limitan a aplicar la ley y que solo son 5 las obras paralizadas. El Indecopi emitió resolución indicando que las ordenanzas miraflorinas son una “traba burocrática ilegal”.
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Una ordenanza de la Municipalidad de Miraflores que interpreta de forma arbitraria una sentencia del Tribunal Constitucional ha originado la suspensión de proyectos inmobiliarios o la paralización de obras en ejecución, además de dejar sin trabajo a miles de trabajadores de construcción civil.
El 11 de julio del 2023, mediante la Ordenanza 610, el municipio miraflorino se atribuyó facultades para suspender o paralizar obras en ejecución de todos los proyectos de vivienda social, argumentando presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias. La ordenanza se basaba en una interpretación propia de la Sentencia 302/2023 del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la mencionada sentencia, los nuevos proyectos que no cuentan con un anteproyecto en trámite o carecen de licencia deben cumplir con los alcances de altura y zonificación municipal. Pero el TC dice específicamente que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, y este es el nudo de la controversia, el alcalde Carlos Canales decidió aplicar el fallo del TC sobre los proyectos que estaban en curso, lo que ha originado un conflicto con los desarrolladores, los constructores, las inmobiliarias, los trabajadores y, especialmente, los propietarios de los departamentos que siguen pagando las mensualidades.
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Ante la avalancha de apelaciones, quejas y denuncias ante la Municipalidad de Miraflores, el Poder Judicial, el Indecopi y la Contraloría General de la República, entre otras instancias, por parte de los afectados, el municipio emitió el Decreto de Alcaldía 001-2024 para tratar de resolver el problema. Se ofrece a las empresas proseguir con los proyectos inmobiliarios, siempre que “reconozcan” haber cometido irregularidades, y entreguen una “donación” (artículo 15.1).
Para el vicepresidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Rafael Simpson, la ordenanza es casi una extorsión: “Todos los proyectos inmobiliarios han sido aprobados legalmente. Entonces, ¿por qué los empresarios tenemos que aceptar una culpa que no existe? Es inaudito. Esa ordenanza busca que el empresario inmobiliario acepte una culpa de algo que no ha cometido. Lo que se busca es que se paguen unas multas exorbitantes. Nosotros hemos recomendado a nuestros asociados que no paguen”, dijo a La República.
El gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Arévalo Sánchez, coincidió en rechazar la indicada ordenanza del municipio miraflorino: “Si alguien reconoce una falta, ¿recibe el perdón haciendo un pago? Lo más curioso de esa ordenanza es que dice que si reconoces tu culpa, me tienes que hacer una donación. ¡Y lo dice así expresamente la ordenanza!”, indicó a este diario.
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En efecto, el Decreto de Alcaldía 001-2024, firmado por el mismo burgomaestre Carlos Canales, del 4 de enero de este año, señala que las empresas que reconocen su “responsabilidad” deben firmar un “documento de compromiso”, aceptando haber “afectado” a la comunidad miraflorina, y le ofrece la oportunidad de “reivindicarse” haciendo donaciones de diverso tipo. De no hacerlo, procederá a la demolición de la obra.
El gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, Lino de la Barrera, confirmó los alcances del decreto de alcaldía mencionado: “Pongo un ejemplo sencillo. Si de la noche a mañana viene una constructora y le dice que le va a levantar un edificio de 25 pisos al lado de su casa, con departamentos de 40 metros y sin estacionamiento, ¿cuál va a ser la consecuencia natural de eso? Primero, las zonas libres que usted tenga alrededor de su casa van a ser afectadas. Algunos de los vecinos llegarán con vehículo. ¿Dónde los van a estacionar? En el parque. Además, todas las redes de agua y desagüe serán afectadas porque llegarán 100 personas más”, explicó a este periódico.
Afectados. Los trabajadores de construcción civil han protestado ante el municipio de Carlos Canales. Foto: difusión
“Entonces, para tratar de compensar esa afectación, Miraflores sacó un decreto de alcaldía que dice lo siguiente: Señor constructor, ya que usted ha construido mal, a mí me corresponde demoler lo que usted ha hecho, porque eso es un derecho que está en la norma municipal. Yo debería demoler lo que usted ha hecho. Pero si demuelo, le genero un problema a quienes han comprado departamentos en planos, y se genera un problema a todos los vecinos. Entonces, le ofrezco cambiar la medida de demolición por una compensación aplicable a todos los vecinos de la zona de impacto del edificio. Por ejemplo, mejoras en pistas, veredas e iluminación. Vale decir, lo que estamos promoviendo es la convivencia pacífica”, completó Lino de la Barrera.
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El 20 de julio del 2023, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi determinó que la suspensión de licencias de edificación constituye una barrera burocrática ilegal. Sin embargo, Miraflores ha mantenido la vigencia de sus ordenanzas cuestionadas por inmobiliarias, constructoras y también por los trabajadores del sector. Estos señalan que virtualmente han quedado desempleados.
El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y actividades Afines del Perú (Fetraccaap), Raúl Rojas Najarro, relató a La República el impacto de la controversia con el municipio miraflorino.
“En Miraflores son muchos los proyectos paralizados, los proyectos de ejecución y los proyectos que ya estaban prontos a iniciarse. Estamos hablando más de 100 proyectos. Nuestra federación aglomera por lo menos a 115 sindicatos en todo el país. Tenemos afiliados que trabajan directamente en los proyectos y hoy en día están perjudicados. El año pasado fue duro. Hicimos cuatro jornadas de lucha en busca de la flexibilidad del municipio de Miraflores para que derogue las ordenanzas que paralizan las obras y afectan a los trabajadores”, manifestó el dirigente.
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Según los cálculos de Raúl Rojas, los trabajadores afectados en Miraflores serían 15.000, a los que se deben sumar otros 5.000 trabajadores indirectos, porque la construcción civil funciona como una cadena.
“Como federación hemos presentado una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial justamente contra la Municipalidad de Miraflores, que ingresó el 16 de enero del 2024. Es que los trabajadores de construcción civil en Miraflores están muy golpeados por las ordenanzas municipales y por el manejo que viene desarrollando el alcalde de este distrito”, dijo el dirigente.
El gerente de Asesoría Legal del municipio miraflorino, Lino de la Barrera, informó que se había reunido con los trabajadores para abordar el conflicto: “Les hemos dicho la verdad. ‘Señores, esto está judicializado. Ya nada puedo hacer yo’. No les podíamos mentir”, relató.
“Lamentable, no nos hemos reunido con el mismo alcalde. En lugar de presentarse, mandó a sus funcionarios. Conversamos y no nos solucionan nada”, expresó el dirigente de trabajadores de construcción civil.
Reacciones
Rafael Simpson, Vicepresidente de ASEI
“Todos los proyectos inmobiliarios han sido aprobados legalmente. Entonces, ¿por qué los empresarios tenemos que aceptar una culpa que no existe? Es inaudito”.
Lino de la Barrera, Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores.
“Todos los proyectos inmobiliarios han sido aprobados legalmente. Entonces, ¿por qué los empresarios tenemos que aceptar una culpa que no existe?”.
Raúl Rojas Najarro, Secretario general Fetraccaap
“Hemos presentado una acción de amparo contra la Municipalidad de Miraflores, porque los trabajadores están muy golpeados por las ordenanzas”.
Jorge Arévalo Sánchez, Gerente general de Capeco
“Lo más curioso de esa ordenanza es que dice que si reconoces tu culpa, me tienes que hacer una donación. ¡Y lo dice así expresamente la ordenanza!”.
Periodista de investigación del diario La República. Soy Comunicadora Social egresada de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM. Llevo 23 años realizando la labor de reportera en la Unidad de Investigación del diario, donde me he especializado en abordar temas de seguridad nacional, derechos humanos, narcotráfico y terrorismo.
