Andy Rodríguez actuó por órdenes superiores y está protegido
Reglaje y chuponeo. El fiscal superior Jorge Luis Díaz Cabello solía referirse a él empleando la expresión “nuestro kamikaze”, lo que supone un fiscal dispuesto al suicidio legal para cumplir lo que sus jefes inmediatos le solicitaran, aunque eso fuera en contra de la ley, el debido proceso y la libertad de información.
Kamikaze, la palabra japonesa utilizada para referirse a los pilotos suicidas de la segunda guerra mundial, era el alias que el fiscal superior y excoordinador general del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto Jorge Luis Díaz Cabello utilizaba para referirse al fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez.
“Andy es nuestro kamikaze” fue la frase que habría mencionado Díaz Cabello, recuerda un asistente de función fiscal, cuando un colega se quejó del trabajo de Rodríguez Domínguez. ¿Sobre qué reclamaba? El asistente no recuerda o ya no quiere contar más.
Protegido
Esa palabra describe muy bien lo que Rodríguez hizo el 5 de abril del 2023 al ordenar una videovigilancia y seguimiento a dos periodistas sin un elemento o indicio válido de que estuvieran participando en la reconstitución o integración de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una red de corrupción jurídica.
Ilegal. Andy Rodríguez no justificó la investigación. Foto: difusión
Es claro que se sentía protegido. Todos los indicios apuntan a que no actuó por iniciativa propia. Diversas fuentes lo señalan como un operador del excoordinador del Equipo Especial Jorge Díaz Cabello, y a este, de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El abogado de Benavides, Jorge del Castillo, escribió en la red Twitter: “Más parece que (el) periodista tiene otras complicaciones con ‘Cuellos Blancos’”. Del Castillo no identificó a qué periodista se refería.
Es cierto, un periodista, como cualquier ciudadano, puede ser investigado en caso de que existan evidencias objetivas de que ha cometido, está cometiendo o planifica cometer un crimen o integra una organización criminal.
PUEDES VER: Hubo reglaje y chuponeo a periodistas en la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación
Una nota
Pero en las resoluciones emitidas por el fiscal Rodríguez solo se consignan dos artículos periodísticos como evidencias de los supuestos actos ilícitos.
Sin embargo, ejercer el periodismo, buscar información y difundirla, informar o criticar sobre la actuación de jueces y fiscales, que es lo que hicieron Juan Carlos Tafur y César Romero, no es un acto ilícito, en un país democrático.
Ayer solicitamos al tercer despacho del equipo especial una copia de la carpeta fiscal 87-2023 para conocer todos los detalles de la investigación y los reportes de inteligencia emitidos de abril hasta noviembre.
En los documentos a los que hemos tenido acceso hasta hoy, la resolución de archivo del 23 de noviembre de 2023 y la resolución de inicio de investigación del 5 de abril de 2023, no aparece ningún indició revelador de que los periodistas estuvieran participando en algún acto ilícito.
Es claro que el caso Cuellos Blancos del Puerto solo fue un caparazón legal para vigilar a los periodistas por su trabajo: las mencionadas resoluciones fiscales indican que se les investiga y vigila por la publicación de un solo artículo el 23 de marzo en el portal web Sudaca y el 30 de marzo en el diario La República.
Además, fueron publicados en dos medios distintos no relacionados. Juan Carlos Tafur es un reconocido periodista y columnista que ha dirigido diversos medios impresos, programas de televisión y radio, y es actual director fundador del portal web Sudaca. César Romero es redactor y editor de la sección judicial de La República, con más de 30 años cubriendo el sistema judicial.
El fiscal Andy Rodríguez no indica de qué manera un artículo periodístico puede contribuir a la reorganización de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Además, de acuerdo con las averiguaciones de la Fiscalía, esta red estuvo integrada por jueces, fiscales, abogados, políticos y terceras personas que buscaban beneficios económicos o poder político a cambio de interferir ilícitamente en el resultado de los procesos judiciales.
Luego, la interferencia a la labor del equipo especial ha estado dentro de la misma institución. Ni los periodistas ni sus notas han estado detrás del continuo cambio y rotación de fiscales.
La SIP e IPYS exigen una investigación del espionaje
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el espionaje de periodistas en el Perú, ordenado por la autoridad del Ministerio Público con la intención de criminalizar a la prensa.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, condenó el espionaje contra periodistas y afirmó que esta práctica “pone en riesgo el trabajo de los medios y compromete sus fuentes de información”.
Rock, de La Silla Rota, en México, instó a las autoridades a “investigar, identificar y sancionar a los responsables de esta orden que atenta contra la libertad de prensa”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que “se trata de un caso de abuso de poder de la fiscal de la Nación, que avaló investigaciones contra periodistas por su línea editorial crítica”. Subrayó que “el espionaje de periodistas es contrario a la jurisprudencia interamericana”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también condenó las acciones de reglaje y chuponeo a periodistas que investigan el accionar del Ministerio Público y exige de inmediato se investigue y sancione a los responsables de estas órdenes que atentan contra el trabajo de periodistas que fiscalizan el poder.
Las copias
Solicitud hecha a la Fiscalía para tener copias del proceso y de los reportes del seguimiento policial.
