Hubo reglaje y chuponeo a periodistas en la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación
Exclusivo. Desde abril, por orden del fiscal Andy Rodríguez se realizó una videovigilancia y seguimiento policial al periodista y editor de La República César Romero. El reglaje también incluyó al columnista y director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur
Desde el 5 de abril hasta el 23 de noviembre del 2023, en la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, el periodista y editor judicial del diario La República, César Romero Calle, y su familia fueron sometidos a acciones de seguimiento y videovigilancia en su domicilio y en su desplazamiento público y a su centro de trabajo, de acuerdo con disposiciones fiscales reservadas, a la que hemos tenido acceso, las últimas semanas.
El reglaje también alcanzó al director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur Rivera, y probablemente a otros periodistas. El seguimiento y videovigilancia fue dispuesto por el entonces fiscal a cargo del primer despacho de la Fiscalía Corporativa de Crimen Organizado, Andy Junior Rodríguez Domínguez.
Las acciones de vigilancia a los periodistas se camuflaron dentro de la carpeta que contiene una investigación al abogado penalista José Luis Castillo Alva por sus vínculos con la red Los Cuellos Blancos del Puerto.
Resolución que da inicio a la videovigilancia
El inicio de la investigación coincide con los primeros informes periodísticos que cuestionaron las decisiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en el Ministerio Público por la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos, la desaparición de su tesis, la falta de precisión en la información entregada a la Junta Nacional de Justicia para su nombramiento como fiscal suprema titular y la difusión de sus llamadas telefónicas con Antonio Camayo y Edwin Oviedo.
Un fiscal de Benavides
Andy Rodríguez Junior Domínguez Rodríguez es fiscal adjunto provincial titular de Arequipa desde el 2018. El 25 agosto de 2022, a poco de asumir como fiscal de la Nación, Benavides lo trasladó a Lima a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público.
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Exactamente, tres meses después, el 25 de noviembre de 2022, el fiscal coordinador del equipo especial Jorge Luis Díaz Cabello lo propone y lo trasladan a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para que forme parte del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto.
Hasta los primeros días de noviembre de 2022, ese despacho había estado a cargo del fiscal Juan Carlos Cabrera Zegovia, a quien supuestamente es cambiado bajo la sospecha de haber filtrado a la prensa el informe que contenía los registros de llamadas de Benavides.
En lugar de Cabrera, entró la fiscal provincial adjunta Edith Ccora Soto, pero antes de completar el mes, dicen, no soportó las presiones de Díaz Cabello, renunció y la enviaron a una fiscalía de Ventanilla.
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Rodríguez Domínguez permaneció en el equipo especial hasta el 15 de julio de 2023. Al concluir su designación no lo regresan a Arequipa, como es usual. Por ejemplo, cuando en septiembre sacan a la fiscal Magaly Quiroz del equipo especial, a ella la retornan a Lambayeque.
En el caso de Rodríguez, la fiscal de la Nación lo mantiene en Lima, para lo cual crea una fiscalía temporal especializada en ciberdelincuencia en Lima Centro, a la cual lo designan, con reserva de su plaza en Arequipa.
Criminalizar la noticia
La investigación se realizó en estricto secreto. Recién empezamos a conocer su existencia el 27 de noviembre del 2023. Ese día, se notificó en mi domicilio una resolución con fecha 23 de noviembre de 2023, que archiva la investigación.
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Resolución que archiva la investigación a los periodistas
La Fiscalía informa a los periodistas que la investigación se archiva al no existir delito alguno
A partir de la notificación de archivo hemos podido reconstruir y corroborar lo que hizo el fiscal Andy Rodríguez. La investigación se sustenta en un artículo sobre presiones indebidas publicados en el portal Sudaca y el diario La República en marzo del 2023.
La nota periodística de La República, del 30 de marzo de 2023, da cuenta que el fiscal Abelardo Caycho Ramos de la Fiscalía Corporativa de Santa Rosa, Callao denunció que los fiscales Andy Rodríguez y su adjunto Max Castro Huamán lo presionan para que resuelva una investigación contra el detenido expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo en el sentido que ellos querían.
Andy Rodríguez y Max Castro pueden tener razones válidas para querer una resolución en determinado sentido. Pero un fiscal no puede presionar a otro fiscal. Eso es una falta grave, más allá de los participantes. Investigar un crimen no justifica cometer otro crimen. La denuncia de Caycho Ramos sigue en investigación.
Además, Rodríguez cita el informe N° S/N-2023-FSCECCOR-CALLAO-MP-FN-E1-MACH de fecha 20 de marzo del 2023 emitido por el fiscal adjunto Max Alejandro Castro Huamán. En este informe se pone “en conocimiento hechos irregulares presuntamente cometidos por una fiscal adjunta” —a la que no se identifica—, quien habría buscado tener acceso a diversas carpetas y disposiciones fiscales, que no eran de su competencia.
De acuerdo con el fiscal, los artículos periodísticos demostrarían que la mencionada organización criminal está reorganizándose “en la búsqueda de información relevante de los casos tramitados en este despacho y, a su vez, tendría como propósito desestabilizar el equipo de fiscales, a través de ataques en diversos medios de comunicación”.
Sin embargo, la resolución de inicio de investigación no da cuenta de la información reservada obtenida por la fiscal adjunta que habría llegado a los periodistas y que perturbó la investigación. Los hechos denunciados por Caycho Ramos solo se trataron en un artículo y no hay evidencia alguna de que esa publicación impidiera alguna actuación del equipo especial. Esto es más que un montaje para tener una tapadera legal que permita perseguir a los periodistas.
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Inestabilidad constante
Es evidente que la intención de investigar a los periodistas buscó amedrentarlos, silenciarlos, acallar sus voces críticas y sobre todo conocer a sus fuentes de información. Por eso, Rodríguez se cuida de no incluir sus nombres en la disposición de inicio. Estos quedan bajo el rótulo de “los que resulten responsables”.
Los fiscales Andy Rodríguez y su adjunto Max Castro nunca han enviado una carta aclaratoria negando la autenticidad de la información publicada ni se comunicaron con los periodistas de La República para mostrar alguna incomodidad o señalar algún sesgo en la publicación. En su momento, este periodista solicitó sus descargos, pero no hubo respuesta desde sus oficinas.
Ni ellos ni ninguno de los otros integrantes del equipo especial han negado el clima de inestabilidad en que vivía dicho grupo de tarea desde el ingreso de Benavides a la Fiscalía de la Nación. Existen varias evidencias de que Benavides y sus allegados se dedicaron a desestabilizar al equipo especial de Los Cuellos Blancos del Puerto. Eso nunca le interesó investigar a Andy Rodríguez.
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Contra los periodistas
Tras la salida de Andy Rodríguez aparentemente la carpeta reservada rondó por diferentes despachos. Ningún otro fiscal se interesó en esta investigación, hasta que en noviembre fue asignada al tercer despacho del equipo especial, a cargo del fiscal Cristhian Alfaro Cáceres.
Se pretende criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información
Este fiscal, al revisar los documentos y diligencias reservadas, no encuentra nada ilícito y, por el contrario, al advertir una afectación a la libertad de información resuelve, con fecha 23 de noviembre, el archivo de la investigación. “Al no haberse encontrado ningún indicio revelador o hecho delictivo se procede a no formalizar investigación preparatoria y el archivo de los actuando, notificando a Juan Carlos Tafur, César Romero Calle y los abogados Percy León Alva y José Luis Castillo”, precisa el documento notificado a los interesados.
La resolución de archivo si deja en claro que el objetivo de la investigación eran los periodistas. Alfaro Cáceres subraya que “los actos llevados a cabo no han permitido la verificación de una supuesta actividad criminal, no habiéndose acreditado indiciariamente la comisión de conductas delictivas” y que existe el riesgo de “pretender criminalizar el ejercicio del derecho a la libertad de información necesaria en una sociedad democrática”, como lo reconocen diversas sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La videovigilancia no encontró nada ilícito
“Sin perjuicio de ello, subraya, luego de realizadas las diligencias preliminares y vencido el plazo, (…) no se ha identificado ni corroborado los supuestos roles, la división de tareas de periodistas o integrantes de medios de comunicación o de abogados o de personas que actuarían dentro de un plan criminal común, con división del trabajo y con coordinación entre sí y la comisión de algún delito”.
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“No se ha logrado recoger, plasmar ni se ha perennizado, a través de las técnicas especiales de investigación desplegadas (videovigilancia), algunas reuniones entre periodistas, abogados o personas potencialmente sospechosas que indiquen alguna actividad de resilencia (reconstrucción), por el contrario, solo se da cuenta de actividades habituales comunes, como asistir a un centro de trabajo o concurrir a una diligencia”, sentencia el documento.
Chuponeo
De la información que hemos podido conocer, a partir de la resolución de archivo, no se descarta que las acciones de investigación desplegadas por el fiscal Rodríguez Domínguez hayan incluido el levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo histórico y real de los periodistas.
La resolución de archivo habla de hasta seis disposiciones, de acumulación, derivación y separación de carpetas. La carpeta del 5 de abril podría haberse convertido en “madre” y tener otros “hijos, algo usual en el devenir de las investigaciones fiscales, con otros o los mismos periodistas.
Hay un indicio que apunta a actos de chuponeo. En abril del 2023, al solicitar la detención del abogado José Luis Castillo, el fiscal Andy Rodríguez mencionó que el periodista César Romero tiene llamadas telefónicas con dicho abogado.
En esa oportunidad, el juez penal nacional Leodan Cristóbal rechazó los alegatos del fiscal, pues, dijo, que una llamada, sin escuchar su contenido, no demuestra nada, y que "una información periodística es parte de la libertad de expresión de sus autores y dado que un artículo de prensa es un documento no oficial, por tanto, no hay forma de que pueda perturbar o perjudicar un proceso penal".
Pese a todo, Andy Rodríguez volvió a insistir en el tema de las llamadas telefónicas ante la Quinta Sala Nacional de Apelaciones, integrada por los jueces Sonia Torre Muñoz, Jhonny Contreras Cuzcano y María Felices Mendoza. En su resolución, al ordenar la detención del abogado Castillo Alva, el tribunal superior acoge los argumentos falaces del fiscal Rodríguez sobre las llamadas, con mención a un número telefónico que tiene como titular a una persona distinta a este periodista.
Una clara evidencia de ocultar el seguimiento ilícito. Con ese número, la Fiscalía puede negar la existencia de un chuponeo oficial al periodista de La República.
Si me críticas, te investigo
Al margen de los argumentos descabellados del fiscal de Patricia Benavides, como periodista y editor de La República especializado en asuntos judiciales desde 1993 mantengo contacto reiterado y frecuente con abogados, fiscales, jueces y procesados por estricto interés informativo.
Una llamada no demuestra nada ilícito, como puede atestiguar, por ejemplo, la jueza superior Torre Muñoz, con quien converse por teléfono cuando ella fue presidenta de la Corte Superior de Tumbes para un evento académico.
Al abogado José Luis Castillo Alva lo conozco desde el año 2005 por su trabajo como defensor en múltiples procesos judiciales y como autor de libros de derecho penal que son citados en diferentes sentencias de la Corte Penal Nacional y la Corte Suprema, hasta el día de hoy.
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Debo y tengo que hablar con todos los personajes que forman parte del sistema judicial, en busca de información de interés público o para corroborar algún dato. Si somos, en general, críticos de la labor de jueces y fiscales, pero considerar eso como un indicio de un acto ilícito solo criminaliza la libertad de información.
Aquí que no hay nada ilícito que investigar. Lo único que hay es la intención de criminalizar a un periodista y buscar conocer sus fuentes informativas, utilizando los procesos en curso. Si no estás conmigo te investigo, te persigo y escucho tus llamadas, ese es el legado de la administración Benavides y sus partidarios.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Miercoles 20 de Noviembre del 2024