CNDDHH: "Boluarte, Otárola y su grupo terminarán presos por muertes"
Caso Fujimori. Expresidente tiene condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La misma figura de juzgamiento se aplicaría para actual gobernante, según CNDDHH.
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Los voceros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sostienen que tarde o temprano, la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola recibirán una condena penal por las muertes en la represión estatal contra las protestas antigubernamentales de diciembre y enero último.
Los representantes de la CNDDHH pusieron como ejemplo el destino del dictador Alberto Fujimori, quien aún cumple sentencia de 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. La justicia peruana aplicó la figura de la autoría mediata para condenar al mandatario. Que este utilizó a otros (los grupos paramilitares) para cometer los asesinatos.
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Recordaron que fue el movimiento civil a favor de los derechos humanos, el que presionó para que no haya impunidad con el expresidente. 67 fallecidos se cuentan como consecuencia de las protestas.
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"Así como Fujimori está en la cárcel, nosotros podemos decir que tampoco vamos a parar (en la búsqueda de sanción). Y yo podría asegurarles que Dina Boluarte, Otárola y todo ese grupo van a terminar en la prisión", aseveró Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, quien llegó a Arequipa para abordar la situación de los derechos humanos en el Perú.
Dador señala que hay indicios claros de la responsabilidad del Estado en la excesiva represión. Se apoya en las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y otros organismos.
Dina Boluarte y Alberto Otárola. Foto: composición LR/Archivo
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH considera que el método de represión se trató de una política estatal, pues hubo un patrón en el accionar de las fuerzas públicas. Por ejemplo, en las necropsias de las víctimas, se halló que los proyectiles se dirigieron de la cintura hacia arriba, que demostrarían la intención de causar muerte.
Asimismo, cuestionó el uso de armamento de guerra (fusiles) en la represión. "Con eso no puedes salir a disuadir una manifestación. Entonces, eso nos hace pensar que el Estado salió a matar", asegura.
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Remarcó que la responsabilidad recae en los ejecutores, pero también en la cadena de mando, que llegaría hasta la presidenta Dina Boluarte, como jefa máxima de las Fuerzas Armadas. Indicó que la mandataria también sería culpable por no detener el patrón de represión luego que se registraron las primeras muertes. "Ella dice que tiene mando, pero no comando, pretendiendo decir que no podía parar esto, lo cual es mentira", ahonda.
Lentitud
Los representantes de la CNDDHH reconocieron que existe lentitud en el sistema de justicia. Para la abogada de la organización, Mar Pérez, hay una alianza evidente entre la fiscal de la Nación Patricia Benavides y la presidenta Boluarte por dilatar el proceso.
Cuestionan a Defensor del Pueblo
Mar Pérez refirió que podrían recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, en caso no consigan condenas en el ámbito de la justicia peruana.
Los representantes de la CNDDHH, fueron críticos con la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Pérez recordó que Gutiérrez tiene una marcada posición en contra las minorías, como población LGTBI.
