Dina Boluarte: informes internacionales concluyen que hubo ejecuciones extrajudiciales en protestas
Durante el transcurso del año 2023, tres entidades internacionales han emitido declaraciones con respecto a las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022, coincidiendo en que se produjeron abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La presidenta comparecerá ante la Fiscalía el próximo 6 de junio.
Hasta la fecha actual del 2023, tres informes han sido emitidos por organizaciones internacionales comprometidas con la protección de los derechos humanos. Estos informes convergen en un aspecto crucial: se registraron "ejecuciones extrajudiciales" durante las manifestaciones que se iniciaron en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras el intento de golpe de estado fallido del expresidente Pedro Castillo.
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CIDH: "Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe "Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales". En este, consideran que, en Ayacucho, se registraron violaciones a los derechos humanos e indican que estas acciones pueden denominarse ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado.
"En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", se lee en el documento.
HRW: "Muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias"
El informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), titulado "Deterioro letal: abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú", manifestó que el Gobierno peruano habría cometido ejecuciones extrajudiciales contra civiles en las protestas ciudadanas ocurridas entre diciembre y febrero.
"Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron a causa de las heridas sufridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La mayoría de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias según el derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable", refiere la organización.
Además, el informe señala que las autoridades peruanas utilizaron una fuerza excesiva para sofocar las protestas, recurriendo incluso al uso de armas mortales.
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Amnistía Internacional: "Actos deben ser investigados como ejecuciones extrajudiciales"
Este organismo es el que más ha destacado que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en el Perú y pide una investigación como tal en su informe titulado "Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú".
"En el resto de los casos, sucedidos en el centro de Andahuaylas el día 10 de diciembre y el pueblo de Chincheros el día 12 de diciembre, los testimonios de testigos, las declaraciones de la PNP y en el caso de Chincheros, la ubicación de casquillos de munición viva, apuntan a que deben ser investigados como ejecuciones extrajudiciales", remarcan en la página 17.
Según el informe, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera de “suma gravedad” que las propias fuerzas de seguridad puedan privar de la vida a una persona.
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Dina Boluarte declara por el caso protestas este 6 de junio
El Ministerio Público citó a la presidenta Dina Boluarte a declarar sobre protestas este 31 de mayo, pero ella pidió reprogramar la cita. Al respecto, el fiscal adjunto superior, Mario Huamán, aceptó la solicitud y ahora la mandataria declarará el próximo 6 de junio acerca de la investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que han sido previamente documentados en informes de la comunidad internacional.
Dina Boluarte y Alberto Otárola. Foto: composición LR/Archivo
