Encuesta IEP: 49% quiere algunos cambios en la Constitución

La economía, los derechos y la seguridad son los principales temas a cambiar en la Constitución para la mayoría de ciudadanos que apoya una modificación parcial o total a la carta magna en el país, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio consultó a la población del 23 al 26 de mayo y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente, 49% de la ciudadanía cree que es más conveniente para el país hacer algunos cambios a la Constitución y un 31% prefiere cambiar a una nueva carta magna. Solo un 17% de los compatriotas cree que no se debe alterar nada.

Es decir, casi la mitad del Perú prefiere una variación parcial y cerca de un tercio un giro total. Pero si unimos ambos grupos podemos decir que un 80% de los peruanos apoya modificar, sea en parte o en total, nuestra normativa máxima.

En este mayoritario grupo de connacionales favorable al cambio parcial o total, los temas más considerados para variar en la Constitución o incorporar en una nueva se refieren a economía, derechos y seguridad ciudadana.

Un 25% de quienes apoyan el cambio parcial o total opina que la variación o incorporación debería darse en temas económicos: la economía (14% en la encuesta), la lucha contra los monopolios (5%), la relación Estado-empresa privada (5%), la explotación de recursos naturales (3%) y los contratos y propiedad privada (1%).

Un 20% de los peruanos que tienden al cambio en parte o en todo quiere que sea en asuntos sobre derechos: garantizar derechos básicos (7% en el sondeo), derechos laborales (7%), apoyo a comunidades o agricultores (5%), derechos de la mujer o sobre violencia de género (2%).

Un 18% de quienes respaldan el cambio parcial o total destaca temas de seguridad ciudadana: lucha contra la delincuencia (10% entre los encuestados) y penas mayores para delincuentes y violadores (8%).

Un 12% del grupo favorable al cambio se centra en la política: inmunidad parlamentaria y presidencial, no reelección u otros temas (un 4% entre los consultados por el IEP); mayores requisitos a postulantes a autoridades (2%); Poder Ejecutivo (2%); Legislativo (2%); justicia o temas judiciales (2%); equilibrio de poderes del Estado (2%).

También un 12% de quienes prefieren el cambio cree que deben hacerse sobre educación.

Un 10% de quienes quieren cambio piensa que deben ser sobre asuntos de corrupción.

Un 5% de quienes tienden al cambio considera que deben hacerse sobre temas de salud.

Reflexiones

“Vemos que menos de la mitad de los peruanos está a favor de reemplazar la Constitución vigente por una nueva. Esto es un indicador de que estamos lejos de encontrarnos en un ‘momento constituyente’, circunstancia en que exista consenso en favor no solo de reemplazar la Constitución, sino de hacerlo empleando mecanismos que no están contemplados por esta (por ejemplo, una Asamblea Constituyente)”, dice el constitucionalista Omar Cairo, profesor de la Universidad Católica.

“Teniendo en cuenta que, entre el 2016 y la actualidad, se han dado graves crisis por el uso y distorsión de mecanismos que la Constitución establece para control entre los denominados poderes del Estado, es sorprendente que la necesidad de hacer cambios en la regulación constitucional del ejercicio del poder político cuente con el respaldo de un bajísimo porcentaje de ciudadanos”, añade.

“Se muestra un importante -aunque no mayoritario- respaldo a la necesidad de hacer cambios en la parte económica de la Constitución. Esto significa que la ciudadanía no se ha adherido a la prédica -en ocasiones irreflexiva- según la cual la Constitución de 1993 es la explicación del supuesto desarrollo económico peruano y la garantía de su continuidad”, advierte Cairo.

El sueño de la Constitución propia

Análisis de Raúl Asensio, historiador, investigador principal del IEP

Las primeras constituciones, surgidas en la época que los historiadores denominan “revoluciones atlánticas“, eran documentos cortos, sin demasiada retórica más allá del preámbulo inicial, con unas pocas decenas de artículos que establecían los límites del terreno de juego, sin entrar a definir los contenidos concretos de las políticas.

Se consideraba que definir estas políticas era labor de los gobiernos y que la Constitución solo debía fijar los principios básicos de la convivencia. La tendencia actual es exactamente la contraria. Los procesos constituyentes de las últimas décadas han arrojado constituciones cada vez más largas, con centenares de artículos, alto contenido retórico y predilección por incluir cada vez más temas.

Nuestro país no parece ser una excepción. La última encuesta del IEP muestra que, aunque aumenta el apoyo a una reforma constitucional parcial o total, está muy lejos de existir unanimidad sobre el contenido. Para unos, la reforma debería ser esencialmente política, para otros debería ser económica, centrarse en el ámbito social, en la lucha contra la delincuencia, la discriminación, la supuesta degradación moral, la desigualdad o la corrupción.

Lo más probable es que, en un esfuerzo por aunar todas estas demandas, en caso de salir adelante el sueño de la Constitución propia, derive en un documento farragoso, sobrecargado de retórica, con decenas de “nuevos” derechos que nunca pasarán de ser un saludo a la bandera. Un documento inmanejable que a la vuelta de unos pocos años estaremos pensando en cómo cambiar de nuevo.