Defensoría pide investigar contrataciones de presidenta de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Según Panorama, 2 trabajadores del Congreso contratados a pedido de la parlamentaria Rosio Torres (APP) hacen campaña electoral a favor del esposo de la legisladora.
- Gobierno oficializa ley que amplía plazo para afiliarse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026
- “No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado
La Defensoría del Pueblo pidió que se investigue la contratación ‘fantasma’ de 2 trabajadores a pedido de la congresista de APP y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres. Dichos empleados públicos, según denunció Panorama, asisten a mítines y hacen campañas a favor del esposo de la parlamentaria y hoy candidato a gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez.
“El promover o disponer la realización de actividades del personal del Congreso de la República contrarias al objeto de contratación constituye una situación que amerita ser investigada a efectos de esclarecer los hechos, y establecer las sanciones que resulten aplicables”, sostuvo la Defensoría en un comunicado.
TE RECOMENDAMOS
ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La entidad que lidera Eliana Revollar también notificó a la Comisión de Ética a fin de que dicho grupo de trabajo evalué los hechos dados a conocer el último domingo
PUEDES VER: ¿Alianza para el Progreso se divide? César Acuña no recibe respaldo mayoritario en elecciones internas
“Resulta grave para la institucionalidad del Poder Legislativo que se presenten ese tipo de denuncias, que no hacen más que generar desconfianza en la ciudadanía, y mancillar la imagen de tan importante entidad del Estado”, se lee en el comunicado.
La Defensoría hizo hincapié en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe contar con “personal y autoridades con altos estándares de integridad” ya que de esta instancia depende “la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales y realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional”.
Por ello, la entidad hizo un llamado a la Contraloría General de la República a fin de “disponer la ejecución de los servicios de control que correspondan a efectos de determinar si el personal del Congreso de la República, durante el presente periodo parlamentario, viene realizando funciones acordes al objeto de contratación y en la modalidad establecida a nivel contractual”.
