Política

Defensoría pide investigar contrataciones de presidenta de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Según Panorama, 2 trabajadores del Congreso contratados a pedido de la parlamentaria Rosio Torres (APP) hacen campaña electoral a favor del esposo de la legisladora.

Rosio Torres es congresista de la República en representación de la región Loreto. Foto: Congreso
Rosio Torres es congresista de la República en representación de la región Loreto. Foto: Congreso

La Defensoría del Pueblo pidió que se investigue la contratación ‘fantasma’ de 2 trabajadores a pedido de la congresista de APP y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres. Dichos empleados públicos, según denunció Panorama, asisten a mítines y hacen campañas a favor del esposo de la parlamentaria y hoy candidato a gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez.

“El promover o disponer la realización de actividades del personal del Congreso de la República contrarias al objeto de contratación constituye una situación que amerita ser investigada a efectos de esclarecer los hechos, y establecer las sanciones que resulten aplicables”, sostuvo la Defensoría en un comunicado.

La entidad que lidera Eliana Revollar también notificó a la Comisión de Ética a fin de que dicho grupo de trabajo evalué los hechos dados a conocer el último domingo

“Resulta grave para la institucionalidad del Poder Legislativo que se presenten ese tipo de denuncias, que no hacen más que generar desconfianza en la ciudadanía, y mancillar la imagen de tan importante entidad del Estado”, se lee en el comunicado.

La Defensoría hizo hincapié en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe contar con “personal y autoridades con altos estándares de integridad” ya que de esta instancia depende “la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales y realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional”.

Por ello, la entidad hizo un llamado a la Contraloría General de la República a fin de “disponer la ejecución de los servicios de control que correspondan a efectos de determinar si el personal del Congreso de la República, durante el presente periodo parlamentario, viene realizando funciones acordes al objeto de contratación y en la modalidad establecida a nivel contractual”.