Tribunal Constitucional: ¿cuáles son las demandas y procesos pendientes que verán los nuevos magistrados?
Desde la contrarreforma de la Sunedu hasta casos de matrimonio igualitario, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el Congreso tendrán en agenda casos que pueden sentar precedentes para el manejo judicial del país.
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El nuevo Tribunal Constitucional inicia sus funciones con múltiples cuestionamientos, tales como el ocultamiento de más del 80% de los informes de la Contraloría sobre los aspirantes y el desarrollo de una sesión del Pleno del Congreso sin debate ni cuestiones previas, pero, además, con varios casos cruciales que deberá resolver en los próximos cinco años de mandato que les restan.
Los jueces Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich tendrán que revisar problemáticas que incluyen el reconocimiento de derechos civiles y el matrimonio igualitario, así como pugnas entre pueblos originarios y mineras, además de la aplicación de una reforma educativa superior de calidad.
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A continuación, un repaso de estos casos que serán tratados por seis juristas que han accedido al máximo intérprete de la constitución de manera accidentada, entre reclamos, y a escondidas de los medios.
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El caso Susel Paredes
Aunque este no es el único caso sobre demandas de matrimonio igualitario, en los que se pide que se reconozca la unión civil de personas del mismo sexo, es el más representativo. La demanda, presentada por la congresista Susel Paredes ha sido llevada al TC para ser evaluada por los seis magistrados. De los cuales, uno de ellos, Luz Pacheco, es reconocida por tener una tendencia conservadora.
Cabe destacar que, según lo dicho por la exmagistrada Marianella Ledesma, la sentencia del caso de la congresista del partido morado ya se había votado, pero no había alcanzado a publicarse por la premura que se tenía sobre el cambio de mando. Esta demanda, junto a muchas otras, le solicita al Estado peruano el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo, en busca de que se apliquen los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana.
La sentencia sobre el matrimonio de Susel Paredes, llevado a cabo en Miami en el 2019 y que solicita el reconocimiento del Gobierno, es crucial porque permitirá sentar precedentes legales para muchas otras parejas que adoptaron esta modalidad de matrimonio en el extranjero y se encuentran a la espera de la resolución de sus demandas.
El caso de la contrarreforma universitaria
Este es otro caso que queda en manos de los magistrados y que implica de manera seria el sistema educativo en el Perú. Existen dos iniciativas que se están desplegando por parte de dos frentes, con el objetivo de rebatir la decisión tomada por el Congreso de aprobar la “ley que reestablece la autonomía universitaria”, que debilita la labor de la Sunedu al permitir que los representantes de distintas casas de estudios accedan al Consejo Directivo.
Por un lado, se presentó una acción de amparo contra la ley de la contrarreforma, medida que fue presentada en febrero. La audiencia se iba a llevar a cabo en abril; sin embargo, se reprogramó para setiembre de este año.
La segunda opción comprende una propuesta de iniciativa ciudadana, que consiste en declarar la ley aprobada por el Parlamento como una norma que vulnera los derechos de la constitución. Para que se pueda plantear esta situación, es necesaria la recopilación de 5.000 firmas, las cuales ya se empezaron a recolectar el último viernes 13 durante las marchas en contra de la decisión tomada por el Congreso.
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Ambas opciones eventualmente llegarán a manos del actual TC, que tendrá que definir el futuro de la reforma educativa en el país con sus votos.
La consulta previa en actividades extractivas mineras
En una entrevista para La República, el exmagistrado Eloy Espinoza indicó: “La consulta previa es un derecho de los pueblos originarios. Es un tema que se está haciendo cada vez más fuerte”. Espinoza aclaró que ya existen comunidades enteras que se movilizan, como es el caso Las Bambas, que lleva ya casi un mes en situación de protesta.
Este es otro debate que es crucial para el tratamiento del manejo de conflictos sociales que se han estado viendo en los últimos meses y que se mantiene en la agenda del TC por diferentes demandas interpuestas por comunidades originarias.
Un precedente preocupante es el de la demanda de amparo que fue declarada improcedente por el anterior Tribunal Constitucional en marzo de este año, que falló a favor de la empresa minera Cemento Sur S.A., que forma parte del Grupo Gloria, y que le niega a las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucará la posibilidad de supervisar y proteger las actividades extractivas que se realicen en sus territorios.
Teniendo esto en cuenta, los nuevos magistrados se verán expuestos a decidir si continúan en la línea que ha estado tomando el TC anterior, que podría caer en la restricción de derechos, o cambian de rumbo por el bien de la preservación de los pueblos originarios.
