Congreso mantiene agenda contra Pedro Castillo y el equilibrio de poderes

En concordancia con lo avanzado en la primera legislatura en materia de confrontación, el Congreso tiene aún en agenda una serie de iniciativas de ley y de reformas constitucionales cuyo propósito es seguir atacando al presidente Pedro Castillo y afectar aún más el principio del balance de poderes entre Ejecutivo y Parlamento.

Esta agenda se hace más nítida en los proyectos que ya fueron aprobados y aquellos que están en agenda en la Comisión de Constitución, que preside la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez.

En contraparte, este grupo de trabajo mantiene en la congeladora el proyecto de reforma constitucional que presentó en octubre del 2021 el Poder Ejecutivo, con Mirtha Vásquez al frente del Consejo de Ministros, con el propósito de generar una mejor regulación sobre el balance de poderes.

Acusar a Castillo

Un primer grupo de proyectos de ley busca abrir las opciones para que el presidente Pedro Castillo pueda ser investigado por el Ministerio Público e incluso acusado, durante el ejercicio de sus funciones.

Esto, visto en contexto, guarda relación con el objetivo que mantienen varias bancadas del Congreso de sacar del cargo a Castillo, luego de no reconocer los resultados de las elecciones.

Así, por ejemplo, se encuentra en agenda un proyecto de interpretación auténtica formulado por Acción Popular (1249). La iniciativa ingresó al Congreso el pasado 2 de marzo y el autor es Luis Aragón. El parlamentario cusqueño propone hacer precisiones sobre el artículo 117 de la Constitución, estableciendo que los órganos constitucionales o poderes del Estado sí puedan efectuar investigaciones con el fin de determinar responsabilidades penales o civiles por parte del presidente.

Pero no es la única propuesta. El 26 de enero, Patricia Chirinos (Avanza País) presentó un proyecto de reforma (1204), para modificar el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué plantea? Que el presidente sí pueda ser acusado durante su mandato por delitos como corrupción, narcotráfico o violación de derechos humanos.

Desde la misma bancada, Norma Yarrow tramitó el 17 de enero el proyecto 1154, bajo fórmula de desarrollo constitucional del artículo 117, precisando que el presidente sí puede ser objeto de investigación durante su periodo de gobierno.

También el Partido Morado presentó la iniciativa de reforma 918, para que el presidente pueda ser acusado por delitos vinculados con la corrupción.

Todo este bloque de propuestas apunta únicamente al presidente Castillo, quien, por lo demás, es blanco de serias acusaciones por presuntos actos de corrupción.

Los proyectos del Congreso, sin embargo, evidencian un contraste con el vacío de iniciativas en relación con el desempeño mismo de los parlamentarios. Sin ir muy lejos, hay un proyecto (558) que plantea modificar la composición de la Comisión de Ética con integrantes ajenos al Parlamento para evitar el blindaje. El texto se mantiene en la congeladora.

El balance de poderes

Desde el Parlamento también está pendiente de aprobación la reforma constitucional impulsada por Patricia Juárez para eliminar el voto de confianza obligatorio, cuando asume un nuevo gabinete.

El 3 de noviembre, Juárez presentó este proyecto (612) para que el Ejecutivo ya no pueda usar la denegatoria del voto de confianza a un nuevo gabinete como primera crisis, a efectos de avanzar hacia el cierre del Congreso (en caso de una segunda denegatoria).

Juárez hizo aprobar el dictamen de su proyecto el 15 de febrero de este año y solo falta la votación en el Congreso.

Si este dictamen aún no ha ingresado para el debate al Pleno no es porque el Parlamento quiere generar un espacio y tiempo de reflexión. La razón es otra: el bloque fujimorista y afines no tienen asegurados los 87 votos para aprobar esta reforma constitucional.

La eventual aprobación de esta reforma aislada supondría un debilitamiento mayor del principio de balance de poderes. Esto debido a que el Congreso ya aprobó normas que establecen límites a la aplicación de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo.

Los cargos de confianza

Otro aspecto que ha merecido especial atención del Congreso son las designaciones de los ministros y otros cargos de confianza del Ejecutivo.

Si bien Castillo observó la autógrafa, la Comisión de Constitución decidió ir por la insistencia de algunos extremos de la norma. Esto, mientras el Congreso evita sacar leyes que permitan mejorar la idoneidad de sus servidores. Hasta hoy mantienen a trabajadores con altos sueldos sin contar al menos con un título.

Reformas en contra del país y la ciudadanía

Desde que se inició la actual gestión, el principal objetivo de los legisladores ha sido quebrar el balance de poderes regulado en la Constitución.

Así, establecieron parámetros a la aplicación de la cuestión de confianza, a pesar de que la Constitución no establece límites.

También regularon interpretaciones para evitar que la ciudadanía pueda ejercer plenamente el derecho de participación ciudadana.