Los intentos del Congreso para ir en contra del equilibrio de poderes y la cuestión de confianza

El Congreso de la República parece haberse propuesto amenazar el equilibrio de poderes contra el Ejecutivo, ya que desde la Comisión de Constitución han logrado que se apruebe por insistencia en el Parlamento la ley para interpretar la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el 133 de la Constitución, la cual fue ratificada por el Tribunal Constitucional.

Ahora, buscan eliminar la cuestión de confianza obligatoria a fin de que el Gobierno no pueda disponer de su facultad de disolver el Legislativo al presentar su gabinete ministerial tras no ser aprobado en dos oportunidades.

Lo que el grupo parlamentario de trabajo dirigido por Juárez propone es que la representación nacional no tenga responsabilidad de dar el voto de confianza al gabinete una vez que este se presenta ante el Congreso a exponer su política en el plan de Gobierno .

“Le otorga una mayor estabilidad política a los funcionarios públicos en la toma de decisiones en el marco de sus deberes y atribuciones. (...) Será el único responsable de la selección y nombramiento de los ministros”, precisa el texto.

En realidad, este sería un peligro dado que el Ejecutivo goza de facultades a través de las cuales puede cerrar el Congreso, y la denegación del voto de confianza al gabinete ministerial es uno de ellos. Si la representación nacional se lava las manos de esa responsabilidad, resta oportunidad al Ejecutivo y, por tanto, quiebra el balance de poderes.

Congreso anterior también intentó quitarle facultades al Ejecutivo

El 4 de febrero del 2021, el entonces congresista de Alianza para el Progreso Luis Valdez reemplazó a su colega de bancada, Omar Chehade, como presidente de la Comisión de Constitución de la anterior gestión.

Tres meses después, el 4 de mayo, Valdez presentó la iniciativa N° 7624, una reforma constitucional en la que planteaba modificar el mecanismo de la cuestión de confianza, el artículo 132 de la Constitución, que proponía que un ministro pueda acceder a esta por un proyecto de ley, pero la denegatoria ya no genera su renuncia.

El 11 de mayo fue aprobado en el grupo parlamentario de trabajo en mención con 11 votos a favor (de APP, Somos Perú, Podemos Perú, Acción Popular y Unión por el Perú) dos en contra y dos abstenciones.

Antes de la quincena de junio -el 10 para precisar- el dictamen fue debatido en el Pleno, pero no logró obtener los votos suficientes para ser aprobado y se desestimó con 80 votos a favor, 30 en contra y cuatro abstenciones.

Valdez volvió a la carga para promover el desbalance de poderes

Tras su fallido intento, el 14 de junio Luis Valdez trató, una vez más, atacar la cuestión de confianza junto al exlegislador Manuel Merino (Acción Popular). De esta manera, presentó un proyecto de ley para la interpretación del artículo 132 de la Constitución, en donde originalmente señalaba:

“Interprétese que la facultad del Poder Ejecutivo de plantear cuestión de confianza sobre la aprobación de iniciativas no puede referirse a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, entre las cuales se encuentra la de aprobar reformas constitucionales”.

No obstante, esta iniciativa tenía como objetivo que el Poder Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza para la aprobación de reformas constitucionales.

El 22 de junio y pese a no ser correctamente examinado ni discutido, la comisión de Constitución lo aprobó de forma exprés con ocho votos a favor de los exparlamentarios Luis Valdez, Tania Rodas (APP), Fernando Meléndez (APP), Carmen Omonte (APP), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Martha Chávez (Fuerza Popular), Jim Mamani (Nueva Constitución) y Alcides Rayme (Frepap).

Los intentos de aquel grupo parlamentario fueron en vano, pues el 30 de junio del 2021, día en que se debatió el tema, el Congreso terminó por rechazar, nuevamente, el dictamen impulsado por Valdez con solo 30 votos a favor, 63 en contra y 13 abstenciones.

El escenario de ahora parece ser completamente diferente, ya que, pese a la demanda de inconstitucionalidad que planteó el Ejecutivo contra lo aprobado por el Congreso sobre la cuestión de confianza, gracias al TC esto seguirá su curso. Pero la Comisión de Constitución no se ha quedado satisfecha y va por más.