Política

Tribunal Constitucional podría anular fallo que invalidó indulto a Alberto Fujimori

Escenario. Magistrado José Luis Sardón es el ponente. En caso de un empate dirimiría su presidente, Augusto Ferrero. En esta coyuntura, el condenado exmandatario se recupera en la clínica.

Sala 2. Ferrero, Ledesma y Sardón decidirán si se admite o no el habeas corpus contra la sentencia del PJ que dejó sin efecto el indulto que, en el 2017, le dio PPK. Foto: difusión
Sala 2. Ferrero, Ledesma y Sardón decidirán si se admite o no el habeas corpus contra la sentencia del PJ que dejó sin efecto el indulto que, en el 2017, le dio PPK. Foto: difusión

Ocho días después de postergarse la vista de la causa del habeas corpus presentado por Alberto Fujimori ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la resolución que anuló su indulto, el condenado exmandatario sufrió una descompensación y fue internado en una clínica, donde permanece en cuidados intermedios.

Según la página web del ente constitucional, el 23 de febrero la Sala 2 debió analizar si se admite o no el recurso por el cual el exmandatario, condenado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, quiere recuperar su libertad.

Figura en la lista de los casos programados para ese día con el número 157; sin embargo, no se llegó a ver porque el juez ponente, José Luis Sardón, no entregó su proyecto de resolución. Por los votos singulares que ha tenido en otros casos sobre Fujimori, se prevé que propondrá que el caso sea visto en el pleno.

Además de él, integran la Sala los magistrados Marianella Ledesma y Augusto Ferrero, actual presidente del Tribunal Constitucional.

Para ser admitido a trámite, se requieren los votos de al menos tres jueces, pero según fuentes de dicha entidad, a favor estarían solo Ferrero y Ernesto Blume, pues Ledesma se mostraría en contra.

De ser así, tendrían que acudir a la Sala 1, donde Blume otorgaría el tercer voto que se necesita para que el caso no sea archivado y llegue al pleno. De esta manera, podrá ser sometido a un pronunciamiento de fondo, que validaría o no el indulto.

Si bien no se ha vuelto a agendar este caso para su debate, trascendió que en los próximos días estaría listo el proyecto de fallo, a fin de que se resuelva antes de que el Congreso elija a los sucesores de los seis magistrados con mandato vencido.

En este contexto, Fujimori sufrió un cuadro de fibrilación auricular y baja de presión y fue evacuado del penal de Diroes a un centro hospitalario. Esto ocurre cuatro meses después de haber sido operado para colocarle un stent, tras lo cual tuvo una recuperación “espectacular”, según afirmó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

Informó que, en su segundo día de internamiento, el exmandatario recibe medicamentos y está siendo monitoreado en la unidad de cuidados intermedios. Acotó que debe regularizarse su ritmo cardíaco para volver a la Diroes.

Además, el también congresista y exministro de Salud (procesado con Fujimori por las esterilizaciones forzadas) comentó que el Tribunal Constitucional debe ver el recurso presentado para revocar la anulación del indulto, que para él cumplía con todos los requerimientos que dice la Constitución.

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Coyuntura propicia

Tras el fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez, cambió la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional, y con la presidencia de Ferrero y su voto dirimente en caso de empate se fortalece aún más el sector conservador.

Esta coyuntura podría favorecer a Fujimori a diferencia de otros recursos que llegaron al TC a lo largo de los años.

Una vez en el pleno, se fijaría fecha para audiencia pública, en la que expondrán la defensa de Fujimori y un representante del Poder Judicial. Luego resolverían.

Analizando las posiciones del actual colegiado en diversas demandas interpuestas a favor de Fujimori, podría darse un empate, en el que los magistrados Ledesma, Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda consideren infundado el recurso; mientras que a favor estarían Ferrero, Sardón y Blume.

Cabe recordar que, el 2018, Sardón emitió un voto singular considerando que debía declararse fundado el habeas corpus de Fujimori para anular la sentencia de la Corte Suprema que lo condenó a 25 años y la que lo confirmó, ordenando que se le haga un nuevo juicio.

Asimismo, en un caso más reciente, de febrero del año pasado, Ferrero y Blume se pronunciaron en contra de la resolución de una Sala del TC (integrada por Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña) de archivar el recurso de agravio constitucional interpuesto por Hiro y Sachie Fujimori. Los hijos del condenado exmandatario cuestionaron la decisión del Poder Judicial de desestimar su pedido para que su padre salga de prisión a fin de no contagiarse de la COVID-19.

Con estos antecedentes, se puede pensar que en este caso el Tribunal Constitucional podría favorecer a Alberto Fujimori, y como no es una demanda de inconstitucionalidad bastaría con una mayoría simple, lo que se alcanzaría con el voto dirimente de Ferrero. La anulación del indulto de Alberto Fujimori podría estar en sus manos.

Un beneficio severamente cuestionado

En la víspera de la Navidad del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió la libertad a Alberto Fujimori con un cuestionado indulto humanitario, otorgado tras un fallido intento del Congreso de destituirlo por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Kuczynski se salvó en aquella oportunidad porque Kenji Fujimori y su bancada autodenominada ‘Avengers’ se abstuvieron, con lo que no se alcanzaron los votos necesarios. Posteriormente, los Mamani audios dejaron traslucir que también se habría producido una negociación política a cambio de obras para sus regiones.

Diez meses después, la Corte Suprema revocó el beneficio a Fujimori por no cumplir los requisitos del indulto humanitario. Señaló que los delitos por los que fue condenado el exmandatario constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Penal Internacional, lo que impide que acceda a una gracia común.

Fujimori apeló y siguió su procedimiento hasta llegar al TC como una acción de habeas corpus. Ahora los magistrados deberán decidir sobre la validez de la resolución que anuló el indulto.