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Política

Puno: Agustín Luque desistió de su pretensión de cesación de prisión preventiva

Este retroceso legal supone que Agustín Luque se mantendrá en prisión hasta el 8 de agosto de 2022 por el delito de colusión agravada.

Luque está procesado por colusión agravada porque, según la Fiscalía Anticorrupción, premeditadamente, desestimó a la Procuraduría del Gobierno Regional de Puno. Foto: captura de Justicia TV
Luque está procesado por colusión agravada porque, según la Fiscalía Anticorrupción, premeditadamente, desestimó a la Procuraduría del Gobierno Regional de Puno. Foto: captura de Justicia TV

El exgobernador regional de Puno Agustín Luque Chayña desistió de su pretensión de cesación de prisión preventiva.

“La defensa se desiste de la cesación planteada en mérito a que, ante el análisis efectuado, la defensa ve por conveniente desistir de la presente cesación”, dijo el abogado Herly Cornejo, minutos después de haberse instalado la audiencia.

A su turno, el juez Javier Arpasi Pacho también preguntó a Agustín Luque si estaba de acuerdo con lo propuesto por su abogado, y él indicó que sí. Por su parte, el Ministerio Público y la Procuraduría también se mostraron a favor del desistimiento. El juez aceptó el pedido.

Este retroceso legal supone que Agustín Luque se mantendrá en prisión hasta el 8 de agosto de 2022.

Luque está procesado por colusión agravada porque, según la Fiscalía Anticorrupción, premeditadamente, desestimó a la Procuraduría del Gobierno Regional de Puno y delegó funciones al asesor jurídico regional, Jhon Wilfredo Martínez Molina, para que, vía conciliación, no se le cobre penalidades al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez Butrón por la suma de S/ 504.727.

Según el Ministerio Público, no había fundamento técnico ni jurídico para declarar fundado el pedido. De todos modos iba a ser rechazado porque un juez en primera instancia y tres magistrados superiores ya se pronunciaron en su momento sobre los “nuevos elementos de convicción” que planteó la defensa de Luque Chayña para que cese su prisión.

El juez Youl Riveros Salazar y los jueces superiores Reynaldo Luque Mamani, Oscar Ayestas Ardiles e Iván Arias Calvo determinaron que sí había colusión y perjuicio al Estado.

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