Muñante sostiene que suspensión de investigación a Castillo garantiza “obstrucción de la justicia”

El parlamentario de Renovación Popular considera, además, que la medida de Zoraida Ávalos de suspender la investigación contra Pedro Castillo es la “mejor forma de garantizar impunidad”.

Alejandro Muñante señala que el presidente Pedro Castillo le debe una explicación al país por ascensos irregulares. Foto: Congreso
Alejandro Muñante señala que el presidente Pedro Castillo le debe una explicación al país por ascensos irregulares. Foto: Congreso

El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular cuestionó la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien decidió abrir investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo y suspenderla hasta que termine su periodo (2021-2026).

A través de sus redes sociales, el parlamentario sostiene que la medida de Zoraida Ávalos es la “mejor forma de garantizar impunidad” a un presidente en ejercicio. En esa línea, busca que el Congreso no pueda realizar control político, sino también “asegurar obstrucción de la justicia”.

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“No hay mejor forma de garantizar impunidad a un presidente en ejercicio que iniciar investigación y suspenderla inmediatamente. Con eso no solo se busca que el Congreso no tenga elementos reveladores para efectivo control político, sino también asegurar obstrucción de la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.

El congresista Alejandro Muñante se pronunció a través de sus redes sociales.

El congresista Alejandro Muñante se pronunció a través de sus redes sociales.

Investigación contra Pedro Castillo

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por sus reuniones con Karelim López Arredondo y Samir George Abudayeh Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares; sin embargo, en el mismo acto suspendió todas las diligencias que esa decisión pudiera generar.

La suspensión de las diligencias es hasta julio del 2026, cuando termine su mandato presidencial. Esta suspensión es solo respecto al presidente, no incluye al ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales, al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, tampoco a Karelim López ni al empresario Samir Abudayeh y otros.

De acuerdo a la acusación contra Castillo, responde a intromisión en los ascensos militares, y favorecimiento en la contratación de empresas presuntamente vinculadas con sus allegados.

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