Las imputaciones de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo

El desafío que enfrenta el Ministerio Público es acreditar que el presidente Pedro Castillo está relacionado directamente con los presuntos casos de corrupción en los que se encuentra implicado: intromisión en los ascensos militares, y favorecimiento en la contratación de empresas presuntamente vinculadas con sus allegados.

Respecto al primer caso, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, considera que existe presunta actuación ilegal del mandatario Castillo en el proceso de ascensos de grado en las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que los oficiales supuestamente “apadrinados” por Castillo -los “chotanos”- no fueron beneficiados.

El propio ex comandante general del Ejército general de división EP José Vizcarra Álvarez reconoció que la propuesta de ascensos en el Ejército que él presentó fue respetada escrupulosamente por el jefe del Estado. Vizcarra entregó copias de los chats de WhatsApp que el presidente Castillo compartió con él, preguntando por la posibilidad de ascenso de algunos oficiales, pero al final nadie fue promovido al grado de general de división al margen de la propuesta del Ejército.

Lo mismo sucedió en la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Se atribuye al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco haber solicitado ascender de grado al mayor general FAP Edgar Briceño Camero. Pero este oficial al final no recibió dicho grado y pasó al retiro.

En términos prácticos, ninguno de los oficiales promovidos al ascenso supuestamente por el presidente Castillo recibieron el grado. Por el contrario, fueron dados de baja por renovación de cuadros.

Sin embargo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró que existen suficientes indicios para abrir investigación al presidente Castillo por este caso. La investigación deberá probar que Castillo alteró, modificó o cambió la propuesta del Ejército sobre los ascensos de grado, pero esto no ha sucedido, como lo ha señalado el propio ex comandante general del Ejército José Vizcarra.

Ávalos también acreditó que Castillo debe responder por su supuesta participación o influencia en el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Tarata III, que está compuesto por la empresa Termirex, presuntamente relacionada con Karelim López Arredondo.

Según la fiscal de la Nación, Castillo podría haber ejercido influencia sobre el organismo Provías Nacional para que el Consorcio Puente Tarata III ganara la licitación luego de que Karelim López sostuviera una reunión con el presidente en Palacio de Gobierno.

“Se le atribuye al presidente Pedro Castillo Terrones haber intervenido, indebida e indirectamente, en el proceso de licitación (...) de Provías Descentralizado (para que) otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata lll.

Para lograr ello, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantenía un vínculo amical, al igual que su entonces secretario general Bruno Pacheco Castillo; y quien, además, habría asesorado al citado consorcio; por tanto, este habría gestionado los intereses ante el presidente”, señala la resolución fiscal.

Esto significa que la Fiscalía debería demostrar que Pedro Castillo presionó o influyó sobre los funcionarios de Provías Descentralizado -un organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- para otorgar un contrato de 232,5 millones de soles al Consorcio Tarata III, que estaba integrado por la constructora Termirex, relacionada con Karelim López.

La fiscal de la Nación presume que como resultado de la entrevista que tuvieron en Palacio de Gobierno el presidente Castillo con la empresaria Karelim López -a quien se relaciona con la constructora Termirex- ganó la millonaria licitación.

El tercer caso abierto contra Castillo está referido al contrato por US$ 74 millones por la compra de biodiésel B100 a favor de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO), del empresario Samir Abudayeh.

De acuerdo con la fiscal de la Nación, después de dos reuniones que sostuvieron el 15 y 18 de octubre del año que pasó, entre Castillo y Abudayeh, Petroperú contrató a HPO. Será muy complicado para las autoridades demostrar que la empresa estatal de hidrocarburos favoreció a HPO a pedido de Castillo. ¿La razón? La empresa de Samir Abudayeh es la más importante proveedora de biodiésel B100 en el país, y con precios menores respecto al mercado internacional, por lo que no debería sorprender que Petroperú le comprara el producto.

El gerente de Petroperú, Hugo Chávez, y el gerente de HPO, Samir Abudayeh, han negado que se conocen. El desafío de la Fiscalía es demostrar que se conocen y tuvieron un acuerdo presuntamente fuera de la ley.

Datos

Vínculo. No basta con demostrar la relación entre las personas. Se debe probar que el presidente Castillo pidió contratar a determinada empresa.

Transparencia. Petroperú debe evidenciar que compró biodiésel B100 sobre bases técnicas.